Carlos Lesmes acepta la recusación de Junqueras y no decidirá sobre los indultos del 'procés'

Tras renunciar a la Presidencia del Supremo al considerar intolerable la falta de acuerdo entre PSOE y PP sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial, Lesmes volvió a su puesto de magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo. Desde este miércoles preside la Sección Quinta al ser el más antiguo de sus integrantes, una vez que se ha jubilado Octavio Herrero.

La Sección Quinta es la competente para resolver los recursos contra los indultos que en junio de 2021 determinaron la excarcelación del exvicepresidente del Gobierno catalán Oriol Junqueras y de cinco exconsejeros, así como de Carme Forcadell, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart.

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Junqueras, Forcadell y Dolors Bassa recusaron a Lesmes con el fin de que no intervenga en la resolución de los recursos contra los indultos. Se basan en discursos institucionales y declaraciones públicas que hizo como presidente del Poder Judicial que pueden ser interpretadas como contrarias a las medidas de gracia otorgadas a los condenados por el proceso separatista catalán.

Entre otras, los indultados recuerdan unas manifestaciones realizadas por Lesmes el 26 de mayo de 2021 en un foro de debate del Colegio de Abogados de Madrid, cuando dijo que un indulto es "difícil de aceptar" cuando "no hay concordia", en referencia a unas declaraciones de Sánchez anunciando la concesión de la medida de gracia.

Lesmes señaló que el indulto "como medida de concordia puede ser entendido e incluso aceptado", pero "cuando no hay concordia es difícil de aceptar".

El ahora magistrado del Supremo ha aceptado la recusación en aras a salvaguardar la apariencia de imparcialidad objetiva de la Sala que resolverá los recursos.

Antes del verano

Fuentes del tribunal han indicado que los recursos no están aún en condiciones procesales de ser resueltos y previsiblemente la Sección Quinta no los verá antes de la próxima primavera, aunque es posible que sí estén sentenciados antes del verano.

La Sección tendrá que reajustarse ahora por el apartamiento de Lesmes y la jubilación de Herrero, que eleva a 10 las vacantes existentes en la Sala de lo Contencioso-Administrativo. A ellas se unirá próximamente la baja del presidente de la Sala, César Tolosa, que acaba de ser elegido magistrado del Tribunal Constitucional. Con ello, la Sala, que debería tener 33 integrantes, se quedará en 22 magistrados.

La Sección Quinta decidió el pasado 24 de mayo tramitar los recursos del PP, Vox y Cs contra los indultos del 'procés'.

Lo hizo por la misma ajustada mayoría (tres votos a dos) con la que el 20 de enero anterior había acordado inadmitir esos recursos por la falta de legitimación de los demandantes.

Esa inicial decisión fue rectificada por el tribunal, integrado por magistrados distintos de los que decidieron el rechazo de los recursos.

En virtud de las normas de funcionamiento de la Sala de lo Contencioso-Administrativo (predeterminadas y aprobadas anualmente por la Sala de Gobierno del Supremo), la magistrada que fue ponente de la decisión de inadmisión, Ángeles Huet, tuvo que pasar a finales de enero a la Sección Primera. En su lugar llegó a la Sección Quinta Inés Huerta, que asumió la ponencia de los recursos de reposición interpuestos contra el rechazo de las impugnaciones.

Huerta era partidaria de que los indultos del 'procés' tuvieran control judicial con independencia de cuál sea el resultado final del examen, posición coincidente con la de Fernando Román y Wenceslao Olea.

Estos magistrados habían redactado un voto particular discrepante de la decisión tomada en enero. En él advertían del peligro de crear "parcelas de inmunidad" del poder político por la vía de negar anticipadamente la legitimación de los parlamentarios y de los partidos para recurrir indultos como los que beneficiaron a los responsables del 'procés' catalán. 

En contra de la admisión a trámite de los recursos se pronunciaron Octavio Herrero y Ángel Arozamena.

Con la decisión de mayo la Sala no reconoció la legitimación de los recurrentes, pero consideró que la falta de un interés legítimo no era evidente ni incontrovertida, por lo que se debía darse cauce a los recursos.

En el tribunal que resolverá no estarán ni Herrero ni Lesmes ni tampoco Huerta, que se jubilará el próximo marzo.

"Utilidad social"

Los condenados del 'procés' no fueron perdonadas por razones de justicia y equidad, sino por motivos de "utilidad social". 

En los decretos de indulto el Ejecutivo reconoció que, respecto a cinco de los nueve beneficiados (los exconsejeros Joaquim Forn, Jordi Turull y Josep Rull; el expresidente de Asamblea Nacional Catalana Jordi Sànchez y el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart) "se echan en falta gestos o declaraciones" que "hagan evidente la voluntad de conducir sus reivindicaciones políticas por las vías legalmente establecidas".

Pese a no tener evidencia de que van a actuar acatando la Constitución y las leyes, el Gobierno de Pedro Sánchez les indultó al valorar que existen "ineludibles y prioritarias razones de utilidad pública" que están por encima de la actitud de los propios condenados.

"Es el momento de la política, de pasar página, es el momento de volver a la vía que nunca se debió abandonar", dijo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras el Consejo de Ministros del 22 de junio de 2022, en el que se otorgaron las medidas de gracia.