La muerte de Bimba Bosé ha deparado muestras de lo mejor, pero también de lo peor del ser humano. Los mensajes en Twitter de duelo y solidaridad han resultado empañadas por una avalancha de insultos y de ataques homófobos contra la familia Bosé a manos de usuarios cobardemente amparados en el anonimato. Las ofensas han sido tan viles y macabras, y el ánimo injurioso tan evidente, que una ola de indignación ha prendido las redes sociales exigiendo la identificación de los troles y la actuación de la Fiscalía. El Ministerio Público, de hecho, investiga ya los tuits vejatorios para dirimir posibles delitos de odio homófobo o injurias y vejaciones.

El caso de Bimba, convertida en diana de los abyectos mientras sus seres queridos velaban su cuerpo, es una prueba palmaria de hasta qué punto el uso de las redes sociales precisa una revisión normativa sobre la protección de la libertad de expresión, el derecho al honor, y frente a los delitos de odio. La depuración de responsabilidades penales por estos delitos responde a un paradigma mediático superado por internet. Twitter o Facebook han convertido en comunicadores potencialmente masivos a millones de usuarios cuya libertad de expresión y opinión no puede abstraerse de la repercusión de sus pronunciamientos.

Otros casos

Los ataques a la modelo y a su familia, singularmente escabrosos, retrotraen a otros casos recientes, como los chistes sobre el exterminio de los judíos y las víctimas del terrorismo de Guillermo Zapata, por los que fue juzgado y absuelto; la pena de un año de cárcel que ha impuesto el Supremo al cantante César Strawberry por enaltecimiento de ETA y los GRAPO; el procesamiento de una tuitera de Murcia por difundir bromas sobre el atentado contra Carrero Blanco; o las investigaciones abiertas después de que antitaurinos desaprensivos celebrasen la cogida de muerte del diestro Víctor Barrio, o se mofasen y deseasen el fallecimiento del pequeño Adrián, el niño de ocho años enfermo de cáncer que sueña con ser torero.

Todos estos casos no son iguales y, de hecho, no han tenido idénticos desenlaces. Pero todos se parecen, además de en el flagrante mal gusto de los autores de los tuits, en que las redes sociales multiplicaron los mensajes. En este sentido hay aspectos en Twitter que deberían corregirse. Es inaceptable que la red permita no identificarse a quienes se registran, lo que puede convertirse en una garantía de impunidad. En caso de delito la red social debería poder considerarse responsable civil subsidiaria.

La legislación sólo permite promover la acción penal por vejaciones a la persona ofendida, por lo que menospreciar a quienes han fallecido puede salirle gratis a los energúmenos. Es verdad que Miguel Bosé podría ejercer la acción porque ha sido personalmente insultado. Sin embargo, dado que hay motivos sobrados para perseguir delitos de odio homófobo, la Fiscalía haría bien en tomar la iniciativa y ahorrar a la familia el dolor de actuar de forma personal.