La Justicia vuelve a exasperar al Gobierno de Meloni: le obliga ahora a indemnizar a un inmigrante por retención ilegal

Nuevo golpe de la Justicia italiana al Gobierno de Giorgia Meloni. Un nuevo varapalo judicial obliga al Ejecutivo de Italia a indemnizar a un inmigrante de nacionalidad eritrea que fue retenido en un barco de la guardia costera durante 10 días en 2018. 

"Es muy frustrante verse obligada a compensar a personas que intentaron entrar a Italia ilegalmente... con el dinero de ciudadanos italianos honestos que pagan impuestos cuando los recursos estatales son escasos", lamentó en X la primera ministra italiana. 

El caso se remonta a agosto de 2018, cuando el entonces ministro del Interior, Matteo Salvini, se negó a dejar desembarcar a un grupo de más de 150 inmigrantes en el puerto siciliano de Catania, en Silicia. La negativa provocó que durante diez días tuvieran que permanecer en el mar a bordo del barco guardacostas Diciotti.

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Finalmente, Salvini cedió después de que Albania e Irlanda se ofrecieron a aceptar algunos de los migrantes retenidos y la Iglesia Católica italiana aceptó asumir la responsabilidad del resto sin costo para el contribuyente.

De estos más de 150 inmigrantes, 41 de ellos, todos de Eritrea, recurrieron a los tribunales de la mano de activistas de derechos humanos para reclamar daños y perjuicios por detención ilegal.

Algunos de los más de 150 inmigrantes retenidos durante diez días en verano de 2018 ante la negativa de Matteo Salvini para desembarcar en el puerto siciliano de Catania, en Silicia. Reuters

Después de que su caso fuera rechazado dos veces por tribunales inferiores, en 2019 y 2024, uno de ellos lo llevó al Tribunal Superior de Casación. Finalmente, el tribunal falló a favor de este migrante, cuyo nombre no ha trascendido.

"Los actos gubernamentales nunca pueden considerarse exentos de control judicial cuando exceden los límites impuestos por la Constitución y la ley, especialmente cuando están en juego derechos fundamentales de ciudadanos o extranjeros", señaló la sentencia.

El Tribunal Superior de Casación deja ahora en manos de jueces de instancia inferior la determinación de la cuantía de esta indemnización que debe recibir el inmigrante, aunque según los expertos rondará entre 1.000 y 2.000 euros.

"Que los jueces paguen y acojan a los inmigrantes ilegales, si tanto les importa", reaccionó en sus redes sociales Salvini, que ahora es viceprimerministro y ministro de Transporte, en X, criticando el fallo como "otra vergüenza más".

El ministro de Exteriores y jefe de la conservadora Forza Italia, Antonio Tajani, también lamentó "las bases jurídicas" de esta sentencia: "Si todos los inmigrantes irregulares pidieran una indemnización, colapsarían las arcas del Estado".

Según Giovanna Cavallo, una de las activistas que ha brindado asistencia legal a los inmigrantes, este fallo abre ahora la puerta a que los 40 migrantes restantes que no continuaron la batalla legal tengan también derecho a una compensación, algo que  decidirán los tribunales en los próximos meses.

Las batallas con la Justicia de Meloni

Este fallo llega en medio de una pugna entre el Gobierno de Meloni y la justicia por los centros construidos en Albania para repatriar inmigrantes irregulares, cuyo funcionamiento ha sido impedido hasta ahora por los jueces y sobre lo que deberá pronunciarse el Tribunal Europeo de Justicia.

Por otro lado, la Fiscalía investiga a Meloni y a varios de sus ministros por la liberación del jefe de la policía judicial libia, Osama al Masri, buscado por la Corte Penal Internacional (CPI).

La Justicia busca esclarecer los hechos que llevaron en la noche del pasado 19 de enero a la liberación y repatriación de Al Masri que había sido detenido en Turín.