La silenciosa labor de unos valientes sirios para preservar pruebas de crímenes de guerra contra Bashar al Asad

Morad, que acompañó en enero al ministro José Manuel Albares en su visita a la prisión, explica con detalle la escasez de alimentos, la prohibición de moverse, la carencia de servicios médicos y los castigos arbitrarios de los carceleros, que a menudo llevaban a la muerte de los prisioneros. “Muchos de mis compañeros de celda murieron debido a enfermedades”, dice el de Hama, informático de 39 años y cofundador de la Asociación de Detenidos y Desaparecidos en la Prisión de Sednaya (ADMSP).

Según el informe más reciente de Amnistía Internacional, unas 13.000 personas fueron ejecutadas extrajudicialmente en Sednaya, principalmente opositores del gobierno, entre 2011 y 2015. Otros 27 centros de tortura eran administrados por diversas agencias de inteligencia del régimen, donde se han documentado más de 20 métodos distintos de tortura. Se estima que más de 100.000 personas desaparecieron de forma forzosa desde 2011, la mayoría de las cuales se presume que fueron torturadas y asesinadas.

Hoy, Morad y su asociación se dedican a recoger y compilar las evidencias de esas torturas, que según investigaciones internacionales suponen crímenes de guerra y de lesa humanidad, con el fin de llevar al dictador ante la Corte Penal Internacional (CPI). Después de ser liberado en 2014 a cambio de un soborno de 65.000 dólares, Morad regresó por primera vez a Sednaya el 15 de enero. “No puedo expresar con palabras lo que sentí cuando vi salir vivos a los detenidos”, recuerda el exprisionero.

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El activista lamenta la destrucción y la pérdida de numerosas pruebas y documentos desde la caída del régimen el 8 de diciembre. “Por desgracia, no estábamos presentes el día que se abrió, pero nos comunicamos con amigos para que obtuvieran cualquier evidencia o listas de información disponibles”, dice Morad. Aunque no señala a grupos específicos, sí reconoce que hay actividades destinadas a destruir pruebas.

En enero, el nuevo líder sirio, el exyihadista Ahmed al-Sharaa, recibió numerosas críticas porque se reunió con la madre del periodista estadounidense desaparecido Austin Tice, mientras todavía no se tenía registro de ninguna reunión con las madres de los desaparecidos sirios. Pero Morad asegura que ya se ha reunido en varias ocasiones con el nuevo gobierno de transición: “Nos han confirmado que este tema recibirá la atención necesaria y que se establecerá un organismo especial para dar seguimiento a los desaparecidos, lograr justicia y proteger las escenas del crimen y las pruebas”.

La asociación que fundó Morad trabaja activamente para la preservación de evidencias en los lugares donde se cometieron violaciones (centros de detención e interrogatorios y fosas comunes) como base para la justicia y la rendición de cuentas. Entre sus peticiones, está la creación de un organismo especializado para abordar el asunto de los desaparecidos y prevenir futuras violaciones. “Es esencial coordinar esfuerzos entre organizaciones de derechos humanos, asociaciones de víctimas y autoridades oficiales para alentar a quienes han tomado estos documentos a que los entreguen”, pide Morad, quien ha regresado a la prisión cinco veces.

Es también lo primero que hicieron los miembros de Syrians for Truth and Justice (STJ). “Publicamos y firmamos una declaración dirigida a los gobiernos, a las nuevas autoridades o al gobierno de transición. Hicimos una declaración sobre por qué es importante preservar las pruebas, cómo pueden proteger las fosas comunes, las escenas de los crímenes”, explica a este diario Bassam Alahmad, cofundador de STJ.

Aunque la mayoría de los crímenes de guerra han sido cometidos por el régimen contra la oposición y la población civil de mayoría suní, según informes de la ONU, STJ trabaja por preservar las pruebas de crímenes cometidos por todas las facciones. “Tratamos de ser inclusivos porque creemos que lo que ha sucedido en el noreste y noroeste de Siria es parte de la narrativa siria”, explica Alahmad. Desde la caída del régimen, STJ ha podido acceder por primera vez a Alepo, Hama, Homs, Tartus, Latakia y Damasco, áreas donde tenían un acceso limitado.

Kais El Morad, con Albares en su visita a Sednaya. Cortesía del entrevistado

La inclusión, prosigue Alahmad, es clave para una paz sostenible y para evitar la exclusión de grupos como los kurdos, las mujeres y otras minorías en los procesos de justicia y diálogo nacional. “Cualquier tipo de exclusión, lamentablemente, repetirá los errores o las violaciones de otros regímenes”.

Desde diciembre, los medios internacionales han emitido imágenes de documentos y archivos esparcidos en plena calle, a las puertas de estos centros, lo que supone una tremenda pérdida e impunidad para los perpetradores. Pero durante años, decenas de sirios valientes han recopilado de forma encubierta pruebas de los crímenes de Asad. En febrero, uno de ellos concedió por primera vez y a cara descubierta una entrevista. Se llama Osama Othman, alias “Sami”, y es el desertor que en 2014 extrajo heroicamente de Siria 55.000 fotografías que documentaban las torturas del régimen. “Lo volvería a hacer”, explicó Othman ante las cámaras.

Estos documentos, conocidos como el Archivo César, condujeron a la imposición del Acta César en 2019, una ley estadounidense que también adoptaron la Unión Europea, Canadá y el Reino Unido y que impone sanciones económicas a individuos y entidades asociadas con Bashar al Asad y su régimen del terror.

La ADMSP de Morad y el STJ de Alahmad son algunas de las organizaciones e individuos que han trabajado con otras organizaciones para evitar duplicar los datos, como la IIMP de la ONU (Institución Independiente de Desaparecidos en Siria) con el objetivo de coordinar las necesidades comunes y las investigaciones. Muchos de los investigadores, sirios en su mayoría, tomaron riesgos increíbles para recopilar y sacar los documentos del país. A veces disfrazados de pastores y comerciantes, extraían los documentos en camiones, balsas y otros medios de transporte. Otras veces tuvieron que guardar las evidencias en escondites debido al peligro. Algunos fueron secuestrados y otros asesinados.

Así sucedió con quienes colaboraron con una de las organizaciones de investigación más prominente, la CIJA (Commission for International Justice and Accountability), financiada por Reino Unido, Alemania y EEUU, que durante años ha recopilado evidencias sobre el terreno para llevar ante la justicia a Asad, que huyó a Moscú en diciembre, y a sus secuaces. La Comisión ha compilado 1,3 millones de documentos de lo que califican como una máquina burocrática de la muerte. “Es la represión más documentada de la historia. Como los nazis, pero con computadoras. Es más grande que Nuremberg”, explicaba el fundador de CIJA, Bill Wiley, en una inusual entrevista con The Times.

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El abogado canadiense aseguraba que todas las evidencias apuntan a que Bashar al Asad tenía conocimiento de todos los crímenes, los dirigía y aprobaba. “Las minutas se llevaban a la oficina personal de Asad, y un empleado esperaba mientras él los revisaba, y escribía en los márgenes ‘haz esto, haz esto otro, no hagas esto’. Así supimos que él daba y recibía órdenes”, explicó el abogado.

El objetivo último sería llevar a Asad y sus secuaces ante la CPI, pero hay algunos impedimentos legales, porque Siria no forma parte del Estatuto de Roma y porque dos de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, Rusia y China, han bloqueado en diversas ocasiones remitir el caso a la CPI. Además, Asad está en Moscú protegido por su amigo, el autócrata Vladímir Putin. Según Wiley es una situación similar a la de Charles Taylor de Liberia o Laurent Gbagbo de Costa de Marfil, pero los rusos ya están tratando con el nuevo gobierno sirio para mantener sus bases de Tartús y Latakia, por lo que calcula que Moscú puede entregar a Asad en unos tres años. “¿Por qué no lo devolverían? No les sirve de nada y no le deben nada”.

La CIJA ya ha utilizado los documentos en 13 casos contra funcionarios del régimen en todo el mundo, incluido un juicio en Estados Unidos que encontró al régimen de Assad culpable de asesinar a la periodista Marie Colvin. Wiley y su equipo trabajan contrarreloj para recopilar más documentos antes de que sean destruidos o se pierdan evidencias, después de que los palacios y centros de detención fueran saqueados por civiles tras la caída del régimen.

De momento, este y otros asuntos fueron tratados en la Conferencia para el Diálogo Nacional celebrada en Damasco el 26 de febrero, aunque no fueron invitados todos los representantes de la sociedad civil y se ha denunciado una pésima organización. No obstante, Morad afirma que se trató el tema de los desaparecidos y se recabaron ideas para formar un comité independiente. El jueves, el Ministerio de Exteriores anunció la creación de un comité nacional para los desaparecidos. Un primer paso para sosegar a los familiares y enterrar con respeto a sus muertos.