“I found some new innovations, might just be my imagination” One Republic
¡Hay que gastar en I+D+I!... ¿Cuántas veces ha oído o leído esta frase? Nadie puede estar en desacuerdo ¿verdad? El problema, como con todos los gastos, es en qué y para qué.
Es enternecedor ver la campaña de Podemos en la que habla de los recortes “del PP” en I+D+I que se hicieron… ¡entre 2009 y 2011! Efectivamente, el hachazo se concentra en su totalidad en esos años, pero, como explica Fernando Rodriguez de Inuber, no se ha recortado desde 2009 “el 35% del gasto en I+D”, ha sido alrededor de un 10%. Y, desde 2012 se ha mantenido, subiendo un 4,1% en 2016.
Pero vayamos a los años anteriores. El gasto en I+D+I, sea público o privado, es muy poco útil si no se traduce en patentes y, con ellas, empresas. Gastar mucho o poco es irrelevante si se despilfarra en estudios sobre la “desmercantilización de la vivienda” o “el urbanismo de la no ciudad”, investigaciones sin valor real que en nuestro país han sido desafortunadamente muy frecuentes.
La inversión en I+D siempre se utiliza de manera política, pero se olvida que gastar por gastar no sirve de nada, como explico en Acabemos con el paro (Deusto).
Ya antes de la crisis, por cada patente que solicitaba España, Alemania llegaba a 24, Francia a 8, Holanda a 7 e Italia a 4. Por cada patente nacida en España, en Estados Unidos afloraban 34, en Japón 22.
La inversión en I+D siempre se utiliza de manera política, pero se olvida que gastar por gastar no sirve de nada
Según Clarke Modet & Co, empresa líder en patentes y marcas, en el momento máximo de gasto España destinaba un 1,37% del PIB en I+D, mientras Brasil gastaba el 0,7%. Pues bien, Brasil registraba el doble de patentes que España con casi la mitad de gasto.
Es absolutamente necesario invertir, y hacerlo bien, en investigación. Si se invierte bien, tiene un impacto económico real con mejora de productividad y salarios. Si se invierte mal, en estudios redundantes, inservibles o políticos, se convierte en un gasto que entorpece el cambio de patrón de crecimiento al detraer recursos a actividades improductivas.
Es absolutamente necesario invertir, y hacerlo bien, en investigación
Lo que callan los que ponen como ejemplo a Corea del Sur o los países nórdicos es que, en los países líderes, la inversión privada es más del 65% del total.
Hablan de Finlandia o Corea del Sur y callan -probablemente por intereses políticos- que la mayoría del gasto en I+D es privado. En Finlandia, entre el 74% y el 67% en los últimos siete años. En Corea del Sur, el 75% de la inversión en I+D es privada, y más a investigación aplicada, no básica, al contrario que en España.
En Israel se apoya la investigación y el desarrollo no para aparecer en los rankings, sino para crear empresas, empleo y prosperidad. En Israel, el 90% de la inversión es para aplicación empresarial real basada en analizar necesidades de los consumidores. El Gobierno tiene activos 37 programas-puente con universidades, instituciones de investigación y empresas. La financiación de empresas se hace a cambio de royalties. Y la universidad israelí tiene el mayor porcentaje de creación de empresas de la OCDE, empresas que se sacan a bolsa o venden, creando valor, y no se quedan en la facultad.
En España, por ejemplo, uno de los principales registradores de patentes en 2013 fue el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), con 196. Aceptable. Sin embargo, el 50% de los royalties (ingresos por las mismas) que recibe, provienen de una sola patente de 1989.
Según los datos del estudio El sistema de patentes 2014 de la Online Business School, todos los inventores y compañías españoles solicitaron 2.476 patentes. Samsung solicitó 2.833 ella sola. Entre 2007 y 2010 era igualmente pobre. La gran caída de número de patentes (internacionales y europeas) se dio entre 2009 y 2011, un 26%.
Si miramos los mayores registradores de patentes, no nos extrañará saber que el sector público solo aparece dos veces (aunque merece resaltar al CSIC en tercer lugar).
Un ejemplo que demuestra la descorrelación entre gasto y patentes es el que explica Marca España. “El número de patentes españolas en la Oficina Europea de Patentes (EPO) alcanzó la mayor cifra de su historia en 2014, con un total de 467, un 18% más de las 395 consignadas en 2013. El número de patentes registradas por firmas españolas se había mantenido bastante estable en los tres años anteriores: 392 en 2010, 381 en 2011, y 405 en 2012”.
Para ser líderes en I+D
¿Qué debemos hacer para ser líderes en I+D en vez de campeones en repartir subvenciones perdidas? No les sorprenderá a ustedes. Exactamente lo contrario a lo que proponen los redistribuidores de la nada.
Primero, reducir subvenciones y aumentar deducciones fiscales a la investigación y desarrollo. Exactamente lo contrario de lo que quieren.
Segundo, una fiscalidad atractiva que potencie la creación de empresas y desarrollo de patentes con rentabilidad económica real. Que los profesores e investigadores en la universidad –sea pública o privada- reciban remuneración en acciones e incentivos con las patentes reflejadas en creación de empresas. Es decir, lo contrario a lo que proponen.
Tercero, medir el acceso a ayudas no en base a gasto repartido por decisión política sino en resultados y con baremos objetivos de éxito en patentes.
Cuarto, penalizar con eliminación de ayudas a las universidades y empresas que gasten en estudios duplicados o triplicados sobre asuntos peregrinos. Anualmente se pierden casi 32.000 millones de euros en la Unión Europea en investigaciones redundantes, en algo que ya existe en el seno de la Unión o en países terceros, según Clarke, Modet & Co.
Pero es que el objetivo no es investigar, ni desarrollar patentes y –ni por asomo- empresas. Ninguno de los redistribuidores de la nada hace un solo análisis de coste-beneficio o de productividad de dicha inversión. El objetivo es aumentar mucho el presupuesto para repartir desde un objetivo político y, además, controlar el flujo de gasto para tener investigadores rehenes del gobernante de turno. Porque entonces no se trata de investigación, sino de gasto político.