El trabajo de los politólogos italianos Guarnieri y Pederzoli constata la creciente intervención del poder judicial en el marco de las democracias occidentales, constituyendo el español un caso más de judicalización de la política, esa marea iniciada en los EE. UU.

Desde hace más de una década la sociedad española asiste con perplejidad a la cada vez más considerable presencia del ámbito judicial en la actualidad reflejada por los medios de comunicación. Se trata de un fenómeno compuesto por casos de corrupción, de expropiación, crímenes de Estado, financiación ilegal de los partidos, de prevaricación de funcionarios públicos..., un conjunto hasta hoy desconocido en nuestra historia del que hace poco se ha visto un episodio más con motivo del proceso al que está sometido el juez Gómez de Liaño, proceso en el que se están alcanzando unas cotas desconocidas de dramatismo y desconcierto, por las contradictorias declaraciones de los intervinientes, que ha incrementado en el país, si cabe, la desconfianza en torno al funcionamiento de la justicia. Sin embargo, lo cierto es que, independientemente de los matices de orden trágico que salpican a algunos asuntos jurídicos, no estamos ante un episodio más de una supuesta "singularidad" española. Al contrario, el trabajo de los politólogos italianos Guarnieri y Pederzoli constata la creciente intervención del poder judicial en el marco de las democracias occidentales, constituyendo el español un caso más de judicalización de la política, una marea que, iniciada en los Estados Unidos, alcanza ahora su mayor extensión en las democracias del sur de Europa, particularmente en Italia y España.

Los autores enmarcan este fenómeno de crecimiento de la incidencia de la justicia dentro de un contexto amplio y diverso. Por un lado está la expansión del estado del bienestar, que ha conllevado la extensión del sistema jurídico a nuevos y amplios sectores económicos y sociales en los que las decisiones de un juez tienen consecuencias que van más allá de las partes personadas, y la modificación del planteamiento del derecho, entendido como medio de cambio social y de gestión de políticas públicas. A estos aspectos cuantitativos se suman cualitativos, como aquellos en los que se exigen al juez decisiones e interpretaciones sobre legislaciones basadas en cláusulas generales que el legislador ha dispuesto así para afrontar la complejidad de los nuevos sectores de intervención. Además se encuentra el cambio en la estructura social del proceso que afecta a un número alto pero difuso de destinatarios de las decisiones, como en los procesos en materia de medio ambiente o de derecho de los consumidores. Por último, incide de forma significativa la aparición y puesta en marcha de ámbitos jurídicos internacionales (caso Pinochet) o transnacionales (derecho comunitario).

El libro tiene en la utilización del análisis comparado una de sus aportaciones más valiosas. Las cuestiones estudiadas se enmarcan inicialmente en el tratamiento que reciben de las dos grandes tradiciones jurídicas, la anglosajona (common law), que incluye a EE. UU. e Inglaterra, y la de la Europa continental (civil law), que aborda los casos de Italia, Alemania, Francia, España y Portugal. A partir de ahí se describen las particularidades dentro de cada tradición para dejar a la vista una panorámica muy instructiva que permite hacer una evaluación de cada caso nacional. Y es cierto que hay diferencias, pero siempre desde el punto de vista de un marco común que hace del caso español, como ya se ha dicho, uno más, ni siquiera el más extremo.

Es evidente que hay diferencias por países en la intensidad y en la dirección del activismo judicial que están relacionadas con elementos internos y externos al sistema judicial. Los elementos internos a estudio son la magistratura y el sistema judicial, mientras que los externos giran en torno a las relaciones entre el sistema judicial y el político. En relación con las características de la magistratura, es decir, del personal que administra la justicia, los autores se internan en el análisis de la forma de reclutamiento, formación, garantías de independencia y percepción del papel de juez. Al abordar el sistema judicial destacan aquellos factores que son los que tienden a favorecer el crecimiento de la importancia política del poder judicial dentro de la estructura del sistema, para lo que tiene que considerarse el área de intervención del juez y la coherencia jurisprudencial y peso específico de los tribunales supremos, la facilidad de acceso para invocar la intervención judicial y el poder del juez. La determinación de los elementos externos consiste en rastrear, siempre siguiendo el análisis comparado, las características de los regímenes democráticos que influyen sobre la posición del juez.

Los autores se muestran de acuerdo con este reforzamiento del poder judicial y su creciente intervención política, pues se convierte en una mayor garantía de los derechos individuales frente a los abusos de los otros poderes y de los grandes grupos de interés como los oligopolios, que tanto merman los derechos de los consumidores. Sin embargo, junto a esta defensa del intervencionismo judicial, constatan los grandes peligros en los que puede incurrir si no se limita este poder: populismo judicial, ocultación del poder y erosión de la responsabilidad política.... A los medios para el control del mismo dedican sus conclusiones. Desde el punto de vista externo estaría la clásica contraposición de poderes. Desde el interno se exponen dos experiencias, la francesa, que interviene sobre las formas de reclutamiento y formación con la intención de crear una magistratura apta para administrar el nuevo poder de forma responsable, y la italiana, que trata de controlar el poder judicial dentro de una red en la que intervienen representantes de los jueces y políticos, que favorece la tendencia a defender los intereses inmediatos del cuerpo. El caso español aún no aparece definido y estas experiencias recogidas en este notable trabajo resultan sumamente útiles.