Desde que se produjo el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 el independentismo se ha rodeado de una serie de ingenieros informáticos con los que ha tratado de construir un espacio alternativo y seguro para desarrollar su proyecto de país. Un entorno digital en el que escapar de los controles de las autoridades españolas y desde el que articular una política que tenía su sede física en una casa a las afueras de Bruselas. De la creación de lo que la Guardia Civil llamó el CNI catalán, que serviría como un servicio de Inteligencia paralelo al del Estado, al desarrollo de una aplicación para móviles desde la que podrían celebrar votaciones. Elecciones de cualquier tipo, como por ejemplo, un referéndum. "Nosotros hemos creado una tecnología que puede ser útil para mucha gente: empresas, asociaciones, partidos políticos o gobiernos. Y simplemente la ponemos a disposición de quien la compre", asegura a EL ESPAÑOL | PORFOLIO uno de sus desarrolladores.
Ésta es la última vuelta de tuerca de todos estos estos expertos informáticos al servicio del independentismo, esta plataforma llamada OnVote, desde la que sería posible realizar un hipotético referéndum ya a partir de 2024. "Nos basamos en una tecnología Blockchain que permite realizar consultas de una forma completamente eficiente y segura. Y, además, de forma mucho más barata, porque ahorra todos los trámites que requieren sacar las urnas a las calles. Es una forma más guay de votar, digamos", asegura el experto informático. Según él, se trata únicamente de un negocio, no hay un encargo específico por parte del entorno de Puigdemont ni de ninguna otra entidad. "Vimos la oportunidad de crear un entorno digital de este tipo, que puede ser interesante para muchas entidades, y nos dedicamos a hacerlo", insiste.
El software es un producto nuevo basado en la tecnología Web3, un servicio que garantiza el funcionamiento de la aplicación sin la necesidad de estar alojada en un servidor. "Utiliza una serie de tokens [claves numéricas] digitales que permite a los usuarios identificarse; y gracias a los mecanismos criptográficos que utilizamos es posible realizar operaciones de forma segura, como puede ser un voto telemático", explica el desarrollador. El informático subraya que su cometido consiste en "mejorar la gobernanza" de diferentes entidades gracias a este tipo de votaciones.
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OnVote ha sido creada por una empresa llamada Vocdoni, fundada en 2018, con origen en Cataluña pero sede legal en Tallín (Estonia). Este país, además servir como base también para la estructura financiera del Consell de la República, es una referencia a nivel mundial en el uso de la tecnología Blockchain, que permite realizar transacciones con criptomonedas. El trabajador de Vocdoni declara que la compañía "se financia a través de donaciones privadas" sin especificar la procedencia, aunque la Guardia Civil revela en un informe que la compañía matriz ingresó 168.034,05 entre el tercer trimestre de 2018 y el segundo de 2020, cuando apenas tenía actividad, por lo que deduce que su financiación pudo proceder del entorno de Carles Puigdemont tras varios viajes de los creadores de la plataforma a Bruselas.
Sus principales responsables están siendo investigados por la Guardia Civil en una trama cuyo objetivo sería, según el Instituto Armado, la creación de una República Digital Catalana. Y, a su vez, ellos mismos denuncian haber sido espiados por el software Pegasus, con el que habrían sido infectados a través de sus teléfonos móviles u ordenadores. Precisamente esta semana, el Congreso ha aprobado la creación de una comisión de investigación para investigar el supuesto espionaje de diferentes personalidades independentistas, después de que el organismo canadiense Citizen Lab denunciara en 2022 estos hechos. Además, el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès —entre los espiados—, ha ratificado una denuncia presentada por el caso Pegasus y ha pedido al Gobierno que levante el secreto de las investigaciones del CNI, algo a lo que el Ejecutivo ha abierto la puerta.
Carles Puigdemont y la app 'OnVote' en un fotomontaje
En paralelo, la Guardia Civil lleva años siguiendo una investigación en la que están presentes cerca de una decena de ingenieros informáticos. EL ESPAÑOL | PORFOLIO ha tratado de ponerse en contacto con la mayoría de ellos, pero o bien han restringido las llamadas entrantes o no dan ninguna explicación al respecto. Existen tres tramas que se entremezclan y en la que algunos personajes sirven como nexo. Su organigrama es complejo, por lo que nos disponemos a realizar una radiografía de su estructura.
CNI catalán
Así es como bautizó la Guardia Civil a una serie de individuos que tendrían acceso a información sensible y que en 2018 la habrían puesto a disposición de los CDR para "mediante el uso de la violencia y la fuerza asaltar, ocupar y defender en el tiempo el Parlamento de Cataluña, con el objetivo, junto con otras iniciativas simultáneas o sucesivas, de subvertir el orden constitucional y generar una crisis de graves e imprevisibles consecuencias políticas e institucionales". Se trata del primer intento por digitalizar la causa independentista. Algunos de sus protagonistas también habrían asesorado al Consell de la República, el órgano creado por el propio Puigdemont para actuar como una especie de ente consultivo que se pronunciaría sobre las políticas marcadas desde Waterloo.
Miquel Montero Quadras
El líder de este supuesto CNI catalán, según los informes de las Fuerzas de Seguridad del Estado, sería el ingeniero informático Miquel Montero de Quadras. Se trata de un hombre de 47 años de Sant Cugat del Vallés (Barcelona), procedente de una familia acomoda próxima a la antigua Convergencia Democrática de Cataluña, que en 2017 creó una compañía de inteligencia artificial llamada Atomian Cognitive. Montero de Quadras figura como CEO de esta compañía y, según su perfil de Linkedin, actualmente reside en Nueva York.
De las escuchas de la Guardia Civil se extrae que Montero de Quadras le recriminó a otro socio que divulgara sus datos personales, cuando utilizaba el pseudónimo de Carles Nin Izquierdo (cuyas iniciales componen las siglas CNI). El informático era una referencia en el ámbito de la inteligencia artificial en España y hace años fue entrevistado acerca de esta materia por medios como El País o La Vanguardia. Él siempre negó estar implicado en trama alguna, declaró que no había sido citado por ningún juzgado, aunque él mismo sí que interpuso una querella por difamación. "Cientos de miles de personas han estado mobilizadas [sic] durante mucho tiempo, siempre de forma pacífica. Y yo? Yo la verdad es que poquita cosa. Pero si a cenar con amigos le van a añadir un tinte criminal, soy culpable de vez en cuando", escribió hace un año en su perfil de Twitter.
La cena a la que se refiere fue una cita con los otros ingenieros informáticos Roger Vilaseca y David Ollé, quienes habían viajado previamente a Waterloo, presuntamente con la intención de desarrollar la aplicación del Consell de la República, un entorno digital bastante sofisticado para el escaso poder real del propio Consell.
Roger Vilaseca es —o fue— miembro del propio Consell, ya que el pasado septiembre firmó una carta junto con otros 30 integrantes de este órgano en el que denunciaban la deriva marcada por Puigdemont y su lugarteniente Toni Comín. De hecho, el propio Consell votó posteriormente en contra de que Puigdemont pactara con Pedro Sánchez para facilitar la investidura. Vilaseca tiene una empresa informática y en 2018 se adjudicó un concurso público del Ayuntamiento de Sant Feliú de Llobregat (Barcelona) por valor de 5.200 euros para ofrecer cursos de ofimática básica a sus ciudadanos.
En el registro mercantil figura el nombre de David Ollé (coinciden sus dos apellidos) como presidente y apoderado de la compañía Vigolle SA, con sede en Sant Cugat Sesgarrigues (Barcelona), dedicada al transporte de mercancías por carretera. Es experto en infraestructuras en entornos digitales y niega estar involucrado en ninguna trama.
De izq. a dch.: Joan Canadell, Roger Vilaseca, David Ollé y Miquel Montero de Quadras, en la imagen de su reunión obtenida por la Guardia Civil
El enlace de este llamado CNI catalán sería Ramir de Porrata-Doria, economista, ingeniero de telecomunicaciones, CEO de la empresa Keonn y antiguo candidato de Junts al Parlamento de Cataluña por la circunscripción de Barcelona. El empresario es muy activo en redes y en 2017, antes de la creación de Tsunami Democràtic, llamó a "la ciudadanía a tomar el control del territorio". Consultado por EL ESPAÑOL | PORFOLIO se niega a hacer declaraciones acerca del presunto espionaje a dirigentes independentistas —su nombre no figura en esa lista— y prefiere mantener "máxima discreción" al respecto.
República Digital
En realidad ambas tramas tendrían como fin la creación de esa llamada República Digital Catalana. Pero en esta segunda fase los objetivos son mucho más ambiciosos y sus resultados, por el momento, más concretos. Aquí es cuando nace la aplicación OnVote con la que se podría votar en un hipotético referéndum, de la que están detrás principalmente los expertos informáticos Pau Escrich, Jordi Baylina y Elíes Campo. Un experto en ciberseguridad, consultado por este periódico, afirma de ellos que "no son parte del ciber español. Tampoco con capaces por sí mismos de haber creado la aplicación de Tsunami Democràtic, que está muy bien hecha, pero Elíes y Jordi tienen perfil para contactar con quienes pudieron hacerlo fuera de España".
Pau Escrich
Pau Escrich es también ingeniero informático, experto en programación libre y jefe de Aragon Association, una compañía sin ánimo de lucro —así se presenta en su página web— con sede en Suiza, dedicada a la gestión de fondos a través de tokens digitales. Actualmente trabaja para Vocdoni, la desarrolladora de la aplicación OnVote.
El otro cerebro del entramado es Jordi Baylina. Es desarrollador de Blockchain, programador de la plataforma de código abierto Ethereum y en sus redes sociales se define como "Catalonia freedom fighter" ("luchador por la libertad de Cataluña"). También participó en la creación de otra compañía llamada Hermez, dedicada a las transacciones con criptomonedas.
Jordi Baylina
Es hijo de programador informático y enfermera y en una entrevista en el portal independentista VilaWeb aseguraba que tenía su compañía en Suiza. En la entrevista se declaraba simpatizante de la causa, aunque negaba toda implicación en Tsunami Democràtic. Reconoce que se reunió con el exconseller de Políticas Digitales y Territorio, aunque únicamente para hablar de sus conocimientos profesionales.
El otro rostro visible de este entramado, y quizás el personaje más mediático, es Elíes Campo Cid. Aseguraba haber pertenecido a WhatsApp y Telegram, aunque en esta compañía negaron que estuviera contratado por ellos. Campo trabajó para la Administración pública catalana y en el pasado también fue entrevistado por diferentes medios acerca de su actividad. Pero, su verdadero salto a la fama se produjo cuando en 2022 participó en la redacción del informe sobre el CatalanGate, la presunta trama de espionaje por la que 65 personalidades del universo independentista habrían sido infectados por Pegasus. Campo era juez y parte, ya que además de coautor del informe, su nombre también estaba entre los presuntos espiados.
Pegasus
Aquí es donde las dos últimas tramas confluyen. Porque los tres ingenieros informáticos implicados en el desarrollo de OnVote figuran entre las teóricas víctimas de Pegasus. El otro personaje que aparece en ambas redes es Joan Matamala, empresario de 64 años, amigo de la infancia de Puigdemont, dueño de la librería Les Voltes de Girona y fundador de Fundació Nord, que impulsa el voto electrónico y la tecnología Blockchain. También ofreció una entrevista al portal VilaWeb en la que no esconde sus simpatías independentistas y se muestra tranquilo en cuanto al espionaje, ya que dice que también fue perseguido como "militante antifranquista".
El informe en el que se denuncia el espionaje de Pegasus fue realizado por parte del instituto CitizenLab, con sede en Toronto (Canadá). El organismo se dedica a la investigación de datos y a la seguridad de diferentes entidades políticas, entre otras actividades. Y su director, Ron Deibert, es muy cercano a Edward Snowden, quien filtró en 2013 una gran cantidad de información de la Agencia de Seguridad Nacional estadounidense. CitizenLab está financiada, entre otras sociedades, por Open Society Foundation, propiedad del magnate George Soros, filántropo y enemigo acérrimo de la ultraderecha, desde Victor Orbán a Donald Trump. EL ESPAÑOL | PORFOLIO ha tratado de ponerse en contacto tanto con CitizenLab como con su director, pero no ha obtenido respuesta.
Elias Campo figura también en la investigación de la Guardia Civil sobre el CNI Catalán
Quien sí comenta el informe del instituto canadiense es José Javier Olivas, doctor en Ciencias Políticas por la London School of Economics and Political Science (LSE) y actual investigador de la UNED. Olivas ha realizado un amplio dosier sobre el llamado CatalanGate y asegura al teléfono que el trabajo de CitizenLab es algo "fraudulento". "No cumple con los más mínimos criterios académicos, no informa sobre su metodología, oculta cómo fue ese presunto espionaje y además no respeta el conflicto de intereses, ya que uno de sus autores también se supone que fue espiado". Olivas cree que toda relación del independentismo con el desarrollo de las criptomonedas tiene que ver con "una petición de los rusos para poder recibir pagos". El vínculo entre el independentismo y el Kremlin está siendo investigado en un juzgado de Barcelona en el llamado caso Volhov.
El experto en ciberseguridad anteriormente citado asegura que "las intervenciones de Pegasus son bastante caras. No están al alcance de un ciudadano de a pie, hablamos de cientos de miles de euros. Aún así es raro lo que declaran algunos de ellos de que les desaparecían los emails o se movían de sitio. Pegasus no deja señal. A no ser que el que lo maneja sea lo suficientemente torpe para hacerlo, pero nadie pone a un lelo a realizar esas tareas con herramientas caras".
Ahora, el asunto de Pegasus ha vuelto a primera línea tras la comisión de investigación parlamentaria y las denuncias por parte de la Generalitat. Se enmarca en el contexto del llamado lawfare que denuncian desde Cataluña, por el que una parte de los jueces estarían librando una batalla política contra los dirigentes independentistas. El Gobierno ha reconocido que el CNI investigó a 18 personas, entre quienes estarían los citados Baylina, Escrich y Matamala, y el caso le costó el cargo a la exdirectora de los servicios de inteligencia Paz Esteban. Llama la atención que entre políticos, empresarios y representantes de la sociedad civil haya un grupo tan nutrido de expertos informáticos. Ellos serían los hackers del procés. Todos los mencionados en este artículo están en los papeles de la Guardia Civil.
