No existe una sola explicación verosímil de la fuga de Carles Puigdemont que no pase por algún tipo de amaño tácito o explícito entre el Gobierno, la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona. Ninguna. Y esa, la de que vivimos en un régimen bananero, es la explicación benevolente. Porque la alternativa es deducir que ellos, por mucho que nos duela, son mucho más listos que nosotros. Prefiero la teoría del amaño.
Este viernes, en Espejo Público de A3, tres agentes de policía han dado largas explicaciones sobre el porqué del fracaso del operativo de los Mossos. Yo estaba en el plató y llevaba hablando sobre ese asunto casi una hora junto a Lorena García, Afra Blanco y Jaime de los Santos. La escena era absurda. ¿Qué hacíamos esas siete personas especulando sobre la logística de la fuga de Puigdemont y del operativo policial cuando quienes deberían haber estado dando explicaciones en vivo y en directo son en todo caso Fernando Grande-Marlaska, Joan Ignasi Elena y Jaume Collboni?
¿Por qué le hemos preguntado sobre el asunto a esos tres representantes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado cuando la responsabilidad es evidentemente política y los agentes de los Mossos sólo han ejercido de extras involuntarios de una pantomima grotesca diseñada por los interesados en que esto acabara como ha acabado?
Decía Pastrana en X que cuando un gobierno decide de forma arbitraria a quién no debe detenerse estamos a sólo un paso de que acabe decidiendo de forma arbitraria a quién debe detenerse. Don Raggio decía que "el Estado español es intermitente" porque aparece cuando ingresas el IVA con 24 horas de retraso, pero desaparece cuando el prófugo más buscado del país se planta en España y organiza un mitin. Ciriaco lo remataba con la última astracanada de Nicolás Maduro: "Venezuela va camino de convertirse en Canadá, Reino Unido o España".
Luego ha llegado la rueda de prensa del consejero de Interior catalán y de los altos mandos de los Mossos y la densidad de la mamarrachada ha alcanzado niveles dañinos para la salud. Me abstengo de reproducir lo que se ha dicho fuera de micro, porque todavía acabará alguien en la cárcel por delito de pensamiento, que es el único que sigue penándose sin piedad en nuestro Estado de derecho.
La primera excusa de los gerifaltes de la oclocracia catalana ha sido que la orden de detención de Puigdemont "no cumple" con la ley de amnistía. Porque ahora las leyes no las interpretan ya los jueces, como en las democracias, sino los políticos en función de sus intereses personales, como en los protectorados caribeños. La nueva normalidad es que un burócrata decida que otro burócrata no entre en la cárcel, aunque lo haya ordenado un juez, porque la soberanía nacional reside en sus santos antojos.
Luego han dicho que no se esperaban el "comportamiento impropio" de Carles Puigdemont. Es decir, que el tipo saliera por piernas del lugar.
Aquí hay que comprenderles. Quién iba a imaginar que pudiera darles gato por liebre un prófugo de la justicia que lleva siete años viviendo a todo trapo de la pensión de los jubilados que cada mes le hacen un bizum a su mesías de los encarregats.
Luego han dicho que todo se complicó mucho más allá de lo previsto. Los organizadores del mitin habían atado las vallas con bridas, Puigdemont caminaba demasiado rápido, los asistentes se pusieron gorros de paja para despistar a los agentes, y luego, en plena persecución del vehículo de Puigdemont, los Mossos se toparon con una "fase semafórica". Es decir, con un semáforo en rojo.
Todo esto es literal. No me estoy inventando nada.
Al mando de los Mossos que ha dado esas explicaciones sólo le ha faltado decir, encogiéndose de hombros, que él no mandó a sus agentes a luchar contra los elementos.
🗣️Eduard Sallent, comisario de los Mossos: “Nuestra previsión era hacer la detención en el lugar más idóneo. Una masa de personas que configuró un muro no nos permitió acceder” pic.twitter.com/DYO2VwlFL4
— EL ESPAÑOL (@elespanolcom) August 9, 2024
Dijo Nayib Bukele, uno de los pocos líderes políticos actuales que sabe que el monopolio de la fuerza le corresponde al Estado, que cuando un gobierno no combate la criminalidad no es porque no tenga la capacidad de hacerlo, sino porque quienes están en ese gobierno son cómplices de los criminales.
El cinismo se ha convertido en el modo por defecto de la relación de los políticos con los ciudadanos. Ellos dictan las leyes, luego las incumplen y después te cuentan que lo han hecho por nuestro bien. Porque cumplirlas habría provocado un mal mayor. O porque no nos conviene que tal o cual político acabe en la cárcel. O porque había un bien mayor a preservar que casualmente siempre coincide con sus intereses personales.
Pero la del semáforo en rojo no me la esperaba. Hay que reconocerles a nuestros servidores públicos que, a pesar de su esférica incompetencia, en algo sí nos superan con creces a los humildes mulos de carga del sector privado: en su capacidad para detectar el nivel de inteligencia de sus votantes y actuar luego en consecuencia.
Nos han tomado a todos por idiotas y lo jodido es que deben de tener razón, porque ellos están ahí y nosotros aquí. Manteniéndoles.
Una "fase semafórica". Genios.