La Asociación de Fiscales recurre por ilegal el nombramiento de Dolores Delgado para Memoria

La asociación de representación mayoritaria en la carrera fiscal, crítica con la política de nombramientos de Delgado y de su sucesor, Álvaro García, ganó hace solo ocho días su segundo recurso contra la designación de Eduardo Esteban como fiscal de Sala de menores, un doble varapalo a Delgado, que insistió ese nombramiento tras una primera anulación del mismo por parte del Tribunal Supremo.

La AF considera que la designación de Dolores Delgado como encargada de las actuaciones de la Fiscalía en materia de memoria democrática y derechos humanos es ilegal por el procedimiento seguido por el fiscal general, Álvaro García, y también porque vulnera derechos a la igualdad y no arbitrariedad en la promoción profesional de los miembros de la carrera.

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Para la Asociación de Fiscales, la propuesta de nombramiento hecha a favor de Delgado por parte del fiscal general "prescindió total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido".

Álvaro García anunció su propuesta en el Consejo Fiscal del pasado 8 de junio pese a que los vocales de esa asociación y el único de la APIF rechazaron participar en la votación para cubrir la plaza de fiscal de Sala de memoria democrática al considerar que, previamente, debía tramitarse un expediente para determinar si Dolores Delgado incurría en incompatibilidad para desempeñar ese cargo.

Esa incompatibilidad derivaría de su relación sentimental con el exjuez Baltasar Garzón, que dirige un bufete y preside una fundación dedicados a las mismas materias -memoria democrática y derechos humanos- de las que se encargaría su pareja desde una Fiscalía de Sala dedicada a coordinar, precisamente, todas las actuaciones del Ministerio Público en ese ámbito.

Garzón y Delgado han dado juntos conferencias sobre esta materia, que constituye una fuente de ingresos para el exjuez.   

Facultad del Consejo Fiscal

El Estatuto Orgánico del Ministerio Público prohíbe a los fiscales ejercer "en las Fiscalías que comprendan dentro de su circunscripción territorial una población en la que su cónyuge o persona a quien se halle ligado de forma estable por análoga relación de afectividad ejerza una actividad industrial o mercantil que obstaculice el imparcial desempeño de su función, a juicio del Consejo Fiscal".

En coherencia con el inciso "a juicio del Consejo Fiscal", el real decreto que regula el funcionamiento de este órgano establece que corresponde a los consejeros, en pleno, "apreciar las posibles incompatibilidades a que se refiere el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, así como la existencia de causas de prohibición para el ejercicio del cargo".

Álvaro García Ortiz, sin embargo, rechazó retirar el nombramiento del orden del día del Consejo Fiscal para analizar la posible incompatibilidad, alegando que la Inspección Fiscal ya había examinado si los candidatos reúnen los requisitos para acceder al cargo.

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Antes de que el Gobierno efectuara el nombramiento el 13 de junio, la AF avisó en un escrito dirigido a la ministra de Justicia, Pilar Llop, de que el fiscal general "ha incumplido de forma palmaria las reglas esenciales para la formación de la voluntad de un órgano colegiado como el Consejo Fiscal".

Y ello por haber decidido "de forma unilateral y en contra de la mayoría de sus miembros que no se sometiera a la consideración del Consejo el cumplimiento de una de sus funciones, como es la apreciación de una causa de incompatibilidad en una de las peticionarias".

La designación de Dolores Delgado como fiscal de Sala de memoria democrática ya ha sido recurrido por otro candidato, Luis Ibáñez, tal como adelantó EL ESPAÑOL el pasado 21 de junio.

También se encuentra impugnado por el fiscal Luis Rueda el nombramiento de Delgado como fiscal de Sala de lo Militar del Tribunal Supremo, un cargo 'de transición' que ha desempeñado desde el pasado septiembre.

García Ortiz promovió a su antecesora a la primera categoría de la carrera a los 64 días de cesar como máxima responsable de la Fiscalía, cargo al que llegó sin solución de continuidad desde el Ministerio de Justicia. 

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