La noticia del desmantelamiento de OCON-Sur, el grupo de élite de la Guardia Civil en la lucha contra el narcotráfico, cogió a muchos por sorpresa a finales del verano de 2022. Era inexplicable: 150 agentes en comisión de servicio, disponibles las 24 horas los 7 días de la semana. ¿Resultados? Todos. Muchas detenciones, alijos por toneladas, incautaciones. Cada pocas semanas, macrooperaciones.
Por vez primera, además, se trabajaba de forma coordinada para asestar dónde más podía dolerle a quien es narco de verdad, y no al gayumbero, el currito que alija la droga. Asestaban los golpes más duros a la cúpula de los clanes centrándose en el blanqueo de capitales.
La supresión de OCON-Sur sorprendió, y mucho, porque en marzo de aquel año, Interior amplió el Plan de Seguridad para el Campo de Gibraltar a otras tres provincias andaluzas: Granada, Almería y Sevilla, que se sumaron a las de Cádiz, Málaga y Huelva. "No pararemos hasta convertir nuestro ámbito de actuación en un territorio hostil a los grupos criminales que se dedican al tráfico de estupefacientes y el contrabando", explicó el ministro Fernando Grande-Marlaska en Cádiz, durante una multitudinaria rueda de prensa.
También dotó a aquel plan con 35,3 millones de euros. Una de las razones de la ampliación fue la presión ejercida por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en las tres provincias costeras occidentales. Aquello propició un movimiento natural que hizo que el narco se desplazara a otras para seguir operando, precisan fuentes conocedoras de la lucha contra el tráfico de drogas a EL ESPAÑOL | Porfolio.
Nadie podía intuir que meses después fraguó, esta vez en silencio, la disolución de OCON-Sur, tal y como avanzó este periódico. Coincidió con la marcha, en agosto, del jefe del grupo, David Oliva, recién ascendido a teniente coronel. Se enteró de la noticia en Málaga mientras esperaba destino. En el almuerzo de despedida, el 31 de agosto, nada se dijo. Nadie sabía nada. En septiembre se notificó a los agentes.
Para entonces, Asuntos Internos de la Guardia Civil ya estaba investigando al jefe de la OCON por indicios claros de presunta corrupción. Hoy Oliva, quien cuenta con más de 60 condecoraciones, figura como investigado por dos presuntos delitos de revelación de secretos y cohecho. Aquella investigación al líder de OCON-Sur precipitó su disolución, pero no solo.
A otros, sin embargo, la supresión de OCON no les pilló por sorpresa cuando todavía no se sabía nada de la futura imputación de Oliva. Un histórico mando de la lucha contra el narcotráfico en la Guardia Civil subraya a EL ESPAÑOL | Porfolio que su origen "se hizo con buen criterio. Era una buena idea. Lo crearon de cero, e Interior les dio los medios que les negaban históricamente a las unidades orgánicas de la Policía Judicial".
A los agentes de la unidad "los seleccionaba una única persona, David Oliva. Integraban a agentes curtidos, que venían de policía judicial, con otros que no. Decían que seleccionaban a los mejores, pero al final no era así. Es imposible que el criterio de una única persona sea siempre el mejor".
Otro mando policial tan experto en narcotráfico como pionero en investigarlo detalla que Oliva "es bueno trabajando, y tiene una buena cabeza. Pero con OCON-Sur fue muy ambicioso por gloria personal. Sobraron historias largas", precisa, aludiendo a la espectacularidad numérica de los titulares, con decenas de detenidos.
Porque, incide, "en estos temas (de narcotráfico) hay que juntar cartas y ver qué mano hay. Oliva se montaba las historias a su interés. Y hay veces que si se puede actuar, se actúa, y si no, se sigue investigando. Porque luego lo que pasa es que los sueltan en el juzgado". Y preocupaba, porque aquello, además de que se investigaba y detenía a gente que nada tenía que ver, podía dar lugar a absoluciones a los malos.
Las absoluciones
Entre octubre y noviembre de 2018, OCON-Sur detuvo a 11 personas en Algeciras en el marco de una operación antidroga. Cuatro años después resultaron condenados tres. Los otros ocho, entre ellos seis ceutíes, quedaron absueltos. La Fiscalía dirigió en su escrito por tráfico de drogas que estas personas no tenían una vinculación que pudiera sostener su implicación en el caso.
También ocurrió en el segundo juicio al Clan de Los Castaña, celebrado este 2023 al albur de la investigación que propició la operación 'Dismantle', desarrollada en 2020 por OCON-Sur. De 157 acusados, el primer día del juicio 20 fueron absueltos, y otros 70, en su mayoría sin recursos económicos y asistidos por abogados de oficio, pactaron sus condenas. No obstante, Antonio Tejón abonó este agosto la fianza de 400.000 euros tras pasar tres años en prisión a la espera de esta sentencia.
El primer juicio contra el clan, celebrado en 2022, arrojó otra, siendo ésta asombrosa: Antonio y Francisco Isco Tejón y otras 14 personas miembros del clan fueron absueltos del delito de organización criminal dedicada al tráfico de drogas. El motivo fue que no existían pruebas suficientes de su vinculación con los delitos que se les imputaban.
Al margen de todo esto, el run run en el ámbito de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado era de escepticismo absoluto ante aquellos operativos. "¿De una tacada 60 u 80 detenidos? Todos sabíamos que era un palote", cuenta otra fuente policial del Campo de Gibraltar en referencia a aquellas macrooperaciones. "Lo sabíamos todos, en la Guardia Civil y hasta la Policía Nacional: que muchas detenciones eran para aumentar las estadísticas. Eso, y que la mayoría de los detenidos no llegara ni siquiera a juicio porque eran inocentes... pues lo veíamos mal".
En el amargo y largo camino desde la detención y el archivo, o el juicio y la absolución, muchos de ellos investigados incluso también por blanqueo, "se les congelaban las cuentas durante años. Nadie se para a pensar en los daños colaterales que esto producía. A mucha gente inocente se le ha destrozado la vida por tener un vínculo mínimo, pero mínimo, con alguno que era narco", cuenta un abogado del Campo de Gibraltar. "Iban con patente de corso, buscando estadísticas".
Para combatir al narco, las garantías procesales deben ser muy escrupulosas. Y no lo eran, porque criminalizaban a un entorno entero.
Así, precisa, "la primera, segunda y tercera vez, lo haces con impunidad. A la cuarta o a la quinta, ya no", sostiene esta fuente haciendo referencia a otra de las razones de disolución del grupo.
Pero ¿cómo era posible tal manejo de información secreta para efectuar tanta macrooperación? Hay varios motivos. El primero de ellos fue la creación de una tupida y bien pertrechada red de confidentes. El segundo lo avanzó la semana pasada ABC: el uso de balizas chinas ilegales para efectuar seguimientos. Ilegales, por no ser las oficiales, selladas, inmanipulables y certificadas por la Casa de Moneda y Timbre. Y también ilegales en cuanto a los datos registrados, porque para su colocación no se solicitaba permiso al juez.
Eran adquiridas por los propios agentes en AliExpress, y luego se les abonaban con cargo a fondos reservados. El ritmo de compras era tal que llegó un momento en el que los agentes "se negaron a pagarlas de su bolsillo, y comenzó a abonarlas un capitán, quien también compraba las tarjetas SIM, poniéndolas todas a su nombre", asegura una fuente de toda solvencia, conocedora del caso.
Otro agente de la Guardia Civil experto en narcotráfico precisa que "el uso de balizas está muy restringido. Lo mismo las pedías a Madrid y te tardaban 5 meses en llegar, a lo mejor cuando ya no te hacían ni falta porque para el operativo que las pediste ya no eran necesarias. Luego llegó la regulación normativa, y solo se podían usar las certificadas". Aun así, había pocas.
"Incluso había lista de espera, y venían de Madrid a ponerlas. Lo que extraña es que OCON las adquiriera ilegales, porque desde que empezaron a funcionar como grupo en 2018 se les otorgó de más medios económicos y técnicos que a ninguno. Muchos pensábamos y pensamos que con dotar de más medios a los ya existentes en la lucha contra el narco habría sido suficiente".
Las balizas
Según fuentes policiales consultadas de toda solvencia, uno de los vehículos balizados ilegalmente fue el que arrolló y acabó en el acto con la vida del Guardia Civil de Tráfico Agustín Cárdenas, en mayo de 2021.
"El agente se encontraba en un control rutinario de tráfico en la A-381, en las inmediaciones de Jerez de la Frontera, y le ordenaron que lo siguiera, con la mala suerte de que el vehículo, un Renault Megane, lo atropelló. Lo que nos preguntamos inmediatamente entonces fue que cómo se había enterado la Guardia Civil de que había que perseguir a aquel coche".
En estos años se adquirieron unas 1.400 balizas chinas. De las colocadas "se ha pedido orden judicial aproximadamente para el 30% de ellas", cuenta a EL ESPAÑOL | Porfolio otra fuente de total solidez. Por tanto, el 70% no tenían autorización del juez. El caso es que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil "contaba con 80 balizas legales, con el control de la Casa de Moneda y Timbre, inmanipulables. No se usó ni una. No interesaba".
-Pregunta. ¿No interesaba?
-Respuesta. No. Había que solicitar una autorización a Madrid, y hacer un seguimiento con una aplicación con el certificado digital de los agentes. Luego estaba la autorización judicial, con la que había que reportar información cada 15 días al juzgado. Mucho trabajo administrativo. Eso no gustaba.
-P. ¿Por qué no gustaba?
-R. Lo que no gustaba tampoco era el control.
El 30% de las balizas eran autorizadas por el juez, "que presuponía por supuesto que eran legales. Lo cierto es que se balizaba todo lo que se podía. Si había suerte y pillaban algo, se cambiaban los parámetros de las fechas", precisa un abogado, quien augura que "habrá muchos imputados por narcotráfico que solicitarán que se archive su caso por haber sido investigados así y además, habiendo sido investigados de manera prospectiva".
"Todavía hay balizas chinas ilegales colocadas en vehículos. Una de ellas, en el Mercedes que sigue usando Oliva en Málaga, y que pertenece a la Comandancia de Algeciras. Se balizó por riesgo de secuestro. Las que sobraron sin colocar se repartieron por las EDOA (Equipos de Delincuencia Organizada y Antidrogas)". Lo asegura un agente de la Guardia Civil quien, como todas las fuentes sólidas cuyo testimonio figura en este este reportaje, pide anonimato. Básicamente, son dos modelos los adquiridos: las Tekscar para coche y las Spot para embarcaciones. Éstas últimas no van por GSM como las de los vehículos, sino por satélite.
"Al usar las balizas chinas, que son ilegales, y no cumplir con la circular de la Fiscalía, las causas son nulas de pleno derecho", precisa la misma fuente. La circular a la que alude es la 4/2019 del Ministerio Fiscal, que indicó hace 4 años que la colocación de balizas -controladas y legales- incide en el derecho fundamental a la intimidad personal, pero que las fuerzas y cuerpos de seguridad pueden realizar seguimientos personales, en el marco de una investigación, sin necesidad de autorización policial. Pero también precisa la circular que la utilización y colocación de dispositivos de seguimiento y localización sí está sometida a la previa autorización judicial.
Por ello, los abogados consultados por este periódico auguran "una catarata de solicitudes de nulidad" en aquellos casos en los que se compruebe que en el operativo se usó una de estas balizas chinas, "manipulables", y para más inri "sin autorización judicial".
Las entradas y las nóminas
De una EDOA precisamente es la investigación que culminó el 23 de febrero de este año en Vejer de la Frontera (Cádiz) con la detención de J.S.G.M. "Se balizó sin autorización judicial una furgoneta de alquiler con la connivencia de la empresa de alquiler. Se balizó con un dispositivo chino el día 20, aunque fue el 23 cuando entró la Guardia Civil en la guardería, con el apoyo del GAR (Grupo de Acción Rápida)".
"Se incautaron entonces 500 kilos de hachís y se detuvo al dueño del inmueble. En aquella operación se engrilletó al padre, pero también al hijo que estaba con él en la casa, un menor de edad, alegando motivos de seguridad".
"Era vox populi que OCON entraba a muchos sitios sin autorizaciones judiciales", resume una fuente policial. "Entraban a sitios en los que no se podía entrar. Había mucha gente kamikaze. Y no pasaba nada porque el objetivo era conseguir resultados", precisa.
Por otro lado estaba la situación de los miembros del grupo, trabajando en comisión de servicio. "Hacienda, si haces 9 meses en el mismo sitio comisionado, te cobra un pastón. Para evitar que la gente se fuera de OCON (por el tema de Hacienda) a los 9 meses se los comisionaba en otra base de OCON aun trabajando en la misma. Esto es fácilmente comprobable con los atestados donde han trabajado los de Jerez de la Frontera por ejemplo, estando comisionados en Benalmádena o Almería".
También hubo rivalidades internas. Muchas. "Por las nóminas. Un OCON cobraba 18.000 euros más que un agente de la Policía Judicial, por ejemplo. Así, un agente de menor rango acababa cobrando el doble que otro superior en el escalafón que no fuera de este grupo", precisa un abogado del Campo de Gibraltar.
Solo así se explica que Oliva presuntamente ofreciera a un agente de Asuntos Internos -de origen andaluz y destinado en Madrid- un puesto en el grupo del que era jefe. A cambio, supuestamente tenía que informarle sobre si estaba siendo investigado. Aquel presunto trueque le valió la imputación por supuesto cohecho, porque aquel agente recaló finalmente en OCON-Sur.
"Todo eso de los sueldazos, unido a que cuando llegaron absorbieron investigaciones de años de otros grupos y agentes... pues el resultado es que la gente misma de dentro estaba hasta los cojones de OCON".
No solo absorbieron investigaciones de otros grupos de la Guardia Civil. A EL ESPAÑOL | Porfolio explica una fuente, miembro de la Policía Nacional de la provincia de Cádiz, que "también se apropiaban de investigaciones de la Policía Nacional. Porque entraban en las bases de datos de Inteligencia, donde se volcaba todo lo que se estaba haciendo, miraban y si veían alguna investigación que les interesase, abrían diligencias en cualquier juzgado de algo que ya investigaba la Policía Nacional".
Lo que acababa ocurriendo es que "se cruzaban las investigaciones, y en ocasiones derivaban en operaciones conjuntas. Se suponía que OCON era un órgano de coordinación, pero no. Más que coordinar, se lo apuntaban todo".