Juan Carlos I, el pasado 8 de febrero en Lisboa, en el funeral por el Aga Khan IV./
La Fiscalía pide al Tribunal Supremo que no abra una causa a Juan Carlos I por la querella presentada por varios juristas
Considera que la querella «no aporta datos distintos o adicionales» a los tenidos en cuenta para archivar las investigaciones realizadas en 2020 y 2021.
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La Fiscalía del Tribunal Supremo ha pedido a la Sala Penal que no admita a trámite la querella presentada el pasado noviembre por varios juristas y otras personas contra el rey emérito, Juan Carlos I, por cinco delitos fiscales.
La querella, suscrita por la viuda de José Saramago, Pilar del Río; el primer fiscal jefe anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, y los exjueces del Supremo Clemente Auger y José Antonio Martín Pallín, considera que las regularizaciones que Juan Carlos I llevó a cabo en 2020 y 2021 para legalizar el dinero que tenía en el extranjero oculto a la Hacienda española no debieron ser admitidas.
En un dictamen firmado por el fiscal de Sala Fernando Rodríguez Rey, la Fiscalía del alto tribunal ratifica el criterio que ya expresó el 2 de marzo de 2022, cuando, tras llevar a cabo dos diligencias de investigación preprocesales, decidió no promover acciones penales contra Juan Carlos I.
El Ministerio Público sostiene que la querella, presentada dos años y ocho meses después de ese archivo, "no aporta datos, hechos o fuentes de prueba distintos o adicionales" y considera "paradójico" que se base en los propios decretos de archivo acordados por la Fiscalía.
Los dos decretos argumentaron el archivo en la insuficiencia de indicios incriminatorios, la prescripción del delito tributario, la inviolabilidad de Juan Carlos l como jefe del Estado y las regularizaciones fiscales que llevó a cabo.
Respecto al período subsiguiente a la pérdida de inviolabilidad (después de que, el 19 de junio de 2014, Juan Carlos I adbicara la Corona en favor de su hijo Felipe), la Fiscalía llegó a la conclusión de que el único trust que entonces permanecía activo, denominado JMR y constituido en la Isla de Jersey en 2004 a partir de los trust Tartessos y Hereu montados en 1995 y 1997 por el financiero Manuel Prado Colón de Carvajal, permitió hacer disposiciones "en unas cuantías que en ningún caso alcanzarían la cuota correspondiente a un delito contra la Hacienda Pública".
Añadía que, pese a la imposibilidad de promover la acción penal contra el anterior jefe del Estado, residente en Abu Dabi desde agosto de 2020, la exhaustiva investigación llevada a cabo "ha permitido recuperar 5.095.148 euros para las arcas públicas, cuantía correspondiente a las cuotas tributarias adeudadas por S.M. D. Juan Carlos de Borbón a la Hacienda Pública, incluyendo los oportunos recargos e intereses de demora”.
