Dolores Delgado y su sucesor, Álvaro García, en la toma de posesión de este último./
La Asociación de Fiscales recurre también la segunda designación de Dolores Delgado como fiscal de Memoria
- La organización mayoritaria de fiscales anuncia ante el Tribunal Supremo un nuevo recurso después de que el Consejo Fiscal, por 5 votos de 12, declarara idónea a la candidata.
- Más información: El Supremo tumba el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de Memoria Democrática
La Asociación de Fiscales, de representación mayoritaria en la carrera, ha presentado ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo un recurso contra el segundo nombramiento de Dolores Delgado, exministra de Justicia y exfiscal general, como fiscal de Sala de Memoria Democrática.
Es la segunda vez que Delgado es designada para ese cargo. El anterior nombramiento, realizado el 13 de junio de 2023 en contra del criterio mayoritario del Consejo Fiscal, fue anulado por el Tribunal Supremo el pasado 21 de mayo.
El alto tribunal también había anulado con anterioridad la promoción de Delgado como fiscal togada de la Sala de lo Militar del Supremo, apreciando que el fiscal general, Álvaro García Ortiz, incurrió en desviación de poder.
El Supremo anula el nombramiento de Delgado como fiscal de Derechos Humanos y Memoria Democrática.
Los fallos judiciales adversos no han disuadido a García Ortiz de volver a designar a su antecesora para el cargo de fiscal de Sala de Memoria Democrática, de nuevo en minoría en el Consejo Fiscal.
En su sentencia del pasado mayo, la Sala de lo Contencioso-Administrativo ordenó retrotraer el procedimiento para la cobertura de esa plaza con el fin de que "el Consejo Fiscal resuelva si concurre o no la prohibición del artículo 58.uno del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal".
Ese precepto establece que los fiscales no podrán ejercer "en las Fiscalías que comprendan dentro de su circunscripción territorial una población en la que su cónyuge o persona a quien se halle ligado de forma estable por análoga relación de afectividad ejerza una actividad industrial o mercantil que obstaculice el imparcial desempeño de su función, a juicio del Consejo Fiscal".
Los seis representantes de la Asociación de Fiscales en el Consejo y el vocal de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales se negaron a participar en la votación sobre los candidatos a la plaza al considerar que, antes, la Inspección Fiscal debería haber analizado si Dolores Delgado incurre en la prohibición descrita en el artículo 58.uno del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.
Los consejeros de la AF explicaron entonces que el marido de Delgado, el exjuez Baltasar Garzón, es abogado y preside la Fundación Internacional Baltasar Garzón, que desde su nacimiento en 2011 "participa activamente en la elaboración de informes ante instituciones nacionales e internacionales sobre materias tales como las supuestas infracciones del Estado Español de lo dispuesto en la Convención contra las Desapariciones Forzadas o, ante la ONU, proponiendo investigar y juzgar las desapariciones del franquismo y la no aplicación de la Ley de Amnistía".
Esos informes "han sido fundamento de la Ley de Memoria Democrática hasta el punto de que la creación de la Fiscalía de Sala derive de sus recomendaciones. Y ello sin perjuicio de que, además, Dolores Delgado haya colaborado en actividades de la propia Fundación, tanto en su época como ministra de Justicia como con posterioridad", señalaron en aquel momento.
Nombramiento anulado
El Supremo estimó los recursos interpuestos por la AF, la APIF y por Luis Ibáñez, candidato a la plaza, declarando que, en efecto, la determinación de la aplicación del artículo 58.uno del estatuto a Dolores Delgado debió haberse esclarecido antes de la votación del Consejo Fiscal sobre los aspirantes al cargo.
En ejecución del fallo de alto tribunal, el asunto volvió a ser debatido en el Consejo Fiscal del pasado 16 de julio, que apreció por cinco votos de 12 que no concurría ninguna prohibición ni incompatibilidad en Dolores Delgado, a la que se volvió a proponer para el cargo.
De nuevo, los consejeros de la AF y APIF decidieron no participar. Alegaron que el expediente de compatibilidad elaborado por la Inspección Fiscal estaba incompleto, por lo que no podían emitir un criterio.
"No podemos pronunciarnos sobre la prohibición que contempla el artículo 58.uno del Estatuto sin realizar comprobación alguna sobre el extremo apuntado en las sentencias del Tribunal Supremo", esto es si se da el “presupuesto ofrecido por el vínculo familiar [con Delgado] y por la naturaleza de la actividad mercantil” de Garzón, explicaron los vocales de la AF.
La solicitud de estos consejeros de que se completase el expediente mediante la incorporación de documentación registral y oficial relativa a la actividad y cargos de FIGBAR, la fundación creada por Garzón, y la actividad material de su bufete fue desestimada por el fiscal general.
El rechazo a completar el expediente con los elementos que la mayoría de los consejeros consideraron imprescindibles para decidir será uno de los motivos del nuevo recurso, informaron fuentes jurídicas.
"Es idónea"
García Ortiz comunicó el pasado julio al Tribunal Supremo que el fallo de la sentencia que anuló el primer nombramiento de Delgado como fiscal de Memoria Democrática había sido ejecutado.
La propuesta para el nuevo nombramiento explica que el cónyuge de Dolores Delgado "no tiene ningún cargo ni intervención en la fundación FIBGAR" y que ésta es una entidad sin ánimo de lucro cuya actividad no reviste naturaleza mercantil ni empresarial "ni tampoco obstaculiza el imparcial ejercicio de la función" por parte de la fiscal de Sala.
Por lo que se refiere a la actividad de Garzón como abogado, a juicio del fiscal general es posible acudir al mecanismo de la abstención en caso de que surja una situación de conflicto de interés, por lo que Delgado "es idónea para ocupar el cargo".
