El inquilino de la otra 'patada en la puerta' renuncia a acusar a los 6 agentes y desinfla el caso

El inquilino de un piso de Madrid al que seis agentes accedieron en 2021 para frenar una fiesta ilegal durante la pandemia ha renunciado a ejercer la acusación. Por ello, sólo se mantiene como acusación la Fiscalía que, a diferencia del inquilino, únicamente se dirige contra el subinspector de la Policía que ordenó entrar en el domicilio.

En este caso, los agentes utilizaron el método conocido como resbalón, consistente en insertar una lámina dura entre la puerta y el marco para abrirla. Tres de estos policías, incluido el jefe del grupo, participaron también en la patada en la puerta de la calle Lagasca, un caso similar en el que penetraron en una vivienda en la que se celebraba una fiesta no permitida por las restricciones contra la Covid-19.

En este nuevo caso, la operación se produjo en marzo de 2021 en una vivienda de la madrileña calle Velázquez. El inquilino de este domicilio, de nacionalidad libanesa, se querelló contra los policías por allanamiento de morada.

"Es voluntad de esta representación procesal la de no dirigir acusación contra los agentes investigados y, en consecuencia, la de apartarse del presente procedimiento con renuncia al ejercicio de las acciones en calidad de acusación particular", reza un escrito, firmado por el abogado del inquilino de este domicilio, y enviado al Juzgado de Instrucción número 26 de Madrid.

"Y ello, sin perjuicio de las acciones penales o civiles que pueda interesar el Ministerio Fiscal", concluye el documento, fechado el 7 de febrero y al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.

En un primer momento, la jueza titular del mismo archivó la causa para los seis agentes. No obstante, Juango Ospina, el letrado cuyo cliente ahora renuncia a la acusación, recurrió esta decisión ante la Audiencia Provincial de Madrid, que obligó a la magistrada a reabrir la instrucción.

Con ello, sólo se queda la Fiscalía como acusación en el caso de la patada en la puerta de la calle Velázquez. Cuando fue archivado, la fiscal pidió a la Audiencia madrileña que confirmase el sobreseimiento, al considerar que la actuación policial estuvo "plenamente justificada". No obstante, el tribunal ordenó a la juez instructora reabrirlo.