Jueces de toda España advierten de que la reforma de Bolaños "colapsará" la persecución de la violencia de género

La ley atribuye a las Secciones de Violencia sobre la Mujer la investigación de los delitos contra la libertad sexual, mutilación genital femenina, matrimonio forzado y acoso con connotación sexual cuando la persona ofendida por el delito sea mujer.

Los actuales Juzgados de Violencia sobre la Mujer ya tenían competencia sobre esos delitos pero sólo cuando entre la víctima mujer y el agresor varón mediara o hubiera mediado un vínculo afectivo. La novedad radica en que los órganos judiciales especializados en la materia comenzarán a conocer de esos delitos con independencia de la existencia o no de vínculo matrimonial o análogo entre los implicados.

"Ello supone un salto cualitativo y cuantitativo en el ámbito de la competencia
objetiva y subjetiva de unos Juzgados ya de por sí saturados" explican.

Sin medios

La reforma obedece al cumplimiento por España de sus compromisos internacionales (Convenio de Estambul) y a lo previsto en la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, "pero se hace sin haber dado cumplimiento a las exigencias que esos mismos compromisos internacionales y dicha ley establecen en orden a asegurar que estos órganos especializados puedan asumir dicho aumento de competencias: la previa dotación de recursos materiales y personales", señalan en un escrito hecho público ayer.

El Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, que dirige Félix Bolaños, calcula que este cambio va a suponer un aumento de la carga de asuntos de, al menos, un 20% y alega que, si es necesario, se reconvertirán Secciones de Instrucción en Secciones de Violencia sobre la Mujer.

"Sin embargo, lo que no se explica a la ciudadanía es que la entrada en vigor de dicho aumento de competencias tendrá lugar el 3 de octubre de 2025, tres meses antes de la fecha prevista con carácter general para que entren en funcionamiento las Secciones de Instrucción y de Violencia sobre la Mujer, el 31 de diciembre de 2025. Es decir, que esas supuestas 'facilidades' para la asunción de la competencia no son reales", indican los jueces especializados.

"Lo que no se cuenta a la ciudadanía", añaden, "es que en estos casi veinte años [desde que existen los Juzgados de Violencia sobre la Mujer] se ha aumentado progresivamente y exponencialmente tanto el tipo de delitos de los que aquellos conocen como el número de denuncias, sin que este aumento haya ido acompañado de una correlativa ampliación del número de Juzgados".

"De lo que no se informa a la ciudadanía es que, en la actualidad, la mayoría de estos órganos trabaja con una absoluta precariedad de medios, sin contar con los preceptivos equipos de valoración forense; de asesoramiento y asistencia a la víctima; con un más que deficiente funcionamiento de los dispositivos telemáticos de control; con sistemas de asistencia letrada a través de llamada telefónica a una centralita que no garantiza la presencia permanente del letrado en la oficina judicial; sin forense de guardia; sin salas Gesell que permitan la exploración de los menores en condiciones idóneas en atención a su edad y vulnerabilidad; en muchas ocasiones, con salas de vistas compartidas que impiden las grabaciones de las declaraciones; y sin dotar de sistemas de grabación en los despachos que permitan suplir esas carencias", que se vienen arrastrando "desde hace años", señalan.

En España existen 118 Juzgados exclusivamente dedicados a violencia sobre la mujer y otros 350 que comparten esta competencia con otros asuntos civiles y penales.

A este respecto, el comunicado subraya que el 20% de carga adicional "se incardina en una materia que exige múltiples actuaciones inmediatas y urgentes, como entradas y registros e intervenciones telefónicas, por parte de unos Juzgados que en su gran mayoría no prestan servicio de guardia, lo que significa que deben realizarse al tiempo que se celebra una vista de divorcio, una declaración testifical o un juicio de tráfico, por ejemplo".

"No se cuenta a la ciudadanía es que si esa mañana se recibe una causa de agresión sexual o de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, todo lo demás pasaría a segundo plano. Lo que no se cuenta, en suma, es que todo esto exige tiempo, tranquilidad, sosiego. Que es precisamente lo que no se tiene", manifiestan.

"Un paso atrás"

A su juicio, extender la competencia de los órganos especializados a cualquier forma de violencia contra la mujer por el mero hecho de ser mujer, incluyendo la violencia sexual, supone un desbordamiento en su configuración "que conllevará indefectiblemente una situación de saturación y colapso de los mismos" y "una absoluta imposibilidad material de seguir proporcionando a la víctima un trato adecuado y sosegado que permita un enfoque integral de su situación".

Advierten de que "se va a producir un significativo paso atrás en la lucha contra la violencia de género, que puede generar espacios de desprotección y riesgo para las mujeres víctimas de dicha violencia y sus hijos e hijas, ante la imposibilidad material de poder atender de manera pormenorizada y detallada cada asunto civil y penal".

"Quienes desempeñamos nuestra labor en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, con una implicación que traspasa lo meramente profesional, para acompañar a las víctimas y a sus hijos e hijas en el largo camino que se inicia con la denuncia, consideramos de suma importancia que la ciudadanía, y singularmente las mujeres que necesitan de un sistema judicial eficaz para encontrar una salida a la tiranía de la violencia, conozcan el desolador y peligroso escenario que se vislumbra con la nueva asunción de competencias que está previsto se produzca a partir del 3 de octubre de 2025", concluyen.