Hubo un momento, meses antes del referéndum ilegal del 1-0 de 2017, en el que los partidos independentistas temieron por su celebración. El acuerdo entre ellos tenía como horizonte la convocatoria de un plebiscito para preguntar a los catalanes si querían independizarse de España. Pero las relaciones entre Carles Puigdemont, líder entonces del PDeCAT, y de Oriol Junqueras, de ERC, nunca fueron buenas. Como siguen sin serlo ahora.
Ambos entonces formaban parte de esa gran coalición de conveniencia independentista llamada Junts pel Sí, que veía cómo el proyecto común corría riesgo de descarrilar. “Hubo gente que se movilizó para decir: ‘esto no puede ser, estos dos tíos se tienen que entender y hacer el referéndum como sea’. Y dentro de estas personas que ejercieron de puente estuvieron David Madí, que fue un hombre muy importante con Artur Mas y dirigió su campaña en 2010, y Xavier Vendrell, que había formado sido consejero de Gobernación con ERC”.
Rememora el relato Oriol March, jefe de Política del diario 'Nació Digital' y autor del libro ‘Los entresijos del procés’ (Catarata, 2018). “Se intentaron buscar perfiles afines a ambos partidos sin que pertenecieran a ellos orgánicamente, es decir, gente que ya no tuviera cargos y no hubiera sufrido encontronazos con sus líderes”. Se formó así lo que se vino a llamar el ‘Estado mayor del procés’, un círculo de poder reducido, del que formaban parte Puigdemont y Junqueras, pero también esos otros intermediarios.
“Este Estado mayor tuvo tanto poder que llegó a contar con más información que el propio Gobierno catalán. De hecho, hubo consejeros de Puigdemont que prefirieron irse a su casa porque consideraban que se estaban tomando decisiones a sus espaldas”, remacha Oriol March. El independentismo consiguió celebrar el 1-0, coordinar las protestas posteriores tras la represión policial y mantener viva una fuerza de acción hasta que en 2019 el Tribunal Supremo dictó sentencia firme contra 18 de sus protagonistas. Xavier Vendrell se libró de aquellas causas, aunque hoy algunos de esos hechos han propiciado que se siente en el banquillo.
Voloh
En octubre de 2020 la Guardia Civil detuvo a 21 personas, implicadas en el llamado caso Voloh, una operación que investiga el desvío de fondos públicos para fines relacionados con la causa independentista. Y entre esos fines estaban las manifestaciones celebradas por la plataforma Tsunami Democràtic, surgida en 2019, justo después del juicio del 'procés'. Figuraban entre los arrestados David Madí o Xavier Vendrell, además del empresario Oriol Soler o el director de la oficina de Puigdemont, Josep Lluís Alay. Según las investigaciones, algunos implicados habrían mantenido contactos con representantes del Kremlin y otros habrían aprovechado su implicación en Tsunami para obtener adjudicaciones de la Generalitat y desviar, presuntamente, parte del dinero obtenido a la Casa de la República de Puigdemont en Bruselas.
Según afirman a EL ESPAÑOL | PORFOLIO fuentes judiciales que se encargan del caso, Voloh es un “macroproceso que abarca muchos ámbitos y cuyas acusaciones en algunos casos parecen poco consistentes”. A Vendrell se le relaciona con un asunto de presunta prevaricación urbanística y tráfico de influencias, tras haber conseguido que su finca Villa Bugatti, una masía de lujo en la que se celebraban eventos, fuera recalificada para poder acoger un gran centro educativo. Gracias a esa operación urbanística, aprobada por la Generalitat -Vendrell ya no ostentaba cargo público, pero seguía teniendo buenos contactos con la Administración-, el terreno pasó a doblar su valor, de cinco a diez millones de euros.
Xavier Vendrell junto al empresario Oriol Soler a la salida de un juzgado de Barcelona en 2020
El juez que instruye el caso todavía está realizando las diligencias previas, por lo que aún no hay cargos contra los implicados. Sin embargo, de su investigación han ido surgiendo varias piezas separadas, como la que ha llevado la investigación sobre los supuestos integrantes de Tsunami Democràtic a la Audiencia Nacional. Las indagaciones del caso Voloh se basaron en escuchas telefónicas a varios de los detenidos, y de ellas se extrajo la implicación de diferentes personalidades en los incidentes callejeros posteriores al juicio del 'procés'.
[La Guardia Civil sitúa a Marta Rovira (ERC) como "coordinadora" del Tsunami que tomó El Prat]
Terrorismo y amnistía
En el informe que la Guardia Civil remitió este viernes al juez de la Audiencia Manuel García-Castellón, el Instituto Armado considera a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, “coordinadora” de Tsunami. Rovira, que huyó a Suiza en 2018, habría realizado las labores de organización del movimiento, pero en la cúpula de dicha organización también estarían el empresario Oriol Soler y Xavier Vendrell. Tsunami Democràtic protagonizó en 2019 el bloqueo del aeropuerto de El Prat, el corte de la carretera AP-7 en la frontera entre La Jonquera (Girona) y Francia o las protestas en el partido de fútbol entre Barcelona y Real Madrid, cuando los aficionados pararon por unos momentos el encuentro tras lanzar pelotas amarillas al campo.
En esos mensajes, los dirigentes hablaban de una “combinación de acción política” y “acciones para poner en jaque al Estado” como una doble vía para seguir adelante con la causa independentista. El juez de la Audiencia deberá determinar si estos hechos ofrecen indicios de terrorismo o si, de lo contrario, se trató únicamente de casos de desorden público, en cuyo caso la pieza sería devuelta a los juzgados de Barcelona.
Miles de personas ocupan el aeropuerto de El Prat en 2019 convocadas por Tsunami Democràtic
Si bien Tsunami Democràtic se presentaba como una plataforma ciudadana que basaba sus acciones en la desobediencia civil, también este viernes la Audiencia Nacional decidió juzgar por delitos de terrorismo a 12 miembros de los Comités de la Defensa de la República (CDR), surgidos tras el 1-0, que protagonizaron incidentes callejeros con la Policía. Estas decisiones de la Justicia podrían estar relacionadas con las discrepancias en la redacción de la ley de amnistía por las que Puigdemont todavía no ha dado su visto bueno al pacto de investidura con Pedro Sánchez.
Mientras el expresident dilataba sus negociaciones con el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, el secretario general de Junts, Jordi Turull, enviaba un mensaje a la cúpula del partido en el que advertía de que “no aceptarían” una amnistía “sólo para los VIP, no dejaremos ningún soldado tirado”.
El entorno de Puigdemont no quiere dejar a nadie fuera de esa ley de amnistía, de la que aún no se conoce su redacción. Pero desde un punto de vista legal, el meollo de la cuestión está en cómo incluir a personalidades que no fueron juzgadas por los hechos del 1-0 y los días posteriores y que, sin embargo, han ido apareciendo posteriormente en cuestiones paralelas. Sobre todo, si las acusaciones todavía no son firmes y, como ocurre con los implicados por el caso Voloh, si los presuntos delitos obedecen a otros asuntos, como la prevaricación, la malversación de fondos o el blanqueo de capitales.
“Ahora mismo una figura como la de Vendrell podría suponer uno de los grandes problemas de la negociación”, opina una fuente judicial implicada en estos casos. Como también lo es Josep Lluís Alay, mano derecha del expresident, y cuyo nombre aparece en la operación Voloh tras haber viajado a Moscú para reunirse con empresarios rusos.
Xavier Vendrell con el lazo amarillo en solidaridad por los presos del procés
“Los episodios ocurridos en 2017 tras el 1-0 y los de 2019 de después del juicio del procés fueron sospechosamente similares. En el caso de Tsunami creo que no hay un único cerebro, creo que se trata de una conjugación de partidos y entidades organizados de forma muy parecida a lo que ocurrió tras el referéndum. La diferencia es que la primera vez hubo caras visibles, como la de Jordi Sánchez o Jordi Cuixart, mientras que en la segunda estos estaban en la cárcel y se optó por un movimiento invisible que se dejó en manos de la calle. El problema es que cuando entregas un movimiento de este tipo a la calle, se te puede descontrolar”, opina el autor de ‘Los entresijos del procés’.
De Terra Lliure a ERC
Para quienes conocen a Xavier Vendrell, coincide con su forma de hacer las cosas. Antes de entrar en la rueda de la política, él mismo reconoció haber sido miembro del grupo terrorista Terra Lliure y participar en sendos atentados con bomba: uno en 1989 en una oficina del INEM en Hospitalet de Llobregat y otro un año después contra la compañía Hidroeléctricas del Segre en Olesa de Montserrat. Declaró en 1992 en la Audiencia Nacional, el juez decretó para él prisión eludible con fianza de 500.000 pesetas, pero finalmente las causas fueron sobreseídas en 1996.
“Él no tenía una gran formación doctrinal, era un hombre de acción, de origen humilde, a quien le gustaba intimidar para imponer su criterio”, cuenta alguien que ha compartido viajes con él pero que prefiere no dar su nombre. Enrolado en movimientos marxistas, Vendrell comenzó a estudiar Ingeniería Electrónica y más tarde cursó a distancia Ciencias Políticas. Participó activamente en la disolución de Terra Lliure en 1991 y poco después entró a militar en ERC.
Compatibilizó la política con sus primeras experiencias profesionales en el mundo de la empresa. Fue elegido concejal en su municipio natal, Sant Joan Despí (Barcelona), y gracias a esa experiencia de gestión empresarial se hizo con la secretaría de organización de las finanzas de ERC entre 1996 y 2006. Ya había saltado al Parlamento de Cataluña, cuando en 2006 Pasqual Maragall, al frente de un tripartito de izquierdas, lo nombró consejero de Gobernación, un cargo en el que no llegó a cumplir ni un mes. Permaneció como diputado y en 2010 se apartó oficialmente de la política.
Xavier Vendrell durante su etapa en ERC
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Los negocios colombianos
“Tuvo un cargo efímero y no fue un político demasiado brillante, pero esa experiencia política le permitió entablar relaciones con la izquierda alternativa latinoamericana”, asegura esa fuente que lo acompañó en alguno de sus viajes por aquel continente. Asistió como observador a elecciones en diferentes países y en esas conoció a quien acababa de ser elegido alcalde de Bogotá, Gustavo Petro. “Quedamos a tomar un café y yo me enamoré, me enamoré de ese político”, declaró Vendrell a la prensa. Era 2011 y su relación daría después muchas vueltas.
Para entonces el expolítico catalán ya había asumido la dirección de Biomek, una compañía del sector sanitario dedicada a la biomédica. Y en cuestión de un año fundó Barcelona Export Group, nacida como una consultora que asesoraba a empresas principalmente en América Latina. Sin embargo, sus vínculos con Colombia se fueron estrechando y ahora esa empresa tiene una oficina en Barcelona, pero todo su músculo financiero en el país latinoamericano. Cuenta con una torre de 28 pisos en Bogotá con diferentes usos comerciales, otros proyectos inmobiliarios repartidos por el país, una planta de recolección de residuos en Santa Marta, paneles solares en la misma ciudad y se dedica a la exportación de productos agrícolas de aquel país, entre otros negocios.
Vendrell montó incluso una cámara de Comercio entre Cataluña y Colombia -al margen de otra oficial que ya existía-, vive entre Barcelona y Bogotá y se deja ver cada año por los salones de negocios más exclusivos, como la Smart City Expo World Congress, que se celebra la semana que viene en la Ciudad Condal. Encontró así otra doble vía: seguir asesorando a dirigentes latinoamericanos y hacer negocios con ellos. Y tras las últimas elecciones generales en Colombia, del año pasado, pegó su último pelotazo.
Xavier Vendrell junto a Gustavo Petro
El ya empresario catalán participó en esos comicios como asesor de Gustavo Petro, quien había acudido previamente a Barcelona el 1-0 de 2017 para participar como observador en el referéndum ilegal. El dirigente colombiano conseguía esta vez, tras dos intentos frustrados, alcanzar la Presidencia del país con un programa renovado de izquierdas.
Vendrell organizó “un equipo de hasta 40 personas que trabajaron en la comunicación del proyecto del ahora presidente colombiano, ayudó a estructurar un equipo de seguridad personal del candidato y estructuró un enorme tejido de voluntariado, que llegó a superar las 86.000 personas repartidas por todo el país”, declaró él mismo hace un año a EL ESPAÑOL. Dice que ya había trabajado con él más “como amigo que como asesor”, aunque esta vez el contrato fue de 45.000.000 pesos colombianos -unos 10.500 euros-, según publicó la prensa colombiana.
El premio gordo llegó, sin embargo, meses después. Tras el éxito de su colaboración, este año Petro le concedió a Vendrell la nacionalidad colombiana. Ahora el empresario, político y conseguidor catalán se enfrenta a varias causas abiertas en la Justicia española, a la espera de que presenten cargos contra él. Una vez firmado el acuerdo con ERC, “Puigdemont y Junqueras mantienen su rivalidad y están presionando para que haya dos amnistías: una conseguida por cada uno de ellos, para poder presentarla a sus votantes como un gran logro”, opina Oriol March.
Vendrell, que fue el hombre que consiguió poner de acuerdo a ambos políticos enfrentados, podría beneficiarse de la amnistía que apruebe el Gobierno, quedarse fuera de ella si el pacto no incluye a perfiles como el suyo o no necesitarla en caso de que los jueces no aprecien delitos para inculparle. En último término, quién sabe si no le quedará Colombia, y convertirse en el último exiliado del 'procés'.
