Policías y guardias civiles hablan de "golpe mortal" tras la cesión de la inmigración a los Mossos: "Esto se desmorona"

Policías y guardias civiles han salido en tromba en la mañana de este martes a criticar el pacto entre PSOE y Junts para el traspaso de competencias en materia de inmigración a la Generalitat, que incluirá que los Mossos d'Esquadra controlen la seguridad de puertos, aeropuertos y "zonas críticas" en cooperación con ambos cuerpos. 

Muchas de las entidades que representan a ambos cuerpos exigen la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Es el caso del sindicato JUPOL, que pide que abandone su cargo por "ser cómplice de este despropósito".

 "Hemos dado instrucciones a nuestros servicios jurídicos para que estudien todas las vías legales disponibles para frenar esta nueva cesión ilegal, del mismo modo que nuestros compañeros de JUCIL hicieron en Navarra con la transferencia de las competencias de tráfico", señalan.

Sindicatos como la Confederación Española de Policía (CEP) hablan ya de "golpe mortal" y también exigen a Marlaska que se marche. "Por dignidad y coherencia, para demostrar liderazgo frente a los policías nacionales y guardias civiles y para no ser el primer ministro del Interior que consiente, en casi medio siglo de democracia, este grave ataque a nuestras competencias. Pero no lo hará".

"La obsesión de los independentistas con expulsar a la Policía Nacional y Guardia Civil de Cataluña roza lo patológico", prosiguen desde la CEP. "Demuestra que la seguridad de los catalanes es lo de menos, teniendo en cuenta que aquella es la segunda comunidad autónoma con mayor tasa de criminalidad de toda España sin que la Generalitat haya logrado revertir esa grave situación con sus propios medios, más allá de arrancar al Estado sucesivos incrementos de agentes autonómicos".

Desde el Sindicato Unificado de Policía (SUP) denuncian la "escandalosa e ilegal transferencia de competencias de Policía Nacional a los Mossos".

 A su juicio seguir esta hoja de ruta diseñada por los independentistas de Junts resulta "indignante y es manifiestamente ilegal, ya que vulnera diferentes leyes, desde la Constitución a la Ley de Extranjería, pasando por la normativa común europea en varias materias y especialmente en lo concerniente a seguridad, extranjería y control de fronteras".

Indignación policial por la entrega a los Mossos de extranjería y fronteras como si Cataluña fuera un Estado

El SUP lo ha detallado de manera diáfana en un reciente informe elaborado por su área jurídica en Cataluña. "La Constitución Española es meridianamente clara en cuanto a la protección de nuestras fronteras en sus artículos 149 y 150. Esta propuesta independentista al Gobierno es totalmente inadmisible, por su incongruencia jurídica, por el riesgo que supondría a la seguridad nacional y por la falta de encaje en el espacio común europeo".

"Esto se desmorona", señalan sin ambages desde la Guardia Civil a EL ESPAÑOL. "Es una humillación". Desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) piensan que esta medida "choca frontalmente con el marco legal vigente, ya que la competencia en materia de inmigración es exclusiva del Estado y está encomendada a la Policía Nacional y la Guardia Civil. El control de las fronteras, la gestión de los flujos migratorios y la lucha contra la inmigración irregular son funciones esenciales del Estado que no pueden ser objeto de mercadeo político".

Con esta cesión, surgen dudas fundamentales para los agentes. ¿Los expedientes serán resueltos por la Delegación del Gobierno o por el Departamento de Interior catalán? "Delegando esta competencia tan crítica a las comunidades autónomas puede suceder y sucederá que una comunidad decida de forma unilateral tramitar más expulsiones, denegar más residencias si considera que le pueda dar rédito político o que puede ser bueno para sus intereses políticos en la región", lamentan desde la Unión Federal de Policía (UFP).

Para muchos es ya una realidad "inadmisible": "Se está dando a Cataluña un tratamiento de Estado dentro de España, otorgándole competencias exclusivas que solo corresponden al Gobierno central. Un paso más en la estrategia de fragmentación del país que socava la unidad y la igualdad en la prestación de servicios de seguridad", alertan desde la UFP.

El impacto en la seguridad no se hará tardar en notar. "Barcelona es una de las principales puertas de entrada a España y Europa, lo que convierte su control fronterizo en un asunto de interés nacional y comunitario. Un extranjero que entra por Barcelona puede desplazarse libremente por todo el territorio, lo que hace absurdo que un policía autonómico tenga control sobre su situación en lugar de la Policía Nacional", finalizan desde UFP.

El acuerdo

Para los agentes de la Policía Nacional, este acuerdo será el caballo de Troya que anticipe la desaparición de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en Cataluña. Ceder esas competencias tendrá consecuencias irreversibles, señalan mandos de la Policía: "Si se lleva a cabo, es el fin del Estado". 

El acuerdo incluye también que Cataluña gestione las expulsiones de extranjeros que tengan prohibición de entrada y los permisos de residencia, así como el control integral de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE). Así lo establece la proposición de Ley Orgánica para la delegación de competencias en materia de inmigración a Cataluña que el PSOE, que defiende la contitucionalidad de la norma, ha registrado en el Congreso de los Diputados este martes a primera hora. 

Sólo una semana después de que Junts retirara la cuestión de confianza a Sánchez, Cataluña se configurará como "ventanilla única" en su territorio de las autorizaciones de estancia de larga duración, residencia temporal y residencia de larga duración. La Generalitat también expedirá el documento de identidad para los extranjeros, a partir del Registro del NIE del Estado español.

El Gobierno de Sánchez también da a la Generalitat la competencia sancionadora en los procedimientos administrativos -incluida la resolución y ejecución- y delega las devoluciones de extranjeros cuando tengan prohibición de entrada e "instruirá y ejecutará expulsiones que no requieran expediente -de devolución-".

Según el acuerdo de PSOE y Junts, las expulsiones "que requieran expediente se resolverán y ejecutarán a partir de la propuesta de expulsión formulada por la Generalitat", previa valoración de los criterios orientativos "que establezca la Junta de Seguridad de Cataluña".

Para ello, los Mossos d' Esquadra estarán en frontera y actuarán, al objeto de cumplir las competencias de esta Ley, siempre en coordinación con el resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.