Sin la UE, pero con el Centro Carter y la CELAC: más de 600 observadores habrá en Venezuela

"Con mucho entusiasmo, con mucha felicidad, nosotros nos abrimos al mundo para que vean nuestro proceso y vean lo que va a ocurrir en nuestro país", dijo el canciller Yván Gil días atrás. En su lectura, Venezuela contaría con un sistema electoral de lujo, el de "mayor perfección que existe en la faz de la tierra". A las organizaciones ya confirmadas desde hace meses, se sumó un panel de cuatro expertos de las Naciones Unidas (ONU), que según confirmó Gil, llegó a Caracas el pasado martes. 

Pese a la asistencia muchos observadores electorales, hubo otros que quedaron en el camino. Es el caso de la Unión Europea (UE), a la cual el Gobierno de Nicolás Maduro decidió revocarle la invitación por los bloqueos que el órgano mantiene en contra de algunos hombres importantes en el régimen. La decisión despertó dudas en los líderes de la oposición. María Corina Machado, calificó la decisión de "grave" y pidió a la comunidad internacional a estar más atenta que nunca. 

El Centro Carter, por Estados Unidos 

Uno de los observadores que más llaman la atención es el Centro Carter. Se trata de una ONG creada por el expresidente de Estados Unidos (1977-1981), Jimmy Carter. Fue él mismo quien señaló ante los medios de comunicación que hoy viernes arribará en el país sudamericano una misión técnica dirigida por Jaennie Lincoln, asesora principal en la organización para América Latina y el Caribe.

"Dado su tamaño y alcance limitado, la misión del Centro Carter no realizará una evaluación integral de los procesos de votación, conteo y tabulación. Las evaluaciones de la misión se basarán en el marco legal nacional, así como en las obligaciones y estándares regionales e internacionales de derechos humanos para las elecciones democráticas", decía un comunicado enviado desde la misma ONG. Pese a su "alcance limitado", el ente conducido por el exmandatario cumplirá un papel esencial. 

No es la primera vez en que llega a Venezuela con una función de esas características. Ya estuvo en comicios anteriores, en donde las conclusiones de los observadores presentes en la instancia fue bastante parecida. El régimen no entregó las garantías necesarias para disponer de unas elecciones verdaderamente libres y competitivas. 

Según se informó desde el Centro, el papel que cumplirá durante el próximo 28 de julio se ajustará al memorando de entendimiento firmado por el Consejo Nacional Electoral (CNE), la Declaración de Principios para la Observación Internacional de Elecciones y el Código de Conducta para los Observadores Internacionales de Elecciones, suscrito en 2005 por las Naciones Unidas (ONU).

La Unión Europea y el Acuerdo de Barbados

No todas son buenas noticias para quienes desean un triunfo opositor y una transición pacífica a la democracia. La Unión Europea, organización regional de vasta trayectoria en eventos de esta naturaleza, fue rechazada como observadora. La permanencia del bloqueo a algunos personeros de la dictadura fue suficiente para revocarle su anterior invitación. "No son personas gratas", se advirtió desde la interna del régimen. 

"Para que entiendan que no son personas gratas para venir a nuestro país, mientras se mantengan las acciones genocidas contra la República Bolivariana de Venezuela y especialmente para su pueblo", señaló el presidente del CNE, Elvis Amoroso. Si bien el gobierno se esmera en justificar la ausencia de la UE a motivos históricos, se lee entre líneas que la decisión tuvo como motivante las presiones hacia los líderes del chavismo.

Si Bruselas hubiese resuelto dar marcha atrás al bloqueo, hubiese podido participar de los comicios. Y si bien lo hizo con el mismo Amoroso, no lo repitió en el caso de otros jerarcas, generales, colaboracionistas y jueces de la 'revolución'. La UE, a diferencia de lo que se denuncia desde el CNE, no ha ejercido sanciones económicas en contra del país. Sólo se ha limitado a prohibir que ciertos funcionarios, entre los que se encuentran torturadores denunciados por la ONU, viajen a alguna nación del bloque.

Una vez revocada la invitación, líderes opositores, entre ellos Machado, declararon a la prensa que lo resuelto iba en contra de los acuerdos establecidos. "La presencia de esta misión de Observación Electoral es uno de los compromisos que Maduro asumió en el marco del Acuerdo de Barbados", se denunció desde la Plataforma Democrática.

La UE lleva años incomodando al régimen. En 2021 se envió a una delegación a vigilar las elecciones regionales y municipales a las que la oposición decidió no participar al considerarlas un "fraude" y un blanqueo de Maduro. Fue el mismo presidente, quien en medio de los comicios, acusó a la agrupación de "espía". Sobre todo, después de que en el informe final de quienes asistieron se criticaran "deficiencias estructurales", "falta de seguridad jurídica" e irrespeto al Estado de derecho.

En palabras de la delegación, el modo en que se desarrollaron las elecciones en ese entonces comprometió "la igualdad de condiciones y la imparcialidad y transparencia". Además de tales observaciones, la UE recomendó algunos cambios ante el futuro, entre ellos, el reforzamiento en la separación de poderes (sobre todo, en lo que corresponde a la independencia judicial) y eliminar la prerrogativa de la Contraloría General de prohibirles a ciudadanos el derecho a presentarse a unas elecciones.

La delegación española que insiste en ir

España también quiere ser parte de una jornada que pinta para histórica. Pero el régimen, al igual que con la UE, ha hecho todo lo que está a su alcance para que no participe. Desde hace algunas semanas que se ha ido estableciendo una delegación desde el Senado para estar en las elecciones. Sin embargo, un comunicado enviado desde la Embajada de Venezuela en Madrid, el día 17 de julio, informó que dicha participación no está prevista en el Programa de Acompañamiento Electoral. 

Según añaden las autoridades venezolanas, no se habría recibido una invitación oficial para una misión de parte del Senado español. La comunicación dio un paso más, al advertir que cualquier miembro de esa delegación que intente acceder al país, así como cualquier otro funcionario no acreditado, se le considerará violador de las normas establecidas y se le obligará a volver a su país con efecto inmediato. 

Todo arrancó con la iniciativa de Machado, quien pidió expresamente que España haga envío de una delegación que tenga como propósito velar por el desarrollo de unas elecciones justas. El grupo, en un principio, iba a incluir tanto a miembros del Partido Popular (PP) como del Partido Socialista Obrero Español (PSOE). La intención de los militantes se dio poco después de que el régimen decidiera dejar al margen a la UE.

Las amenazas de la dictadura no han sido suficientes para frenar la motivación del PP. Según avanzan desde sus filas, la idea es enviar igualmente a una delegación que cuente con el respaldo de la oposición venezolana. En particular, de Machado y el candidato a la presidencia y adversario de Maduro, Edmundo González Urrutia. El grupo estaría dirigido por su portavoz en el Congreso, Miguel Tellado.

En paralelo al PP, el Partido Popular Europeo (PPE) adelantó el envío de una segunda delegación de "acompañamiento electoral", la cual sería compuesta por Esteban González Pons y Gabriel Mato, ambos españoles, y el eurodiputado portugués Sebastião Bugalho. Es incierto el destino de los dirigentes, entendiéndose que en 2019, también en medio de una jornada electoral, una delegación fue expulsada al intentar hacer lo mismo: entrar a Venezuela sin la autorización del gobierno.