La concesión de la cautelarísima por el Consejo Superior de Deportes al FC Barcelona para permitir la inscripción temporal de Dani Olmo y Pau Víctor, levantó ampollas entre clubes y aficionados, que entendieron la decisión como un trato de favor al Barça o incluso motivada por intereses políticos.

Pero, según ha podido comprobar EL ESPAÑOL, la resolución del CSD no sólo revela que el Barcelona entregó en tiempo y forma la documentación acreditativa del cumplimiento de las normas de control económico. También detalla que todo el caso Olmo radica en varios errores legales graves cometidos por LaLiga y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

En este sentido, el texto señala la "falta de competencia" de la Comisión de Seguimiento del Convenio RFEF-LaLiga para tomar la decisión de no aceptar la inscripción de Olmo y Víctor hasta final de temporada.

La tan polémica decisión se demuestra a la postre lógica. Ante la negligencia de Javier Tebas, que apoyó su argumentación en un acuerdo de una comisión que no tiene dicha competencia, y el consiguiente fallo "nulo", al órgano gubernamental no le quedó otro remedio que la concesión de la cautelar para extender las licencias temporales de los dos futbolistas.

Es cierto que el Barça ha sido esta vez víctima del empleo despótico del control financiero por LaLiga. Pero no puede olvidarse que en otras ocasiones se ha beneficiado de él y ha sido cómplice, como cuando pactó con Tebas retirar la querella contra el acuerdo de CVC a cambio de una flexibilización de las condiciones de inscripción.

El problema va mucho más allá del FC Barcelona, y reside en la instrumentalización de LaLiga de la supervisión financiera de los equipos para ejercer el poder. Tebas se ha servido a lo largo de los últimos años del límite salarial como medida de control a los clubes, pero no de control económico, sino de control personal.

Por descontado, el fútbol necesita supervisión financiera. Pero esta debe ser transparente, dotada de unas reglas claras e iguales para todos los equipos, y encomendarse a un órgano independiente.

El modelo a seguir es el de Inglaterra, que impondrá por ley que la vigilancia financiera en la Premier League quede a cargo de un auditor externo, sin dependencia de la Premier.

En España, en cambio, LaLiga detenta intereses en ámbitos como los derechos televisivos o el marketing, lo que hace que establezca una relación de poder con sus atribuciones de supervisión financiera. Con el modelo inglés, el fútbol español se libraría además de intervenciones políticas como la que ha tenido que efectuar el CSD.

La constatación de que el control económico se contempla como un arma con la que negociar debe servir para reparar en que se está produciendo una argentinización del fútbol español. En el sentido de Julio Grondona, quien fuera presidente de la Asociación del Fútbol Argentino y vicepresidente Sénior de la FIFA. Tebas está utilizando la vigilancia financiera de la misma forma, como un sistema de reparto de favores y compra de voluntades.

El caso Olmo es sólo el último escándalo en un fútbol español permanentemente bajo sospecha (tras la etapa Rubiales ha elegido ahora como nuevo presidente de la RFEF a un condenado por prevaricación), y que parece decidido a continuar dilapidando irreparablemente su reputación.