Ni la conferencia de apertura del curso político en el Instituto Cervantes en Madrid, ni el discurso ante el Comité Federal del PSOE, donde aseguró que gobernaría "con o sin el apoyo del legislativo".
Pedro Sánchez eligió como escenario para la reaparición del conejo de la regeneración que aguardaba en la chistera la reunión de la interparlamentaria socialista de ayer. En ella anunció que el Consejo de Ministros aprobaría hoy martes aquel Plan de regeneración democrática que trajo entre sus brazos cuando emergió de su retiro de cinco días, y que luego llevó al Congreso a mediados de julio rebautizándolo como Plan de acción por la democracia.
El presidente declaró ayer que se trataba de un plan "que emana de nuestra Constitución", con "medidas aprobadas por el Parlamento Europeo y por la propia Comisión Europea".
Pedro Sánchez, presidente del Gobierno. null
También aseguró con sorna que esperaba el apoyo del Partido Popular y que las amenazas a la libertad que existen en Venezuela eran comparables a la "máquina del fango" que amenaza la democracia en nuestro país.
Aplausos entusiastas en la sala Ernest Lluch.
Y así ha sido. Los ministros Bolaños y Urtasun nos han relatado hoy, extensamente y con profusión (y repetición) de detalles, referencias, opiniones y comentarios, el qué, el porqué y el para qué de ese plan.
En este momento puede haber muchos análisis y diversas aproximaciones. Pero yo voy a optar de nuevo, por necesidad y convicción, por hacer un ejercicio de verificación de datos.
El Plan de acción por la democracia europea fue impulsado hace cuatro años por la vicepresidenta Vêra Jourová, en plena pandemia. Se adoptó en 2020 con el voto favorable tanto de los socialistas como de los populares europeos, y concluyó con la legislatura el pasado mes de junio.
El plan tenía como objetivo establecer y fortalecer de forma consensuada, en un mundo puesto del revés, los tres pilares de defensa de la democracia europea: la lucha contra la desinformación, la promoción y defensa de elecciones libres y justas, e, inseparablemente, el refuerzo de la libertad de los medios de comunicación.
En diciembre de 2023 se revisó el trabajo realizado y se introdujo en dicho plan el paquete de Defensa de la Democracia.
¿Saben para qué?
Para desarrollar un marco legislativo con normas comunes de transparencia y rendición de cuentas para lobbies dedicados a influir en el proceso de toma de decisiones en la Unión en nombre de terceros países.
Para promover unas elecciones libres, justas y resilientes (a la vista de la cita electoral de las europeas).
Y, ¡atención!, para promover la participación de los ciudadanos y las organizaciones de la sociedad civil en la elaboración de las políticas.
En julio de 2024, el presidente del Gobierno de España descubrió en ese Plan de acción por la democracia europea una coartada perfecta para inventar un (inexistente) mandato europeo de desarrollo del mismo que se tradujera en la puesta en marcha de su propio plan.
Un plan pergeñado en aquel retiro y reflexión de abril, y motivado, como expresó con sus propias palabras en la carta que dirigió a la ciudadanía, por la campaña orquestada por la derecha, la ultraderecha y los medios de comunicación contra él y su esposa.
Esa era la razón y no otra.
Así, Sánchez decidió apropiarse del nombre y se lo plantó sobre la marcha al Plan de regeneración democrática que llevaba dos meses rumiando, entre los seudomedios y la máquina del fango.
Usar el nombre del plan no significaba ni mucho menos que el suyo fuera la trasposición obligada de este. Pero esa cobertura europea le fue útil cual caballo de Troya para vestir su iniciativa personal e instrumentalizar el Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación a su capricho de cónyuge colérico, antes de que languideciera y quedara en poca cosa o nada, como a la vista está que será el caso.
El ministro de Cultura, Ernest Urtasun. EFE
Pero para quien no es nada buena esta componenda es para los ciudadanos, porque intenta confundirlos a propósito.
El Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación no tiene que trasponerse, porque es de aplicación directa en todos los Estados miembros desde que se aprobó en marzo. No necesita de ningún cambio legislativo nacional.
No es verdad por tanto eso de que "ahora toca trasladarlo a España", porque lleva meses en vigor, con el texto tal cual se votó, sin necesidad de interpretar, desarrollar o inventar.
El presidente Sánchez pronunció en el Congreso esas mismas palabras, a sabiendas de su falsedad. ¿Fue aquel un bulo interesado lanzado en directo por el presidente del Gobierno de España en sede parlamentaria y con la máxima exposición mediática?
Lo cierto es que la democracia no necesita regenerarse. Son los políticos los que tienen que hacerlo. Hasta el CIS lo confirma. Por prurito conceptual, profesional y democrático básico, un Plan de acción por la democracia anunciado por el jefe del Gobierno debería empezar precisamente con la asunción de un código ético por parte del Gobierno que preside.
Quienes más responsabilidad tienen, quienes ejercen el máximo poder ejecutivo en nuestro país, son quienes deben asumir un compromiso ético más exigente.
¿Cómo puede el presidente del Gobierno pedir a los medios de comunicación que se autorregulen, que cumplan sus códigos deontológicos, o que se reforme y endurezca el Código de Conducta de las Cortes Generales, mientras elude adoptar uno que se obligue a cumplir?
Y les aseguro que hemos hecho ímprobos esfuerzos para que suscriba el Código Ético del Gobierno elaborado por Hay Derecho y España Mejor. Pero nada. Ni recibirlo en mano ha querido.
No hay grandes diferencias entre lo anunciado en julio y lo aprobado hoy en el Consejo de Ministros. Lo más notable es que el Gobierno, de tanto envolverse en el Reglamento y el Plan europeo, se ha cobijado del todo en sus mimbres y no se ha atrevido a cargar frontalmente contra los medios (no afines).
Les reconozco que tengo muy pocas dudas sobre el recorrido de este plan (más allá de los cien millones de euros que ya se están repartiendo entre medios afines, no creo que vaya muy lejos). Lo que ha presentado hoy Sánchez es un artefacto multitema, que va desde lo electoral a lo penal, conformado por treinta y una medidas muy declarativas y de aspecto casi políticamente correcto.
Una macedonia de colores que servirá para mantener debates y titulares, que parecerá que no afecta en nada a la vida cotidiana de los ciudadanos, pero que enmascara un objetivo esencial de restricción de libertades civiles.
Hay algunas medidas específicas que deberían servir para alertarnos especialmente.
1. El registro de propiedad e inversión de medios de comunicación que distinga medios de "seudomedios".
2. La reanimación de la ley de lobbies.
3. El reparto (ya en marcha) de cien millones de euros a medios con dudosos criterios de selección.
4. La descarada discriminación positiva de medios en lenguas cooficiales.
5. La nueva ley de publicidad institucional sin mención a la transparencia de inversiones publicitarias de las empresas públicas (que manejan cerca del 80% de los presupuestos).
6. La reforma de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia para que asuma la competencia en materia de servicios digitales y medios de comunicación.
7. Una nueva comisión parlamentaria sobre desinformación que sirva como cajón de sastre.
Me preocupa profundamente la insistente utilización en este plan de una palabra que no sólo me infunde muchísimo respeto, sino que es mi derecho constitucional: la veracidad.
El artículo 20 de nuestra Constitución dice expresamente que los ciudadanos tenemos derecho a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. Nótese que no dice medio de comunicación. Las páginas web del Gobierno, de los partidos políticos y de las instituciones públicas son poderosísimos medios de difusión de información obligadas a ese principio de veracidad.
Asegurar que el objetivo de control a los medios de comunicación que vertebra el plan se basa en el artículo 20 de la Constitución, y que garantiza el derecho a la información veraz, es una broma macabra y una colosal falta de respeto a los ciudadanos.
La transparencia y la rendición de cuentas son un empeño común de todos los que buscamos hacer España mejor. En los dos meses transcurridos desde el anuncio de este plan en sede parlamentaria, Pedro Sánchez y su gobierno han tenido tiempo y una gran oportunidad de involucrar de verdad a la sociedad civil, a toda, en esa tarea compartida.
Y no lo han hecho.
Pero los ciudadanos necesitamos y tenemos derecho a participar activamente en la propuesta de soluciones a los problemas que nos afectan, y no podemos, no debemos dejar de reclamarlo. No podemos, no debemos dejar de ejercer nuestro poder. Porque ahí sí que nos va la democracia.