Un grupo de jóvenes africanos llegados a Canarias en cayuco camina por las cercanías del centro de acogida para extranjeros de Las Raíces, en La Laguna (Tenerife).
El SOS de Canarias al Gobierno sobre los menas: "Es insostenible; llevamos un mes colapsados"
Las ONG afirman "sentirse incapacitadas" para atender a los menores mientras el Ejecutivo autonómico solicita "ayuda y más recursos".
"En centros de acogida donde debería haber 20 menores nos estamos encontrando a 50. Este año, lo que era algo extraño, se ha convertido en una situación ordinaria. Algunos de los recintos no tienen siquiera cédula de habitabilidad y los migrantes viven en habitaciones con literas completamente hacinados", explica Raquel (nombre ficticio), técnica social en una ONG, a las puertas de un centro de menores en el municipio de Arucas, en la isla de Gran Canaria.
"Este centro en concreto tiene un expediente disciplinario urbanístico, el Ayuntamiento ha solicitado formalmente que se cierre porque no reúne las condiciones de habitabilidad necesarias. Pero sigue abierto, y probablemente lo seguirá, porque no tenemos espacio para trasladar a los jóvenes que están aquí", explica. La situación se repite en otros muchos centros de atención "de emergencia" de las Islas Canarias, creados exprofeso para atender un repunte migratorio.
Una tesitura que ha obligado al Gobierno de Canarias a enviar un SOS al Ejecutivo nacional: "Hace un mes que colapsó el sistema de acogida de menores migrantes. Canarias no puede esperar más. La situación es absolutamente insostenible", afirman a EL ESPAÑOL. "Ahora mismo no hay espacio para más menores. No se les está atendiendo en las mejores condiciones posibles por falta de recursos. Sufren de frustación porque además se sienten encerrados. Otras veces, la alimentación es deficiente y las instalaciones no siempre están adecuadas", dicen fuentes cercanas a la Consejería de Bienestar Social.
Portón de entrada de uno de los centros de acogida en Gran Canaria. EFE.
"El personal está sobrecargado y mal pagado", sostiene en esa línea Sara (nombre ficticio), una joven de 26 años que se dedica profesionalmente a la atención de migrantes en Gran Canaria desde el 2020. "Cuando yo comencé, en plena pandemia, vimos y vivimos cosas muy duras. Pero ahora sentimos que hay un total abandono hacia los menores de edad, que no dejan de ser eso, niños, y que necesitan recibir atención y poder optar a una educación de calidad para que tengan un futuro", concluye.
Centros no aptos
"Las condiciones no son óptimas, los resultados pueden ser catástroficos", coinciden Gobierno, organizaciones no gubernamentales, responsables de centros y activistas por los derechos humanos. Hace tan sólo dos semanas, un centro de acogida de menores extranjeros no acompañados del sur de Gran Canaria fue quemado por un grupo de tutelados. Los motivos se investigan ahora judicialmente. Pero fuentes próximas dicen que los jóvenes buscaban salir del centro por encontrarse apelotonados.
Tras el incidente, Fernando Clavijo, presidente de Canarias, afirmó que "a medida que pasa el tiempo y la saturación y los niños no salen, las situaciones se van complicando". El dirigente, que ha apelado en todo momento a la necesidad de llegar a un acuerdo con el Gobierno de España y la Unión Europea, sentenció de manera contudente: "Da la sensación de que hasta que no ocurra una tragedia o una desgracia de grandes magnitudes no se van a remover algunas conciencias".
Semanas antes, otros periódicos habían denunciado la situación en la que vivían un grupo de 55 menores en un centro de acogida de la isla de Lanzarote. "Cucarachas, baños sucios y comida 'pésima': la realidad del centro de menores de Lanzarote", publicó El País, sobre un espacio que la Fiscalía obligó a clausurar pero cuya decisión el Gobierno de Canarias alegó por "falta de alternativas". Informaciones similares han salido a la luz por parte de otros digitales en diversos centros de otras islas como Tenerife o, más recientemente, en El Hierro.
Exterior del centro de acogida para menores migrantes de Valverde, en El Hierro. EFE.
Diez mil menores
En estos momentos, Canarias cuenta con 80 dispositivos de emergencia, 50 más que hace un año. "Pero hemos llegado al límite de nuestra capacidad", dicen desde el Gobierno autonómico. "Tenemos serias dificultades para encontrar nuevos centros en los que alojarlos, el Ministerio de Defensa dice que no cuenta con instalaciones en desuso que se puedan utilizar y, lo que es aún más grave, las organizaciones que se encargan de atender a estos menores, aseguran que empiezan a escasear los profesionales necesarios para asumir esta tarea".
"Vivimos una presión migratoria sin precedentes", concluyen desde el Ejecutivo. En el último año, han llegado hasta las islas 53 mil migrantes que, dicen, han puesto en jaque la capacidad de acogida de las islas, especialmente la de los menores no acompañados, quienes conforman el 18% del total. En otoño de 2023, el Gobierno declaró la "situación de emergencia migratoria". "Las leyes actuales obligan al acogimiento y tutela de estos menores, generando una carga financiera estimada en 150 millones de euros para este año, de los cuales sólo 50 millones han sido transferidos por el Estado", explican nuevamente desde el Gobierno.
Canarias, comunidad autónoma actualmente presidida por Coalición Canaria y el Partido Popular, enfrenta ahora, en esta cuestión, un nuevo revés. El 'Pacto Canario por la Migración', que incluía a todas las fuerzas políticas del archipiélago, excepto a Vox, proponía la modificación de la Ley de Extranjería "para facilitar la distribuición de menores entre las comunidades autónomas". Sin embargo, esta fue rechazada hace tan sólo dos semanas en el Congreso de los Diputados con los votos en contra del PP, Vox y Junts.
Una trabajadora de Cruz Roja escolta a dos menores inmigrantes de Canarias, en una foto de archivo. EFE
'Islas jaula'
Las escenas actualmente vividas en las Islas Canarias derivan de una política institucional repetida en diferentes territorios insulares en la Unión Europea: el modelo de las 'islas jaula'. Como explica la experta en migraciones Blanca Garcés, este modelo de gestión migratoria, recogido en el reciente Pacto Europeo de Migración y Asilo, propone crear espacios cerrados en frontera para determinar de forma rápida quiénes pueden ser sujetos de procesos de protección internacional y quiénes, no siéndolo, serán inmediatamente retornados.
"Este modelo de política de contención se ha reproducido en Lesbos, Samos, Lampedusa y Ceuta y Melilla. Pero, como ha sucedido antes en todos estos lugares, y ahora en las Islas Canarias, los efectos de esta política trascienden, en mucho, al fenómeno migratorio. Por un lado, las islas se convierten en un lugar de vulneración reiterada de derechos, donde se transgreden no solo los derechos humanos, sino derechos fundamentales de los ordenamientos jurídicos de los países de acogida, explica Garcés.
La que parte de África Occidental y tiene como destino Canarias es la ruta migratoria hacia el continente europeo que registra mayor crecimiento y mayor mortalidad. Las salidas hacia Canarias se producen mayoritariamente desde Mauritania, Senegal y Gambia. "Es precisamente en esa zona de África en la que se están agrupando en estos momentos miles de personas con la expectativa de llegar a Europa", sentencian desde el Gobierno de Canarias, quienes esperan, dicen, un futuro "pacto de estado".
