Cabe recordar que este año, el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública y la mutualidad deben negociar un nuevo concierto. El actual, que tenía una vigencia de tres años y preveía un incremento gradual de la financiación del 10% con respecto al anterior, caduca el 31 de diciembre de 2024.

Fuentes del sector asegurador confirman a este periódico que la AIReF ya les ha solicitado los datos que precisa para su análisis. Pero este informe no será una herramienta con la que contarán las partes implicadas a la hora de negociar el próximo convenio, según han señalado estas voces a EL ESPAÑOL-Invertia.

De hecho, ya se han producido los primeros encuentros entre el ministro José Luis Escrivá y los responsables de la mutualidad. Unas citas en las que han destacado la comprensión que Escrivá habría mostrado por la situación de Muface, sus coberturas y su futuro. Aunque todavía no se ha abordado el próximo convenio. 

Un concierto para el que las aseguradoras que dan servicio a Muface piden mayor suficiencia financiera. Las compañías llevan meses denunciando que el incremento pactado para el actual convenio no está siendo suficiente para cubrir el aumento de los costes. 

Pérdidas de las aseguradoras

Como se ha mencionado, el concierto actual de Muface contempla un incremento de la financiación del 10% con respecto al anterior de manera progresiva. Sin embargo, está siendo insuficiente. Las aseguradoras firmantes (SegurCaixa Adeslas, Asisa y DKV) ya acumulan pérdidas de, al menos, 200 millones de euros. 

Esta cifra es una estimación. Fuentes del sector consultadas por EL ESPAÑOL-Invertia aclaran, además, que las pérdidas corresponden a los años 2022 y 2023. Es decir, se han generado desde que entrase en vigor el concierto actual en 2022.

Exteriores de la sede de Muface.

Sólo en ese año las pérdidas se situaron en, aproximadamente, 170 millones de euros, tal y como recoge el informe "El mutualismo administrativo: Modelo predictivo sobre la elección de los mutualistas y escenarios futuros", realizado en el marco de la Cátedra de Salud Sostenible y Responsable de la Universidad Complutense de Madrid, impulsada junto a Alianza de la Sanidad Privada Español (ASPE).

"El incremento establecido para el periodo 2022-2024 del 10% se prevé insuficiente incluso para cubrir únicamente la subida de los costes, sin tener en cuenta otras variables, como el incremento de la edad media de la población mutualista y de la frecuentación", detalla el citado documento.

Sostenibilidad 

Muface lleva años arrastrando problemas de financiación que hacen peligrar la sostenibilidad de este modelo de atención sanitaria. Su continuidad pasa por igualar el gasto por mutualista al de la sanidad pública en el plazo de dos años.

Así lo concluye el mencionado informe de la Cátedra de Salud Sostenible y Responsable de la Universidad Complutense de Madrid, impulsada junto a ASPE. Actualmente, la prima de Muface se sitúa en 1.040 euros por mutualista de promedio, mientras que el gasto sanitario público asciende a 1.608 euros por ciudadano.

El documento avisa de que las subidas previstas en el concierto actual "se han revelado insuficientes para cubrir el aumento de los costes de la prestación sanitaria". Se plantea entonces que, o se busca una financiación adecuada o el modelo podría estar destinado a desaparecer.

Y las consecuencias de su desaparición también han sido analizadas en este informe. Así, supondría un impacto económico de más de 1.000 millones de euros para la sanidad pública al tener que absorber la asistencia de todos los mutualistas.

A esto se sumaría un inevitable incremento de las listas de espera, que marcan ya récords históricos. El análisis cifra en un aumento del 266% de las listas de consultas externas y del 115% para una intervención quirúrgica. A nivel de infraestructuras, el sistema público necesitaría de casi 4.000 camas adicionales.

También supondría pérdidas para las aseguradoras de un 14% de su facturación, lo que se traduce en 1.700 millones de euros. Mientras, los prestadores de servicios hospitalarios verían reducidos sus ingresos un 8%, es decir, alrededor de 1.000 millones de euros. Esto pondría en riesgo la continuidad de centros.