De una lectura superficial e ingenua del real decreto ley aprobado este martes por el Gobierno para la reubicación de los 4.400 menas, parecería deducirse que, como ha defendido Ángel Víctor Torres, los criterios para la distribución son, en efecto, "objetivos y transparentes".
Gracias a ello, Junts puede esgrimir que, aunque parezca lo contrario, es justo el reparto que establece este decreto, en virtud del cual Cataluña tendrá que asumir entre 20 y 30 menores no acompañados, mientras que a Madrid le corresponderían unos 700.
Pero la letra pequeña reside en que, aunque los criterios serán prácticamente los mismos que los aprobados en 2022 en una conferencia sectorial con las comunidades autónomas, se ha modificado el peso porcentual que tendrá cada uno de ellos. Lo cual arroja una distribución muy diferente respecto a la acordada anteriormente.
Teniendo en cuenta que el Gobierno ha pactado con Junts el apoyo a este decreto, y que contamos con una nutrida casuística de precedentes de modificaciones normativas a la carta para obtener los 7 votos de Puigdemont, lo más razonable sería sospechar que los números se han hecho ad hoc para beneficiar a Cataluña.
Y, de hecho, que en vez de haberse negado a acoger un sólo inmigrante más, en Junts hayan aceptado que Cataluña reciba la irrisoria cifra de 20, es una forma de recochinearse abiertamente de la farsa que supone el apaño del Gobierno.
Aún así, Junts ha justificado la discriminatoria cuota para Cataluña alegando que el nuevo modelo de distribución está diseñado para equilibrar el mayor esfuerzo de acogida realizado históricamente por comunidades como la suya.
Y es cierto que en Cataluña está asilado el mayor número de menas después de Canarias.
Pero hay un hecho igual de incontrovertible. Y es que, como arrojan las proyecciones realizadas por EL ESPAÑOL, cuando el criterio de reparto no estaba pactado con Junts, a Cataluña le correspondían 270 inmigrantes más que ahora. Y a Madrid, 430 menos.
Lo cual sólo permite concluir que los factores correctores añadidos a los criterios del pacto base de 2022 han sido introducidos para que Cataluña (además de País Vasco) fuera adjudicada con un menor número de inmigrantes irregulares.
Es decir, que aunque se haya disfrazado de algoritmo neutro y general, se ha hecho el cálculo inverso para amañar la fórmula de reparto y obtener el resultado deseado. Y se trata por tanto de una imposición caprichosa de solidaridad, pactada con el partido más insolidario de todos, en lugar de atendiendo a consideraciones objetivas basadas en el principio de equidad interterritorial.
Resulta obvio que este acuerdo entre el Gobierno y Junts no puede desligarse del firmado hace un par de semanas para transferir a la Generalitat las competencias de inmigración, y que implicaba un análogo tratamiento preferencial a Cataluña. Un acuerdo que el mismo día de la aprobación del decreto ha vuelto a ser defendido por Jordi Turull con el argumentario del identitarismo nacionalista y xenófobo.
Además de la anunciada batalla en los tribunales que darán Isabel Díaz Ayuso o Alfonso Fernández Mañueco contra la nueva reubicación, es razonable esperar que vaya a toparse con problemas legales para su ejecución. Porque aunque la adjudicación de las cuotas es competencia del Estado central, las competencias de acogida que se ven afectadas están atribuidas a las comunidades autónomas.
Lo lógico habría sido que la decisión de modificar extraordinariamente la distribución de menas se hubiera tomado siguiendo un criterio consensuado con todos los gobiernos regionales.
En cambio, se le ha dado a Junts la facultad de arbitrar una normativa para el resto de CCAA que no se va a aplicar en su territorio. Porque, cuando las competencias de inmigración sean transferidas a la Generalitat, Cataluña quedará excluida del régimen migratorio común.
O puesto de otro modo, se ha hecho cierto con Junts el dicho de que "quien reparte se queda con la mejor parte".