El abogado de Hazte Oír, Javier María Pérez-Roldán (i), y el presidente de Iustitia Europa, Luis María Pardo (c), en la Audiencia Nacional.
El PSOE se desgaja de la acusación popular de la 'trama del fuel' para que la parte que salpica a Ábalos no vaya al TS
El juez Pedraz ya rechazó, "por falta de indicios", enviar una parte del caso al Supremo, ante el que Ábalos está aforado.
El abogado del PSOE acusa al resto de acusaciones populares, que están agrupadas, de haber recurrido esta decisión sin consultar al partido.
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El PSOE se ha desgajado del resto de acusaciones populares del caso judicial conocido como trama del fuel. En esta causa, un juez de la Audiencia Nacional investiga el entramado de empresas de hidrocarburos que, supuestamente, defraudó a Hacienda cerca de 200 millones de euros en concepto de IVA.
Como acusaciones populares figuran los partidos PP, Vox y Iustitia Europa y las asociaciones Hazte Oír y Liberum. El PSOE, pese a que hace menos de dos meses propuso en el Congreso vetar el ejercicio de la acción popular a las formaciones políticas, también se personó en este procedimiento, lo que le da acceso al sumario.
El juez Santiago Pedraz, instructor de esta causa, optó por agrupar todas estas organizaciones bajo una misma dirección letrada. Por tanto, el abogado que firma los escritos en el nombre de todas es un único abogado: Javier María Pérez-Roldán, el de Hazte Oír, que fue la primera entidad en personarse.
Recientemente, en un escrito rubricado por éste, las acusaciones populares pedían a Pedraz que enviase una parte de la causa de la trama del fuel al Supremo. ¿Qué porción? La relativa a la licencia concedida a la empresa de hidrocarburos Villafuel SL. Según estas organizaciones, el exministro de Transportes José Luis Ábalos pudo influir en su concesión, a la que atribuyen posibles irregularidades.
El juez Pedraz lo rechazó. Indicó, tajante, que "no existe indicio alguno que vincule a Ábalos con la obtención de la licencia de operador de hidrocarburos por parte de Villafuel SL".
Las acusaciones populares de esta causa ya han recurrido esta decisión, a través, evidentemente, de un escrito conjunto firmado por el abogado de Hazte Oír, que es quien lidera la acción popular. Ha sido entonces cuando el PSOE ha presentado un escrito de alegaciones en el que se desgaja de todas ellas en términos muy duros.
Les acusa de, "en un puro ejercicio de sinrazón", no haber consultado al Partido Socialista sobre la interposición del recurso. "A esta parte no sólo se le impone actuar bajo una representación que le resulta extraña, sino que tiene que contemplar cómo se presentan escritos en su nombre [de forma conjunta, también en nombre del PSOE] y sin su consentimiento con las iniciativas más peregrinas", se queja el letrado del Partido Socialista.
Este último, además, aprovecha para subrayar que "el contenido del referido recurso muestra a las claras lo absurdo y disfuncional de la agrupación de las acusaciones populares". Recuerda que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional contempla la unificación cuando se produce cercanía en los propósitos o intereses de las acciones populares de un mismo procedimiento. "En el caso que nos ocupa, esta convergencia es completamente inexistente", expresa el letrado del PSOE.
"La unificación de todas las acusaciones solo puede funcionar sobre la base de la coordinación y el consenso, pero no sobre la base de permitir que uno sólo de los agrupados, favorecido por el aleatorio criterio de prior in tempore [el primero en el tiempo, el más rápido en personarse] proponga lo que se le antoje hablando en nombre de todos", finaliza el escrito de alegaciones del PSOE.
Como ya se ha mencionado, Pedraz rechazó inhibirse en favor del Supremo. El recurso firmado por Pérez-Roldán y presentado por todas las acusaciones populares —aparece también atribuido al PSOE— provocará que el juez pueda reconsiderar su decisión o, por contra, confirmarla. De suceder esto último, será la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, el tribunal jerárquicamente superior, el que deba revisarla. Podrá, por tanto, avalarla o revocarla.
Como el exministro Ábalos sigue siendo diputado en el Congreso, está aforado ante el Supremo. Eso implica que, mientras lo sea, sólo el más alto tribunal del organigrama judicial español podría investigarle o citarle a declarar. El Supremo, de hecho, le investiga actualmente por la rama del caso Koldo conocida ya como caso Ábalos y que comparte las mismas acusaciones populares con la trama del fuel.
