Cunde la expectación en el sector eléctrico, en un momento en el que todos se encaminan hacia la transición energética pero sin saber aún qué medidas van a recoger las leyes ni con qué concreción. Expectación que, por razones obvias, se ve incrementada tras la anunciada convocatoria de elecciones generales para el próximo 28 de abril. 

Aunque las compañías eléctricas conocen ya algunos de los pormenores que previsiblemente se aprueben, como el cierre de las nucleares entre 2025 y 2036, son muchos los flecos que quedan por atar y que el Gobierno aún no ha hecho públicos. No obstante, el ministerio para la Transición Ecológica resolverá estas dudas el próximo viernes.

Lo hará, en concreto, con el paquete de tres elementos que prevé llevar al Consejo de Ministros el día 22 de febrero. En este sentido, como confirman a este periódico fuentes del ministerio que preside Teresa Ribera, ese viernes se pondrán sobre la mesa tres asuntos: el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima -que debería haberse enviado a Bruselas el 31 de diciembre-, la 'estrategia de transición justa' y el anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Ecológica.

En los dos últimos elementos el Gobierno se juega las normas que puedan aprobarse en España con más inmediatez, puesto que el Plan de Bruselas será todavía un borrador que pueden modificar en la Comisión Europea. No obstante, el Ejecutivo quiere jugar bien sus cartas. Con las elecciones convocadas, es importante para el ministerio poner en marcha cuanto antes la Ley de Cambio Climático, para evitar que un hipotético cambio de Gobierno la tire por tierra. Por eso, en el ministerio están estudiando el soporte legal con el que presentarla, algo que decidirán la semana que viene.

De este modo, y aunque la idea inicial era llevarla al Congreso y someterla, además, a una consulta pública, la convocatoria de elecciones podría haber cambiado los planes del equipo que dirige Ribera, que todavía debate sobre cómo darle forma.

Un plan para las comarcas mineras... y nucleares

Junto al plan que se enviará a Europa y el anteproyecto de la ley, el ministerio también llevará al Consejo de Ministros del viernes lo que han acordado en llamar Estrategia de Transición Justa, dedicada, entre otras cosas, a comarcas mineras y a aquellas en las que se ubican las centrales nucleares próximas a su cierre.

El ministerio pretende que, bajo el marco de esta estrategia, se puedan poner en marcha contratos entre instituciones públicas y privadas, empresas energéticas incluidas, para crear "un nuevo tejido productivo" en las cuencas mineras o en las zonas en las que vayan echando el cierre las centrales nucleares.

En definitiva, desde la cartera que preside Teresa Ribera hablan de "acompañar a las personas afectadas" por la descarbonización. Eso sí, "comprometiéndose contractualmente", insisten desde el ministerio.

Toda una batería de medidas y planes que, de no activarse a tiempo, podrían saltar por los aires tras el 28 de abril. Por eso, el Ejecutivo apura el reloj (y las formas) para dejar los deberes hechos antes de entonces.