EBAU, EVAU, ABAU, PEVAU. La multiplicidad de nombres que reciben las pruebas de acceso a la universidad en las 17 comunidades españolas es la prueba más evidente posible de la fragmentación del sistema y de los graves problemas derivados de esta.
Y entre esos problemas, la falta de un criterio de evaluación común para todos los estudiantes españoles. Campo abonado para la picaresca y la manipulación del sistema. Es decir, para la desigualdad entre estudiantes en función de su comunidad de origen.
La prueba unificada que Alberto Núñez Feijóo anunció ayer miércoles en León para las once comunidades en las que gobierna el PP es un paso en la dirección correcta. Y eso a pesar de las dificultades que plantea el modelo, sobre todo en las comunidades que cuentan con una lengua cooficial diferente al español (Valencia, Baleares y Galicia).
Pero también es, paradójicamente, una decisión que aleja la verdadera solución al problema: la de una EBAU unificada para toda España.
En primer lugar, porque la creación de un 'bloque educativo de las comunidades populares' opuesto al 'bloque educativo de las comunidades socialistas y nacionalistas' ahonda en la idea de las dos Españas, la del PP y la del PSOE, separadas por ese muro que pidió levantar Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados.
En segundo lugar, porque ¿qué ocurrirá cuando alguna de esas comunidades pase a ser gobernada por el PSOE, o cuando alguna de las no gobernadas por el PP pase a manos de los populares?
¿Veremos un continuo cambio de 'bloque educativo' en función de los resultados en las urnas?
Más grave aún. ¿Acabará España teniendo dos EBAU distintas, una popular y otra socialista, enfrentadas entre sí? ¿Y qué político escapará entonces a la tentación de relajar los criterios de evaluación de 'su' EBAU por motivos estrictamente electoralistas?
La realidad es que aunque unificar la EBAU de las once comunidades del PP puede ser un decisión inteligente desde el punto de vista educativo, puede acabar resultando contraproducente desde el punto de vista político, pues anula cualquier posible incentivo que pueda tener el PSOE para pactar una prueba común para toda España con el PP.
Hay ámbitos en los que el pacto entre los dos grandes partidos españoles es una opción. Pero hay otros, aquellos en los que las competencias están distribuidas, en los que el pacto es imprescindible.
Por eso este diario pide que Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo negocien, en una reunión monográfica, una política educativa común para todos los españoles.
La EBAU unificada propuesta por el PP para sus comunidades sólo debería ponerse en marcha una vez se hayan agotado todas las posibilidades de pacto.
La culpa en este caso está repartida al 50%. El PSOE no pactó con el PP las medidas de refuerzo para Matemáticas y de mejora de la comprensión lectora. Un reconocimiento tácito, por cierto, del fracaso de la Ley Celaá. Pero el PP se quedó solo en 2021 votando en contra de la nueva ley de Formación Profesional (Vox se abstuvo).
Tampoco colaboró el PP con el PSOE cuando la ministra de Educación Pilar Alegría puso en marcha una prueba piloto en cincuenta centros de educación secundaria con el objetivo de que estudiantes y profesores testaran las nuevas pruebas de la EBAU.
El sistema educativo, en resumen, no puede convertirse en una herramienta más de la batalla política e ideológica. Las escuelas no pueden ser tampoco un campo de batalla en el que experimentar disparatadas teorías pedagógicas que acaban lastrando la formación de cientos de miles de estudiantes españoles ni el campo base desde el que iniciar la ascensión a la cima de la Moncloa por parte del PP.
Unificar la EBAU y armonizar el sistema educativo español con un temario común de mínimos es impostergable. El pacto entre PP y PSOE, una obligación política. El PP camina en la buena dirección, pero no puede hacerlo en solitario y dejando atrás a las comunidades del PSOE.
Las opciones de pacto deben ser exploradas hasta el último aliento. Con especial intensidad en el terreno educativo.