Andrea y José Ángel Ríos, mariscador en huelga de hambre.
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Un mariscador en huelga de hambre en Ferrol: "Yo no quiero una pensión y ya, quiero trabajar"
José Ángel Ríos, mariscador durante 35 años en la ría de Ferrol, lleva desde el 3 de febrero en huelga de hambre tras perder su incapacidad, su pensión y el empleo adaptado que le permitía seguir trabajando
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José Ángel Ríos dedicó 35 años de su vida a ser mariscador en la ría de Ferrol, hasta que el cuerpo le dijo basta. Una artrosis severa, rotura del labrum y el deterioro de los tendones del brazo fue lo que obligó a este hombre de 54 años a dejar el mar y, tras casi tres años de baja médica, logró que se le reconociera una incapacidad parcial, lo que le permitió acceder a un empleo adaptado a sus limitaciones.
Tras un año recibiendo la pensión acorde a su incapacidad y pudiendo desempeñarse en un nuevo empleo sin las exigencias del mar, José Ángel vio su incapacidad anulada sin previo aviso ni evaluación médica. Como consecuencia de ello, fue despedido también de su empleo actual, que estaba destinado exclusivamente a personas con incapacidades o movilidad reducida. De la noche a la mañana se vio sin ingresos y sin poder volver a su antigua profesión debido a sus condiciones físicas.
Es así cómo, ante el silencio por parte de la administración y la desesperación de no poder esperar a juicio sin recibir ningún ingreso, José Ángel Ríos lleva desde el día 3 de febrero en huelga de hambre frente al Equipo de Valoración de Incapacidades de Ferrol (EVI).
Su hija Andrea, presa de la impotencia ante la situación de su padre, no dudó en compartir su caso en las redes sociales, donde acumula más de 300.000 visualizaciones en la red social TikTok y una avalancha de apoyo de personas que han vivido situaciones similares en toda España.
Le exigen que devuelva dinero
Para José Ángel dejar de trabajar nunca fue una opción. "Después de 35 años cotizados y que de repente te veas con un brazo medio inútil, sin poder trabajar y en casa comiéndote la cabeza, no es fácil", reconoce su hija Andrea, "Y yo no quiero una pensión y ya, quiero trabajar" contesta Ríos contundente.
Tras años de diagnósticos contradictorios en los que se iba a someter a una cirugía que nunca llegó a término y sesiones de fisioterapia, sumado a la ausencia de mejoría y la imposibilidad de alargar más la baja médica, se le plantearon dos opciones: la incapacidad parcial o la prejubilación, rechazando esta última.
"Con los años que lleva mi padre cotizados le daban 700 euros. ¿Da de algo para vivir? Es muy injusto, y una vez que te ves obligado a aceptar esa situación no hay nada que hacer, ya no puedes ni volver a trabajar ni reclamar esa incapacidad, cero!, comenta Andrea.
"Me quitaron la incapacidad porque se había revisado el caso y había manifestado una gran mejoría, cuando lo que han hecho es revisar informes... yo llevaba casi un año sin que me viera un médico, el cual me dijo que no iba a mejorar y que vendiese mi barco de pesca porque no iba a volver nunca al mar"
Padre e hija tildan de vital el reconocimiento de esa incapacidad parcial porque para una persona como José Ángel, una empresa adaptada a personas con discapacidad era un imprescindible. Como dice Andrea, "era donde sí le podían contratar y atender a sus
necesidades, están para eso. Así, cobrando la pensión y su sueldo, podía llegar a un salario normal y además, tener la mente ocupada y estar trabajando".
Y así fue durante un año, hasta que el pasado octubre el mariscador se dio cuenta de que no le había llegado su pensión, para cuatro días más tarde recibir una carta con la anulación de la misma. "Me quitaron la incapacidad porque se había revisado el caso y había manifestado una gran mejoría, cuando lo que han hecho es revisar informes... yo llevaba casi un año sin que me viera un médico, el cual me dijo que no iba a mejorar y que vendiese mi barco de pesca porque no iba a volver nunca al mar", cuenta José Ángel.
Con esa notificación vino lo peor, y es que sin una incapacidad reconocida oficialmente, Ríos no puede continuar con su trabajo actual, y tampoco posee una discapacidad del 33%, sino del 27%, por lo que no puede optar a ser candidato para ninguna empresa adaptada. Además de la retirada de su incapacidad, José Ángel Ríos cuenta que la administración le exige la devolución de 3.000 euros que, según ellos, cobró de más.
"Se creen que mi padre está aquí por hacer el circo, están tan desconectados de la realidad y de lo que le pasa a la gente de abajo que no miran"
Inicialmente, según afirma Ríos, le reconocieron un año de incapacidad, pero ahora aseguran que fueron dos debido a un "error de cálculo". Como consecuencia, le exigen el reembolso de esa cantidad, que comenzaron a descontarle progresivamente de su pensión. "Como él estuvo cobrando dos años de baja en los que cobraba mil euros al mes y el de incapacidad 700 euros, ahora dicen que fue uno de baja y dos de incapacidad. Entonces de ese año que estuvo cobrando cada mes 300 euros de más, ese dinero dicen que se les debe", asegura la hija.
Andrea Ríos critica la falta de transparencia y la manera en que se han llevado a cabo los recortes. "Ahora que ya no cobra su pensión, debe dinero y lo tiene que pagar íntegro y ya. ¿De dónde los pagamos? Si los tengo y los pago, ¿cómo voy a vivir hasta que se solucione esto? Se creen que mi padre está aquí por hacer el circo, están tan desconectados de la realidad y de lo que le pasa a la gente de abajo que no miran", sentencia Andrea.
"Los culpables de la situación no se responsabilizan, ni siquiera preguntan"
Padre e hija denuncian también la falta de apoyos a nivel institucional y sindical en su caso. Ambos aseguran que se sienten desamparados y reivindican que, a pesar de no tener competencia de actuación, el posicionarse de su lado ayudaría.
"Llamamos a sindicatos y dicen que no se puede hacer nada. Nosotros no pedimos soluciones, pedimos apoyo. Pedimos que, al menos, hagan un comunicado diciendo que apoyan la causa...parece que nada un poquito más serio o más grande se pone de nuestro lado", reflexiona Andrea.
Desde la fachada del Equipo de Valoración de Incapacidades de Ferrol, José Ángel y Andrea solamente perciben indiferencia. "Él está aquí solo, nadie le ve, le quitan los carteles. ¿Qué ruido se está haciendo? Nadie ha hecho por interesarse", dice Andrea, que añade: "Los culpables de la situación no se responsabilizan, ni siquiera preguntan, ni le dan los buenos días o le miran a la cara porque incomoda ver a una persona que indirectamente te está diciendo que no supiste hacer bien tu trabajo y que por tu culpa esa persona está sin empleo y sin pensión al final de mes".
José Ángel Ríos en su anterior trabajo de mariscador.
A pesar de la falta de apoyo institucional, la familia ha encontrado en las redes sociales un altavoz para su causa, visibilizando la injusticia que denuncian y alertando sobre un problema que afecta a muchas personas en España: la retirada arbitraria de incapacidades sin una evaluación médica adecuada.
Padre e hija insisten en que no buscan caridad ni ayudas temporales, sino justicia: que se le reconozca la incapacidad que le corresponde, que pueda acceder a un empleo adaptado y que el sistema deje de tratar a los trabajadores como números en un expediente. Mientras tanto, Ríos sigue en huelga de hambre, esperando que su sacrificio sirva para que, al menos, se escuche su voz.
"Yo entiendo que igual a los encargados de esta situación les parezca raro que una persona quiera trabajar, pero ¿por qué no le dejan? Además, cobrando su pensión porque le corresponde, porque no es justo que no la tenga. No ha hecho nada mal, trabajar partiéndose el lomo, y ahora que lo tiene partido merece su pensión y tener un trabajo adaptado, no está pidiendo nada más", concluye la joven.
