Bruselas reprende al Gobierno por "socavar la confianza" en la Justicia con sus críticas a los jueces

"El Consejo General del Poder Judicial y otras partes interesadas expresaron su preocupación por las declaraciones públicas realizadas por políticos en relación con el Poder Judicial", indica el informe del Ejecutivo comunitario, que en los últimos meses ha pedido al órgano de gobierno de los jueces información detallada sobre las descalificaciones a la Judicatura expresadas por ministras como Irene Montero o Ione Belarra.

"En el transcurso de 2022", explica, "declaraciones públicas de políticos, incluidos miembros del Gobierno, continuaron criticando al Poder Judicial". El CGPJ y las principales asociaciones de jueces y magistrados "publicaron comunicados de prensa en los que condenaban dichas declaraciones [y] señalaron que dichas declaraciones críticas de los políticos no se refieren a resoluciones judiciales concretas, sino que se dirigen al Poder Judicial en su conjunto, lo que socava la confianza de los ciudadanos en el Poder Judicial".

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Tras esa descripción, el informe de la Comisión Europea destaca que, "de acuerdo con las normas europeas, si bien los órganos jurisdiccionales no son inmunes a las críticas ni al escrutinio, el Poder Judicial debe gozar de confianza pública para desempeñar su labor con éxito, habida cuenta de su especial papel en la sociedad".

El documento añade que "esto es especialmente importante en relación con las declaraciones de los miembros de los poderes legislativo y ejecutivo, ya que todos los poderes del Estado deben fomentar y preservar la confianza de la ciudadanía en las instituciones constitucionales, incluido el Poder Judicial".

El informe se hace eco de otras situaciones preocupantes expuestas en un escrito dirigido al comisario de Justicia, Didier Reynders, por los vocales del CGPJ José María Macías, María Ángeles Carmona, José Antonio Ballestero, Carmen Llombart y Gerardo Martínez Tristán, que hicieron alegaciones complementarias a las formuladas por la Comisión Permanente del Consejo.

Entre ellas están la "insostenible" situación del Tribunal Supremo por la reforma legal que desde 2021 impide al CGPJ en funciones hacer nombramientos discrecionales y la polémica rebaja de las penas de algunos delitos de malversación, respecto a la que Reynders ha dicho este miércoles que sigue examinándola para determinar si tiene "consecuencias negativas en otros temas", como "la lucha contra el blanqueo de dinero".

Aforamiento y puertas giratorias

El informe enumera otros asuntos en los que la Comisión Europea espera reformas, como la existencia de "puertas giratorias" entre la política, la Judicatura y la Fiscalía.

Se refiere a que no hay «períodos de incompatibilidad» para el regreso al servicio activo en la Judicatura y la Fiscalía de los jueces o fiscales que han sido miembros del poder ejecutivo o del legislativo, así como al hecho de que los jueces siguen adquiriendo antigüedad en la carrera mientras ocupan cargos políticos.

"Persiste la preocupación por la competencia del Tribunal Supremo en materia de responsabilidad penal de los altos cargos", constata el informe, que alude a que el acuerdo de coalición firmado en 2019 entre PSOE y Podemos incluía el compromiso de limitar los aforamientos.

"Aunque se han modificado varios estatutos de autonomía que contemplaban prerrogativas, hasta ahora no se ha tomado ninguna medida a nivel estatal para dar respuesta a estas preocupaciones", indica.