El exministro del Interior Jorge Fernández Díaz (d) y su secretario de Estado, Francisco Martínez.

El exministro del Interior Jorge Fernández Díaz (d) y su secretario de Estado, Francisco Martínez. Efe

Tribunales POLICÍA PATRIÓTICA

El nº2 de Interior con Rajoy niega el espionaje a Podemos: "La Policía hizo gestiones ordinarias"

Podemos denunció un "rastreo masivo" contra sus diputados en base a un listado que incluye decenas de trámites burocráticos habituales sobre sus diputados.

17 julio, 2024 10:25

El exsecretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, número dos del Ministerio del Interior en el Gobierno de Mariano Rajoy, niega rotundamente haber ordenado espiar a los primeros diputados de Podemos en el Congreso.

Así lo plasma en un escrito enviado al Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, que investiga si la llamada Policía patriótica recabó datos de Pablo Iglesias, Irene Montero, Ione Belarra o Íñigo Errejón, entre otros, para tratar de boicotear al partido izquierdista.

Tal y como publicó este diario, la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional ha enviado recientemente al juez Santiago Pedraz 55 archivos de Excel que recogen todas las consultas efectuadas en las bases de datos policiales, entre 2015 y 2016, acerca de datos relativos a los primeros diputados de Podemos. No obstante, como informó este periódico, dichos listados incluyen, sobre todo, gestiones ordinarias, como las necesarias para la renovación de un DNI, registros en aeropuertos y hoteles...

EL ESPAÑOL ha tenido acceso al escrito firmado por la defensa de Martínez, que confirma este extremo. "Como puede comprobarse fácilmente de la lectura de los archivos Excel correspondientes a cada una de esas personas, no son más que el resultado de una actividad policial normal y ordinaria, como la realizada sobre cualquier ciudadano".

"Así, se aportan consultas, desde distintas comisarías de toda España, que pueden tener muy variadas razones, como renovación de DNI y pasaporte, controles en aeropuertos, datos sobre hospederías (que se remiten a la Policía por los propios hoteles), denuncias interpuestas por estas personas y un largo etcétera", expone el ex número dos de Interior. Una gran parte de las búsquedas va acompañadas de conceptos como "DNI", "Hospederías", que aluden a  estas actividades.

Pese a ello, tal y como reprocha el escrito, Podemos lleva denunciando en los últimos días un "rastreo masivo" contra sus diputados. Quien fuese secretario general del partido, Pablo Iglesias, ha pedido públicamente que Martínez y el resto de investigados en esta causa vayan a prisión por ello.

Por otro lado, tal y como lamenta el escrito, la publicación de estos 55 Excel en "prensa afín" a los partidos políticos personados en esta causa (Podemos y el PSOE) ha supuesto, según la defensa de Martínez, "una grosera instrumentalización del proceso penal con fines políticos", basada en una "interpretación completamente interesada de la información aportada por la Unidad de Asuntos Internos", a fin de "justificar titulares gruesos sobre supuestos escándalos y espionajes".

La cúpula de Podemos en 2015: (i-d) Sergio Pascual, Carolina Bescansa, Pablo Iglesias (c), Íñigo Errejón e Irene Montero.

La cúpula de Podemos en 2015: (i-d) Sergio Pascual, Carolina Bescansa, Pablo Iglesias (c), Íñigo Errejón e Irene Montero. Europa Press

Como informó EL ESPAÑOL, que tuvo acceso a los 55 documentos de Excel, en ellos se incluyen, por ejemplo, búsquedas erróneas. Es decir, se registran algunas consultas realizadas por la Policía a personas que tienen los mismos dos apellidos que ciertos diputados de Podemos. Por ejemplo, la actual ministra de Trabajo se apellida Díaz Pérez. Al tratarse de un nombre tan común, en el Excel que recoge las búsquedas sobre estos apellidos también incluye a personas coincidentes. Varones, incluso.

Algo similar sucede con las exdiputadas apellidadas Martín González o Martínez Rodríguez. "Tal es el rigor de la información remitida al Juzgado y aparecida en los medios al día siguiente", reprocha el ex número dos de Interior.

Esta causa fue iniciada con una querella presentada por Podemos, que acusa a la cúpula del Ministerio del Interior de la era Rajoy de haber utilizado recursos públicos, como a un cierto sector de la Policía, para boicotear las expectativas electorales de la formación. El juez Pedraz la admitió a trámite de forma parcial e investiga estos hechos. De hecho, tal y como avanzó EL ESPAÑOL, el magistrado ha encargado un informe que explique por qué motivos se realizaron las consultas a bases de datos policiales recogidas en los 55 Excel y quién las efectuó.

"Desde luego, la información aportada no demuestra en absoluto, en el plano indiciario, el relato fáctico de la querella", expone Francisco Martínez en su escrito, el que insiste en la instrumentalización de estos datos.

"Esta forma de presentar la información no tendría mayor importancia si no hubiese servido, a través de un grosero uso político y mediático de la causa, para que los partidos políticos que ejercen la acusación en las presentes diligencias previas [PSOE y Podemos] saliesen en tromba a hablar de espionaje masivo y a pedir responsabilidades penales e incluso abiertamente penas de prisión, cuando lo único que demuestran estos archivos de Excel es que se ha incluido a cientos de ciudadanos ajenos a esta investigación en archivos filtrados inmediatamente a la prensa afín", expone el escrito.

Finalmente, Martínez solicita excluir de la causa todas las búsquedas efectuadas antes del 16 de enero de 2016, cuando se inicia la XI Legislatura, ya que el juez Pedraz investiga un supuesto delito contra la inviolabilidad de las Cortes.

"[Antes de esa fecha] ninguna de estas personas [los 55 miembros de Podemos] eran diputados. En consecuencia, deberían descartarse de plano no solo las búsquedas que corresponden a otras personas (que son docenas), sino también todas las anteriores a esa fecha. No puede haber delito contra la inviolabilidad de las Cortes Generales cuando las personas cuya inviolabilidad supuestamente se perturba ni siquiera eran miembros de las Cortes Generales", añade.

"Por último, también es preciso insistir en que cualquier consulta posterior al 18 de noviembre de 2016 también es irrelevante, en este caso para mi mandante, pues ya había sido cesado de su cargo de secretario de Estado de Seguridad", subraya la abogada de Martínez.