Estalla la pelea entre la Fiscalía Anticorrupción y la Fiscalía Europea por investigar el 'caso Koldo'

"Los delitos que no perjudican los intereses financieros de la Unión son la esencia de estas diligencias previas", afirma un extenso escrito del fiscal anticorrupción Luis Pastor, en el que pide a Moreno que eleve una cuestión de competencia al Tribunal Supremo para que sea la Sala Penal la que dirima si la investigación debe continuar en la Audiencia Nacional o la debe llevar la Fiscalía Europea.

Para Anticorrupción, el Juzgado que dirige Moreno "es el competente para seguir investigando todos los delitos que dieron origen a las presentes diligencias previas, con sus correspondientes contratos".

La Fiscalía Europea podría asumir los expedientes de adjudicación de suministro de material sanitario de los Servicios Canario y Balear de Salud solo en lo relativo a la determinación de la posible comisión de un delito contra los intereses financieros de la UE.

Tras reprochar a la Fiscalía Europea haber hecho una lectura incorrecta de la querella de Anticorrupción que dio lugar al procedimiento, "vertiendo afirmaciones que, en realidad, no se corresponden con su contenido", Pastor analiza los fondos que han sido empleados para el pago de los distintos contratos de mascarillas anti-Covid que se investigan.

Indica, así, que la adjudicación realizada por Puertos del Estado a la empresa Soluciones de Gestión SL con la intermediación de Koldo García, exasesor del antiguo ministro de Transportes José Luis Ábalos, ascendió a 20 millones de euros, totalmente financiados con fondos nacionales.

Financiación de los contratos

La adjudicación del contrato de material sanitario a Adif, por importe de 12,5 millones, fue cofinanciado con fondos nacionales (10.868.867,47 euros) y de la UE (1.631.132,53 euros).

La adjudicación realizada por la Secretaría de Estado de Seguridad, que ascendió a 3.479.355 euros, fue íntegramente pagada con fondos nacionales.

Las adjudicaciones realizadas por el Servicio Canario de Salud (12.317.580,24 euros) totalmente financiadas con fondos procedentes de la UE.

Y la adjudicación realizada por el Servicio Balear de Salud por 3.701.500 euros corrió inicialmente a cargo de fondos europeos, pero el pasado 28 de febrero el Gobierno Balear procedió a su reembolso a la UE.

"Por lo tanto", resume el fiscal anticorrupción, el importe de los fondos de la Unión Europea empleados en la adquisición del material sanitario de la trama Koldo ascendió a 13.948.712,77 euros, mientras que los fondos de procedencia estatal, ya sean de la Administración General del Estado o de la Administración balear, se elevaron a 38.049.722,47 euros.

"No hubo uso fraudulento"

Anticorrupción también destaca que, por ahora, "no se ha detectado un uso fraudulento de los fondos empleados en la adquisición de mascarillas". De este modo, no hubo perjuicio para los fondos públicos, "sean estos del origen que sean".

"La relación entre la Fiscalía Europea y los órganos judiciales españoles no se basa en la subordinación de estos a aquella ni en una inexistente supremacía de una Fiscalía solo aparentemente supranacional, sino que entre ambos actores del proceso se establece un reparto competencial", destaca Pastor.

Anticorrupción reconoce como indiscutible la competencia de la Fiscalía Europea para la investigación de los delitos que afectan a los intereses financieros de la Unión -"es la razón de su creación"- y excepcional respecto de otros delitos cuya investigación concierne propiamente a las autoridades judiciales españolas.

Afirma, por ello, que tanto en el caso de los expedientes de contratación tramitados por el Servicio Canario de Salud como en el tramitado por ADIF "estamos ante posibles infracciones que afectan a los intereses financieros de la Unión Europea".

"No obstante", añade, "el hecho de que haya existido financiación de la UE no implica que exista un perjuicio para los intereses financieros de la Unión contemplados en la Directiva (UE) 2017/1371, en tanto que, hasta el momento, no hay indicio alguno de la comisión del delito de malversación", ya que los contratos se ejecutaron, el material fue suministrado y se pagaron unos precios inferiores a los satisfechos en otros contratos de suministro del mismo material, destaca.

Pastor sostiene que la investigación del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional "es mucho más amplia y compleja" y "alcanza a delitos del todo ajenos a la competencia que podríamos llamar directa de la Fiscalía Europea".

Por ello, considera que la Audiencia Nacional "emerge hoy como el competente para continuar la investigación. Otra interpretación ocasionaría un perjuicio irreparable a la instrucción de la causa y a los propios investigados".

También cree que el Juzgado Central de Instrucción "se encuentra en mejor posición para la investigación" que la Fiscalía Europea dada la "complejidad de la investigación, los medios para afrontarla eficazmente y del tiempo ya dedicado a la instrucción del caso".

"Los delitos que no perjudican los intereses financieros de la Unión son la esencia de estas diligencias previas", afirmaba un escrito firmado por el fiscal Luis Pastor, de Anticorrupción, en el que solicitaba a Moreno que plantease al Supremo la llamada cuestión de competencia, tal y como ha acabado sucediendo.