Centenares de denuncias de médicos por inseguridad laboral: Ayuso obligada a pagar 8.000 euros por caso
Los sindicatos dan las pautas para presentar la reclamación y obtener "sustanciosas indemnizaciones" de la Comunidad de Madrid.
28 febrero, 2024 02:27Dos de los más importantes sindicatos sanitarios del panorama madrileño, AMYTS y APSeMueve, han decidido coordinar una batalla judicial contra el Gobierno de la Comunidad de Madrid por la inseguridad laboral con la que viven sus médicos y pediatras.
Tal y como han manifestado en el círculo sanitario organizado este martes por AMYTS, el objetivo de ambos sindicatos es 'soterrar' a la Comunidad de Madrid en una serie de denuncias contra la Consejería de Fátima Matute por no tener un Plan de Prevención de Riesgos Laborables vigente.
En esta cita, que ha contado con abogados y expertos, se ha dado cuenta de la experiencia de más de 350 médicos de Familia y pediatras que ya han denunciado a la Comunidad de Madrid por la desprotección de su salud laboral.
Los sindicatos quieren movilizar a los facultativos y 'prometen' una sustanciosa recompensa. Y es que, aseguran que un médico de Familia de Madrid ha sido reparado con una compensación de 8.000 euros tras una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).
En él, la Justicia acusaba a la Comunidad de Madrid de realizar un "incumplimiento muy grave" y vulnerar el derecho fundamental a la integridad física del facultativo.
🚨Los médicos de Familia y pediatras de Madrid dicen basta a la desprotección y se lanzan a los tribunaleshttps://t.co/YNbD232aog pic.twitter.com/se31CpeiK4
— Médicos y TS-Madrid (@amytsmedicos) February 27, 2024
El sindicato mayoritario, encargado de guiar la huelga de facultativos de antes de las elecciones del 28-M, asegura que esta va a ser una "campaña histórica" y, de hecho, han facilitado a sus afiliados los pasos a seguir.
Cómo denunciar a Madrid
Madrid Total ha accedido a dicho documento en el que se estipula que la única documentación necesaria que deberán presentar los facultativos será su nombramiento como personal estatutario, certificado de servicios prestados y el "poder apud acta" a nombre de los procuradores que facilita el propio sindicato.
Tras ello, se debe de rellenar la hoja de encargo debidamente cumplimentada y firmada, así como el justificante de abono de provisión de fondos. En el caso de ser afiliado, 125 euros y, en el de no, 250 euros. Todos ellos precios más IVA.
Tras eso, deben de presentar toda la documentación en PDF a un correo electrónico de AMYTS. Las denuncias se podrán empezar a recibir este mismo miércoles. El sindicato, en dicho documento, también explica que la cantidad reclamada debe de ser "mínimo" de 8.000 euros.
Aquellas personas que por circunstancias personales puedan acreditar datos que permitan solicitar una indemnización superior por lesiones físicas, psíquicas, secuelas, etc., deberán de presentar una solicitud diferente que el propio sindicato se ofrece a gestionar de forma individualizada.
Objetivos de la denuncia
Su objetivo es lograr "sustanciosas indemnizaciones" para aquellos médicos de Familia y pediatras que denuncien a la Comunidad de Madrid por la ausencia de Plan de Prevención de Riesgos Laborales. Afirman que son varios los fallos favorables a los profesionales y contrarios a la Administración, en juicios celebrados en primera instancia.
Desde AMYTS insisten en que la Consejería de Sanidad ha incumplido con la protección a los profesionales al no desplegar un plan de prevención "tal y como le ordenó la Justicia hace más de dos años". "La Comunidad de Madrid está obligada a elaborarlo y no lo cumple", añaden.
La sentencia
La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ratificaba la sentencia de mayo que reconocía la necesidad de indemnizar al médico por "daños" ante la vulneración de su derecho a la salud e integridad física.
Eso sí, la primera sentencia imponía una multa a la Comunidad de Madrid de 20.000 euros, que el TSJM rebajó hasta los 8.000 euros.
Es el mismo tribunal que en 2021 condenó a la Comunidad de Madrid por no proteger a los sanitarios y, por tanto, obligarles a poner en marcha "de forma inmediata" el Plan de Prevención de Riesgos Psicosociales. El Supremo ratificó esta misma sentencia en 2022.