Reunión del pleno del Consejo General del Poder Judicial el pasado 5 de febrero./
El CGPJ no se pone de acuerdo en 44 nombramientos pero sí en subirse las dietas y viajar desde ahora en clase preferente
En un clima de bronca, el pleno retira la elección de cargos en la Audencia Nacional, Tribunales Superiores y Audiencias Provinciales después de que el grupo progresista rechazara una propuesta de acuerdo de los conservadores.
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El nuevo Consejo General del Poder Judicial no fue capaz ayer de llegar a un acuerdo sobre los 44 nombramientos incluidos en el orden del día de su reunión plenaria, entre ellos las presidencias de la Audiencia Nacional y de sus Salas y cinco presidencias de Tribunales Superiores de Justicia. Una de éstas era la del TSJ de Cataluña, para la que el sector conservador había aceptado a la candidata progresista, Mercedes Caso.
La falta de acuerdo, que ensombrece el resultado del anterior pleno, en el que el CGPJ hizo por unanimidad 32 nombramientos (de los que 21 fueron nuevos jueces del Tribunal Supremo), se produjo en un clima bronco y con el evidente enfado de la presidenta. Isabel Perelló llegó a interrumpir el pleno para reunirse en privado con negociadores de los dos grupos, a los que llamó a la responsabilidad e instó a pactar.
Fue en vano. Los conservadores reprochan a los progresistas haber roto un acuerdo cerrado sobre la Audiencia Nacional, cuatro TSJ, las presidencias de seis Audiencias Provinciales y varios nombramientos de cargos jurídico militares alcanzado el pasado lunes y del que se desdijeron por 'whatsapp' en la tarde de ese mismo día.
Los progresistas aseguran que ese acuerdo no se llegó a cerrar, salvo en lo referido a los Juzgados Togados y Tribunales castrenses, entre ellos el Tribunal Militar Central, en el que tienen mucho interés en la general auditora Begoña Aramendía, que sería la primera mujer en presidir el TMC.
El sector conservador esgrimió un documento en el que, junto al nombre de Aramendía, figuraban los de los otros candidatos cerrados. "Estaban aún verdes", se alega en el grupo progresista, que da razones evanescentes para justificar el verdor de los candidatos: "necesitamos un poco más de tiempo", "hay que ver bien todos los expedientes", "es preciso garantizar la paridad".
"Son excusas, la paridad estaba totalmente asegurada. Lo que pasa es que no quieren llegar a un acuerdo, no hacen más que darnos largas", manifiestan fuentes del grupo conservador.
Finalmente, todos los nombramientos fueron retirados del orden de día. Los conservadores no aceptaron realizar únicamente las designaciones de los jueces militares. "Esto es un pack", dijeron.
De turista a preferente
Unos minutos después, en cambio, sí hubo acuerdo para modificar -incrementándolas- las dietas de los viajes de los vocales y altos cargos del CGPJ.
La elaboración de unas nuevas Normas sobre indemnizaciones por razón del servicio con motivo de viajes y gastos de carácter protocolario o representativo era necesaria porque las anteriores fueron establecidas para un Consejo en el que solo siete de sus miembros tenían dedicación exclusiva y los otros 14 percibían dietas por asistencia a plenos y comisiones.
En el régimen actual, los 21 integrantes del órgano de gobierno de los jueces tienen dedicación exclusiva, por lo que era preciso suprimir las dietas por asistencia a reuniones.
Pero también se ha aprovechado para introducir otras modificaciones. La dieta diaria por viajes en territorio nacional pasa a ser de 223,34 euros (170 euros por alojamiento y 53,34 por manutención), en vez de los 188,34 euros anteriores.
En lo referido al alojamiento, las normas hasta ahora vigentes indicaban que "extraordinariamente, cuando la cuantía del alojamiento fuera superior, previa petición y justificación del alto cargo, el secretario general podrá autorizar dicho importe superior al establecido". Ahora se quita el adverbio "extraordinariamente" y también la exigencia de una "previa petición y justificación" de la superación de los 170 euros destinados al alojamiento.
En cuanto a la clase de los viajes, las normas ahora sustituidas establecían limitaciones de gastos que, como en otros capítulos, fueron impuestas por el anterior presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, que adoptó cautelas ante el escándalo de los viajes de su predecesor, Carlos Dívar.
Así, en el anterior Consejo se estableció que "los desplazamientos en avión de los/as altos cargos del Consejo se acogerán a la tarifa más económica que resulte idónea para la actividad de que se trate, pudiéndose utilizar la clase superior a turista exclusivamente en viajes de más de tres horas de duración o cuando no hubiera billetes disponibles en dicha categoría, en este caso deberá presentar justificación de la agencia de viajes al liquidar el viaje".
Se añadía que "los desplazamientos en AVE se harán en tarifa turista, pudiéndose utilizar la clase superior a turista cuando no hubiera billetes disponibles en dicha categoría, en este caso deberá presentar justificación de la agencia de viajes al liquidar el viaje. Las actividades se planificarán con tiempo suficiente, debiendo acogerse, en cualquier caso, a las tarifas más económicas posibles".
En la nueva norma aprobada ayer ha desaparecido la alusión a la tarifa más económica en los viajes en avión y a la tarifa turista para los desplazamientos en AVE, y se ha sustituido por "la tarifa que resulte idónea para la actividad de que se trate".
La tarifa "idónea" está siendo ya la clase preferente, en la que viajan los actuales vocales. Varios de ellos han alegado que es lo que corresponde a la condición de altos cargos que ostentan.
