La Fiscalía critica que el juez mande 'Tsunami' al TS sin haber avanzado en investigar a Puigdemont

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha recurrido la decisión del juez Manuel García-Castellón de enviar el caso Tsunami Democrátic al Tribunal Supremo. En esta causa judicial, en la que figura como investigado por terrorismo Carles Puigdemont, el Juzgado Central de Instrucción número 6 investiga los disturbios violentos alentados por la plataforma independentista Tsunami Democràtic.

Al implicar al expresidente catalán, que está aforado por ser eurodiputado, García-Castellón aceptó la solicitud de la asociación de víctimas del terrorismo Dignidad y Justicia y envió la causa a la Sala de lo Penal del Alto Tribunal. Lo hizo a través de una exposición razonada. Otro de los motivos para justificar esta decisión fue que en dicha causa también está imputado por terrorismo Rubén Wagensberg, diputado de ERC en el Parlament catalán.

El Estatuto de Autonomía de Cataluña dispone que los diputados autonómicos están aforados ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. "Fuera del territorio de Cataluña, la responsabilidad penal es exigible en los mismos términos ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo", expone dicho texto.

Tal y como avanzaba este miércoles EL ESPAÑOL, en un escrito, el fiscal Miguel Ángel Carballo se opone a enviar la causa al más alto órgano judicial español. En dicho documento, recalca que existe una "flagrante contradicción" entre la decisión del juez y el auto en el que él mismo imputó a Puigdemont, en el que el propio magistrado avanzaba que continuaría investigando al expresident antes de mandar, si fuese necesario, el caso al Supremo.

"El mismo instructor reconocía que 'no es procedente en este momento realizar la citada exposición razonada, si no que, será necesario concretar con mayor precisión su participación en los hechos'", recuerda la Fiscalía, que reprocha que García-Castellón no haya practicado ninguna diligencia para aclarar la implicación de Puigdemont en el  caso Tsunami.

"La remisión de la exposición razonada [al Supremo] viene a ser una suerte de reforma de oficio de la citada resolución sin fundamento alguno, sin nuevos hechos acreditados y sin que se haya practicado ninguna diligencia que haya recogido nuevos indicios de responsabilidad criminal respecto de los aforados Rubén Wagensberg y Carles Puigdemont; todo ello en contra de lo establecido en el art. 267.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que impide que los órganos judiciales modifiquen las resoluciones que pronuncien después de firmadas, salvo la aclaración de conceptos oscuros rectificación de error material, que no resulta ser el caso", afea el fiscal Carballo al juez.

En realidad, el criterio de la Fiscalía es que el caso debe ser enviado a un juzgado de Barcelona. Niega que los hechos atribuidos a Puigdemont y al resto de investigados constituyan delitos de terrorismo.

El Ministerio Público cree que Tsunami Democràtic no era una plataforma organizada, sino "coral", por lo que discrepa del juez, que sí atribuye a Puigdemont y a otros políticos, como Marta Rovira, también imputada, un papel clave en la "organización" de los disturbios alentados por la plataforma independentista.