Luis Lafuente: de defensor de leyes contra el patrimonio a Director de Bellas Artes

España brilla por su patrimonio cultural. El que ha sobrevivido a España, lo español y los españoles. Del expolio al abandono, la mayor riqueza propia de este país ha cruzado una de las décadas más dramáticas en la conservación y restauración. La amenaza del Cabanyal (Valencia), el Edificio de España, Canalejas y la reforma de la Ley de Patrimonio de la Comunidad de Madrid declarada “inconstitucional” por el Tribunal Constitucional. En todos estos acontecimientos aparece la larga sombra del recién nombrado Director General de Bellas Artes y Patrimonio Cultural del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Luis Lafuente. En su poder están los museos estatales y la aplicación de la Ley de Patrimonio de 1985.

Funcionario de carrera del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado, ya ha probado las mieles del Ministerio gracias a la llegada de José María Aznar al Gobierno. En aquel momento, entre 1996 a 2009, desempeñó el cargo de subdirector general de Protección del Patrimonio Histórico de la misma dirección a la que ahora se incorpora. Su salida de la cartera fue polémica, dado que firmó un informe en el que se decía que no existía expolio en la actuación contra el Cabanyal, emprendida por Rita Barberá, y paralizada por una Orden del propio Ministerio de Cultura.

Manifestación en Valencia contra el PEPRI contra El Cabanyal. Efe

Un mes y medio después de elaborar dicho informe, la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, firmó el cese de Luis Lafuente como subdirector general de Protección del Patrimonio Artístico. Todas las vías judiciales que se abrieron en su momento contra la ex ministra y el Ministerio por dictar la Orden ministerial contra el Plan del Cabanyal-Canyamelar (PEPRI), que pretendía eliminar el barrio modernista valenciano, confirmaron la legalidad del Ministerio para paralizar el expolio del barrio.

Hombre duro del PP

Lafuente era un cargo político nombrado por el PP, que dictó en 2001 la resolución que archivó la denuncia de expolio contra el PEPRI y negando la competencia del Ministerio en materia de expolio, una de las dos competencias que todavía mantiene frente a las Comunidades Autónomas, junto con la regulación de exportación de bienes. La asociación Salvem el Cabanyal fue se convirtió en su peor pesadilla y lograron derrotarle tanto en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid como ante el Tribunal Superior. El expolio sí es competencia del Ministerio.

El partido ha sido la prioridad del nuevo responsable de cuidar el legado cultural de todos los españoles, que releva a Miguel Ángel Recio, desaparecido en combate desde que se le ocurrió decir públicamente que la reforma de la Ley de Mecenazgo había fracasado. José María Lassalle no se lo perdonó nunca.

Una vista del complejo Canalejas, con la nueva construcción superando a la antigua. Pablo Farfán

La paradoja de Luis Lafuente, licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), es que aquella no fue la última vez que tendría que argumentar su particular visión de la conservación del patrimonio ante los tribunales y ante las asociaciones protectoras del legado cultural. El Tribunal Constitucional también dictó en contra de la reforma de la Ley de Patrimonio de la Comunidad de Madrid, que él defendió hace dos años, al declarar “inconstitucional” ocho de los diez artículos recurridos, de nuevo, por una asociación de ciudadanos, Madrid Ciudadanía y Patrimonio (MCYP). Él impulsó la nueva norma, que ahora está en el Parlamento madrileño con las correcciones, mientras fue Subdirector general de difusión y gestión de la dirección general de patrimonio de la Comunidad de Madrid, bajo mandato de Ignacio González.

Contra las asociaciones

Amparo Berlinches, presidenta de la asociación más beligerante con los delitos contra el legado cultural, Madrid, Ciudadanía y Patrimonio (MCYP), se muestra cauta con la llegada al cargo del viejo conocido: “Queremos ver cómo se comporta”. “A nosotros mucho no nos ha ayudado y al patrimonio tampoco. Es posible que su gran objetivo sea reformar a su manera la Ley de Patrimonio Histórico de 1985. Esperemos que el ministro sepa lo que hace”, explica a este periódico.

“Las asociaciones no tienen nada que hacer con ese recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional”, dijo Lafuente hace dos años, en un acto convocado por esas asociaciones. Allí se encontró con las críticas de Javier García Fernández, catedrático de derecho del constitucional, uno de los responsables en la redacción del recurso por inconstitucionalidad, elevada al TC por senadores de IU y PSOE. Fernández lamentó la ruptura del consenso que desde 1933 había regido la aprobación de leyes protectoras del patrimonio entre izquierda y derecha. “Y eso se ha roto el pasado junio, cuando se aprobó la ley por mayoría del PP”, reclamó el experto.

Vista del Edificio España, comprado en junio por Trinitario Casanova.

Desde 2010 en Madrid se recuerda a Lafuente por dos actuaciones bajo su responsabilidad, con consecuencias irreversibles: la rebaja de la protección del conjunto de Canalejas y el Edificio España por intereses de partido para favorecer la venta de los edificios a su antiguo dueño (Emilio Botín).

Malos augurios 

Todo apunta a que el objetivo de Luis Lafuente -con mano en la UNESCO- será tumbar la actual Ley de Patrimonio, vigente desde 1985. Algo que tuvo que dejar a medio camino en su anterior etapa por el Ministerio. Tiene cuatro años por delante y ya ha dejado constancia de sus intenciones en la fracasada reforma citada. Por ejemplo, invadir competencias estatales extralimitando las actuaciones autonómicas, como la de remover bienes inmuebles declarados de Interés Cultural.

Lafuente también defendió esta ley que pretendía reducir la visita pública de los Bienes de Interés Cultural en manos privadas. Pero lo más sangrante para las asociaciones protectoras fue una cuestión lingüística: la reforma trató de cambiar el adjetivo “excepcional” por “más relevante”. Los recurrentes aseguraban que este cambio otorgaba menor grado de protección y flexibilizaba la agresión a los bienes. “Es un adjetivo dañino”, dice Berlinches, partidaria de reformar la Ley de 1985 con precaución. “La ley nos vale. Pasa como con la Constitución, hay que tener cuidado. Sobre todo cuando tememos que la reforma vaya a peor con Lafuente al frente”, asegura a EL ESPAÑOL. “Veremos si quiere cambiarla de nuevo y cometer los mismos fallos”.

Íñigo Méndez de Vigo, tras el Consejo de Ministros. Ballesteros Efe

Tampoco hay buen augurio al revisar el interés presupuestario del PP en el Gobierno, que se ha encargado de hacer de la partida dedicada a la protección y conservación, la más deteriorada. La retirada del apoyo es grave si tenemos en cuenta que en 2011, nuestro patrimonio tuvo en ayudas 45,9 millones de euros. Para 2015 recibió 22 millones de euros. Es decir, durante el gobierno de Mariano Rajoy se ha invertido un 52% menos en el legado histórico y artístico. Ninguna otra partida del Ministerio ha sufrido tanto.