Tras 15 años de batalla judicial y 100 millones de euros invertidos en un proyecto que no acaba de ver la luz, Berkeley Minería España aún cree posible explotar uranio en Salamanca
La insólita alianza de PSOE y Vox contra la mina de uranio de Retortillo en plena guerra judicial
Berkeley pone en cuestión la continuidad de un proyecto que, a priori, podría garantizar el suministro de combustible del parque nuclear español 20 años. La plataforma Stop Uranio lo considera un disparate.
3 septiembre, 2023 02:33Continúa el largo y agónico periplo de la minera australiana Berkeley por sacar adelante su proyecto de explotación de la mina de uranio de Retortillo, en Salamanca. Son ya 15 años de batalla judicial contra la Administración; contra unos vecinos 'rebeldes' que se niegan a tener cementerios de residuos radiactivos cerca de sus casas; contra un Consejo de Seguridad Nuclear que negó en un informe la viabilidad del plan de extracción y procesamiento de uranio por sus enormes deficiencias técnicas; contra el ayuntamiento retortillano, liderado por la socialista María del Carmen González, que, en una insólita votación, se alió con Vox para tumbar la licencia urbanística de la mina; contra la plataforma Stop Uranio, que desde hace 11 años da la batalla en los tribunales para acabar con un proyecto que, consideran, es medioambientalmente insostenible.
Una batalla a muerte contra todo y contra todos en la que muy pocos quieren apoyar a Berkeley Minera en su pretensión de explotar la mina de uranio a cielo abierto más grande de Europa. Pero ahí sigue la empresa australiana, que cotiza en la bolsa continua española desde 2018: generando en los tribunales torres de papeles en los que solicita trámites, licencias y lanza recursos mientras ve cómo las puertas se le van cerrando una a una, todo por aumentar una quimera que, en palabras de sus detractores, "sólo busca especular en el mercado y atraer inversores".
El mayor portazo se lo dio en mayo de 2021 el ministerio para la Transición Ecológica (MITECO), que sentenció a muerte la exploración, investigación y explotación de yacimientos de minerales radiactivos con su Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Dos meses después, el Consejo de Seguridad Nuclear publicó un dilapidador informe en el que consideraba inviable la seguridad de la planta de procesamiento de uranio y, en noviembre, el MITECO denegó la construcción de dicha fábrica, lo que llevó a Berkeley a lanzar un recurso contencioso-administrativo que ahora se dirime en la Audiencia Nacional.
Vista aérea del emplazamiento en Campo Charro, donde se pretende realizar la explotación minera Imagen cedida
A la multinacional le quedan pocos clavos ardiendo a los que agarrarse. El más importante lo representa la posibilidad de un cambio de gobierno que apueste por una nueva estrategia energética. No en vano el presidente de Berkeley Minera España, Francisco Bellón, se reunió en diciembre de 2022 con el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo (Vox), uno de los pocos perfiles políticos que aún apoya la apertura de la mina. Las acciones de Berkeley se dispararon un 20% después de las elecciones del 28 de mayo al vislumbrar un cambio de color en la mayoría de comunidades autónomas, pero cayeron un 38% tras el 23-J, cuando las urnas decidieron imposibilitar la investidura de Alberto Núñez Feijóo con un potencial apoyo de la bancada de Vox.
Todo parece indicar que la Audiencia Nacional desestimará el recurso. Si eso ocurriera, la única forma que tendría Berkeley de sacar adelante la mina de uranio sería mediante un cambio en el poder político, con una hipotética reforma de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética y un nuevo equipo directivo en el CSN, el organismo encargado de fiscalizar las centrales nucleares y las demás instalaciones radiactivas.
"No quiero hacer especulación sobre futuros y sobre cambios debidos a temas políticos, pero lo que sí es una realidad es que este proyecto ha sido detenido o puesto en suspenso por una cuestión ideológica del gobierno que tenemos en este momento en España", aseguró Bellón en una entrevista con Capital Radio el pasado junio. "Si hay un cambio de gobierno traería una modificación de la política energética y numerosos beneficios".
Pero las urnas han puesto el proyecto minero en jaque y a un sólo movimiento del mate. Tras vislumbrar en el horizonte otros cuatro años de Pedro Sánchez en la Moncloa, las acciones de Berkeley se desplomaron. Unas semanas después, el pasado 24 de agosto, el ayuntamiento de Retortillo, donde se encuentra la última mina de uranio explotable por Berkeley –había otros dos proyectos de minas, en Villavieja de Yeltes y Alameda de Gardón, ya desestimados– le soltó a la filial australiana un nuevo revés: los cuatro concejales del PSOE y una concejal de Vox votaron de forma coordinada para tumbar la licencia urbanística de explotación concedida a la minera en 2020.
El Ayuntamiento de Retortillo declaró la caducidad de dicha licencia y acordó retomar y concluir de manera urgente el expediente sancionador contra Berkeley iniciado en 2017 por faltas urbanísticas muy graves. Este último apartado se refiere a una denuncia interpuesta por el Seprona y la asociación Stop Uranio por una tala indiscriminada de alrededor de 2.000 encinas centenarias en el espacio en el que se iban a ejecutar las obras de extracción, así como la retirada de más de 25.000 metros cuadrados de suelo en Retortillo.
Sorprende esta inesperada alianza PSOE-Vox, más cuando el propio García Gallardo apoyó abiertamente al presidente de Berkeley en diciembre y que la Junta de Castilla y León no ha hecho nada por frenar el proyecto en los últimos años. "No es que esté en sintonía o no, es que una mina lo único que hace es perjudicar esta zona", sentencia, tajante, Consuelo Sánchez Matías, la representante del partido de Abascal en Retortillo. "¿Una mina que va a estar abierta 10 o 12 años, que se va a cargar todas las explotaciones agrícolas y ganaderas y hasta el balneario que tiene cientos de años y que da trabajo a más de sesenta personas? No creo que a nadie le guste tener una explotación así a las puertas de su casa. Estoy totalmente en contra".
Vista aérea de las encimas taladas por Berkeley Minera para 'limpiar' el terreno de extracción Imagen cedida
Preguntada por si ha recibido presiones de su formación, niega la mayor. "Cada uno somos de un partido y tenemos distintas ideas. Nosotros no vivimos de la política. Nos hemos presentado para ayudar y servir al municipio. Así que no, no hemos recibido ninguna presión. Evidentemente, nos han llamado para preguntarnos, pero he contestado lo mismo", sentencia Sánchez Matías.
Berkeley, por su parte, asegura que aún no ha recibido ningún tipo de documento del ayuntamiento de Retortillo. Tiene explicación. "Lo que hemos hecho ha sido votar sobre el expediente sancionador y la caducidad de la licencia parcial, pero esa no la hemos mandado todavía porque tenemos que darle alguna vuelta", asegura María del Carmen González Hernández, alcaldesa socialista de la localidad salmantina. "Este expediente sancionador era una denuncia por una tala de árboles, por construir una balsa en la zona donde querían abrir la mina y por desviar una carretera provincial para la que no tenían licencia".
La inesperada alianza de los concejales de Retortillo no es el único movimiento reciente desfavorable para Berkeley. En 2013, la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de Castilla y León emitió una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) positiva del proyecto y, en 2016, la Confederación Hidrográfica del Duero le concedió una autorización de vertidos. En respuesta, el ayuntamiento de otro de los municipios donde se iba a abrir una mina, Villavieja de Yeltes, interpuso un recurso, y en 2022 el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León dictaminó que la DIA no era válida para autorizar la concesión de la CHD, pues debía haber sido otorgada por la Administración del Estado, no por una competencia autonómica.
"Lo que cuestiona el Tribunal de Justicia es que la declaración de impacto no debería haber sido emitida por la Junta de Castilla y León", asegura José Ramón Berrueco, secretario y portavoz de la plataforma Stop Uranio. "Es una espina que Berkeley tiene clavada. Si la declaración de impacto ambiental no es posible, tendrían que hacer una declaración nueva. Es decir, volver atrás, con todo lo que ello implica".
Además, el 28 de julio el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó varias multas impuestas por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) a la compañía Berkeley Energía Limited, matriz de Berkeley Minera España. La primera fue de 80.000 €, por haber difundido con demora la información privilegiada relativa a la renovación de una autorización administrativa previa otorgada con fecha 11 de diciembre de 2020 a su filial Berkeley Minera España.
Asimismo, también se ha multó a la matriz de BME con 70.000 € por la comisión de una infracción muy grave tipificada en la Ley del Mercado de Valores, sobre el abuso del mercado, por no haber elaborado la lista de iniciados en relación con la información privilegiada relativa a la renovación de una autorización administrativa previa otorgada a Berkeley Minera España por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
El brindis al sol nuclear
Uno de los principales argumentos de Berkeley para seguir adelante con este proyecto es que extraer uranio de esta mina podría frenar la dependencia energética española del combustible nuclear proveniente de Rusia (en 2021, antes de la guerra de Ucrania, España importaba de Moscú casi el 30%), así como de otros socios "inestables" como Kazajistán, Uzbekistán o Níger. "Esta mina representa el mayor recurso de uranio de la Unión Europea [...] Podría cubrir la totalidad del combustible para las centrales nucleares españolas durante los próximos 20 años", asegura la multinacional.
"Contamos con las reservas de uranio más importantes de la Unión Europea, con capacidad para cubrir toda la demanda nacional y no depender de terceros", asegura a EL ESPAÑOL el propio Francisco Bellón. "Berkeley cuenta con derechos mineros y considera fundamental abastecer con esta energía considerada como 'verde' por la Comisión Europea a aquellas compañías que lo necesiten".
Pero es ahí donde se encuentran con un problema de doble dimensión magnificado por los varapalos judiciales ya mencionados. Primero, España no necesita un aumento exponencial del combustible nuclear dado que el Gobierno de Sánchez ha sentado las bases para el desmantelamiento definitivo del parque nuclear de aquí a 2035. Segundo, el uranio extraído de estas minas no se puede usar directamente para combustible, sino que previamente necesita una fase de tratamiento y enriquecimiento. En la Unión Europea, esto sólo lo pueden hacer Francia y Alemania.
España lo único que tiene es una planta de fabricación de combustible nuclear, ENUSA, situada en Juzbado, a 30 kilómetros de Salamanca. "En la provincia había minería hasta el año 2000", explica Berrueco. "El uranio extraído se mandaba fuera para enriquecer y volvía a España para hacer pastillas de combustible nuclear". En caso de que Berkeley consiguiera explotar la mina de Retortillo, nunca podría enriquecer el uranio, sino que tendría que crear una fábrica para concentrarlo. "En estas minas hay una riqueza de mineral del 0,02", asegura el representante de Stop Uranio. "Es muy poco uranio, por lo que tienes que extraerlo y, primero, concentrarlo para poderlo comercializar".
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Aquí se encuentran la mayoría de las trabas administrativas de este engorro jurídico: además de la explotación de la mina, que técnicamente no habría supuesto demasiados problemas legales antes de la Ley de Cambio Climático, Berkeley quería construir una planta de tratamiento de uranio de primera categoría, pero el Consejo de Seguridad Nuclear emitió en 2021 un informe desfavorable que echó por tierra la iniciativa.
La empresa no cumplía con los requisitos mínimos para garantizar el correcto tratamiento y almacenamiento de los residuos radiactivos generados durante el procesamiento del uranio. El informe del CSN señalaba la escasa fiabilidad y las elevadas incertidumbres de los análisis de seguridad de la instalación radiactiva, como el peligro que supondrían las infiltraciones de residuos a los acuíferos de las zonas colindantes o las emanaciones de gas radón. El demoledor texto también amonestaba a Berkeley por no haber valorado el riesgo de afección radiológica de las escombreras permanentes y por no aportar los planos con las topografías del proyecto.
Manifestaciones en Portugal, a sólo 30 kilómetros de los proyectos mineros, en contra de la apertura de las minas de uranio de Berkeley Imagen cedida
No obstante, el propio Bellón asegura que su empresa cuenta con todos los informes y autorizaciones necesarios para poner en marcha la mina. Quizás sí para explotarla, pero no para tratar el uranio extraído. "El proyecto cuenta con una declaración de impacto ambiental favorable avalada por el CSN, con la concesión de explotación otorgada, con la autorización previa de la instalación de tratamiento del mineral, y todos esos permisos han sido avalados por el Consejo de Seguridad Nuclear".
Y continúa: "Hasta la fecha, y desde 2012, cuando Berkeley inició su actividad en España, las autoridades competentes tanto locales, regionales, estatales y de la Unión Europea han concedido más de 120 permisos e informes favorables en relación con el proyecto Retortillo en Salamanca, entre los que destacan nueve del propio Consejo de Seguridad Nuclear (CSN)", añade Bellón a este diario.
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Consultado por este periódico, el CSN no da crédito a algunas de estas afirmaciones. "Nosotros no concedemos las declaraciones de impacto ambiental. Para su tramitación, se nos consulta en todo lo que tenga que ver con la protección radiológica o la seguridad nuclear, pero en ningún caso es labor del CSN emitir esas declaraciones. Los motivos por los que se denegó [la viabilidad del proyecto] se basaban en las deficiencias técnicas y las incertidumbres que generaban los análisis de seguridad sobre aspectos geotécnicos e hidrogeológicos, además de las dudas sobre el almacenamiento definitivo de los residuos de muy baja actividad".
Las deficiencias técnicas detectadas en la evaluación, asegura el CSN, se refieren principalmente al almacenamiento definitivo de residuos radiactivos de muy baja actividad, que forma parte de la instalación radiactiva de primera categoría, correspondiente al tratamiento del uranio. "Desde un punto de vista regulador, la información aportada no permite acotar la capacidad efectiva de aislamiento de las barreras que Berkeley Minera España propone para envolver los residuos, y consecuentemente tampoco la capacidad de minimizar las concentraciones esperadas de radionúclidos en las potenciales zonas de descarga", explica el informe.
Berkeley niega todas estas acusaciones. Bellón resta hierro a la maraña legal en la que está inmerso su equipo jurídico. "La autorización de construcción es el único permiso que nos queda para iniciar la obra. En abril iniciamos un contencioso administrativo contra la denegación de este permiso en la Audiencia Nacional que está admitido y en curso. Berkeley está preparada y cuenta con financiación para iniciar la construcción [ya ha gastado 100 millones], por lo que sólo es necesario este último permiso". No obstante, los últimos 15 años de realidad parecen ir en su contra.
