El exconcejal compostelano, José Manuel Pichel.
Declara como investigado el exconcejal de Santiago José Manuel Pichel por el 'caso Desproi'
Se acusa a Bugallo y a seis exconcejales de tráfico de influencias y malversación
Más información: El secretario del Concello de Santiago y el exinterventor declaran como testigos en el caso Desproi
El conocido como 'caso Desproi' sigue en vía judicial. La última persona en declarar ha sido José Manuel Pichel, exconcejal socialista de Santiago de Compostela.
La magistrada compostelana Ana López-Suevos, titular del Juzgado de Instrucción número 1 de la capital gallega, abrió diligencias a raíz de una denuncia presentada por el PP en abril de 2023, en la que se acusaba al alcalde y seis concejales de "tráfico de influencias, malversación, fraude en la contratación, negociaciones prohibidas a funcionario público y prevaricación".
Fuentes consultadas por Europa Press han ratificado que Pichel prestó declaración en el juzgado en la pasada jornada.
Fue citado como investigado después de que, el pasado mes de noviembre, compareciesen en calidad de testigos el secretario general del Ayuntamiento, José Manuel G. G., y al anterior interventor municipal, Juan Ramón G. C.
Previamente, en agosto, había trascendido que el fiscal Antonio Roma instaba la declaración de ambos en un escrito en el que analizaba la documentación suscrita por ambos en sus respectivos cargos.
El 'caso Desproi' pone en el foco la gestión local bajo el mandato del ahora senador Xosé Sánchez Bugallo y costó la dimisión, a principios de 2023, de José Manuel Pichel, después de trascender que alquiló una nave industrial para su departamento a una empresa a la que había estado vinculado.
En concreto, los hechos denunciados consisten en la adjudicación de un contrato de arrendamiento que se tramitó por razones de urgencia a favor de Desproi Promociones S.L. por parte de la junta de gobierno local en septiembre de 2021, cuando gobernaba Bugallo.
El objetivo de la causa es determinar si la adjudicación se hizo de forma interesada y sin ajustarse a las normas que rigen la contratación pública.
La dimisión de Pichel no bastó para zanjar el caso, que acabó en el juzgado de la mano del PP, que se mantiene como acusación particular.
Tras el paso de la Fiscalía instando la declaración de dos funcionarios municipales, el gobierno local, que ahora dirige la nacionalista Goretti Sanmartín, decidió personarse.
