Pedro Sánchez, durante la clausura del acto institucional con motivo del 8M en el Museo del Prado, este viernes. Europa Press
Sánchez introdujo por decreto en noviembre imponer a los inmigrantes saber catalán tras pactarlo en Suiza con Junts
Lo incluyó en un reglamento que desarrolla la Ley de Extranjería y no necesita pasar por el Congreso de los Diputados.
Más información: Puigdemont se jacta de lograr "una competencia propia de un Estado" y Junts avisa: "Sin catalán no habrá papeles"
El Gobierno introdujo el pasado mes de noviembre en el nuevo Reglamento de Extranjería una cláusula que permitirá a la Generalitat exigir a los inmigrantes el conocimiento del catalán, como requisito para otorgarles o renovar el permiso de residencia.
Esa cláusula es lo que ha llevado ahora a los dirigentes de Junts a proclamar que "sin catalán no habrá papeles" para los inmigrantes, tras cerrar con el PSOE el acuerdo que delega en la Generalitat las competencias sobre inmigración, extranjería y el control de fronteras.
El Gobierno aprobó el pasado 19 de noviembre mediante un real decreto (que no precisa ser ratificado por las Cortes) el nuevo Reglamento de la Ley de Extranjería.
La encargada de presentarlo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros fue la titular de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, quien destacó que servirá para "simplificar procedimientos, eliminar duplicidades y dar mayores garantías y rigor jurídico".
La ministra explicó que el reglamento facilitará la regularización de 300.000 inmigrantes al año. Pero omitió en su comparecencia los nuevos requisitos lingüísticos introducidos por el Gobierno en el texto, como resultado de la negociación que el PSOE desarrolla una vez al mes en Suiza con Junts.
Pedro Sánchez, Carles Puigdemont y Fernando Grande-Marlaska.
La nueva normativa establece en cuatro de sus artículos (64, 80, 86, 125) que los inmigrantes han de "acreditar" el conocimiento de la lengua cooficial de la región en la que residen, para obtener o renovar el permiso de residencia en las modalidades más habituales: por agrupación familiar y por arraigo social o laboral.
"A los efectos de la renovación de la autorización, se valorará el esfuerzo de integración de la persona extranjera. Dicha circunstancia se acreditará mediante la aportación por parte de la persona extranjera, de un informe favorable de los órganos competentes de la comunidad autónoma de su lugar de residencia que recomienden la renovación, principalmente en caso de que no acredite el cumplimiento de alguno de los requisitos previstos para la renovación de la autorización", dice el texto.
La norma establece que, para obtener estos permisos, el inmigrante deberá aportar un informe emitido por los órganos de la comunidad autónoma en la que reside, que "certificará el conocimiento y respeto de los valores constitucionales de España, los valores estatutarios de la Comunidad Autónoma en que se resida, los valores de la Unión Europea, los derechos humanos, las libertades públicas, la democracia, la tolerancia, la igualdad entre mujeres y hombres y, en su caso, el aprendizaje de las lenguas oficiales del lugar de residencia".
Este requisito lingüístico no estaba previsto en la Ley de Extranjería 4/200, aprobada por el Gobierno de Aznar.
En su artículo 2, aquella norma sólo incluía una referencia mucho más genérica, según la cual "los poderes públicos procurarán, mediante acciones formativas, el conocimiento y respeto de los valores constitucionales y estatutarios de España", así como "el aprendizaje del conjunto de lenguas oficiales".
Es decir, lo que hasta ahora era un compromiso de la Administración para mejorar la formación de los inmigrantes, en el nuevo reglamento se convierte en un requisito para concederles el permiso de residencia, como resultado de la negociación desarrollada en Suiza con Carles Puigdemont.
Europa Press
Según el acuerdo cerrado ahora entre el PSOE y Junts, la Generalitat será el órgano competente para tramitar y resolver los expedientes de extranjería, lo que incluye también la capacidad de expulsar a los inmigrantes irregulares, tal como destaca el partido de Puigdemont.
El Gobierno aprobó este reglamento en noviembre, mientras intentaba cerrar en Suiza el acuerdo para el traspaso "integral" de las competencias sobre inmigración a la Generalitat. Era el compromiso que Junts había arrancado al PSOE en enero de 2023, a cambio de apoyar en el Congreso dos decretos ley anticrisis.
"Sin el conocimiento de la lengua catalana no hay integración plena", argumentan los dirigentes de Junts.
"La legislación europea deja clarísimo", añade, "que se puede pedir el conocimiento de la lengua de un territorio para obtener los papeles. Si no hay catalán, no se van a dar los papeles. Si no conoces la lengua del territorio en el que quieres reconstruir tu vida, no hay integración plena", insiste un alto cargo del partido de Puigdemont.
Precisamente este jueves, Pedro Sánchez respaldó la versión ofrecida por Junts y afirmó que los inmigrantes que quieran obtener el permiso de residencia en Cataluña deberán aprender catalán porque así lo establece la Ley de Extranjería, aseguró.
"En nuestra Constitución viene recogido, además del castellano, la cooficialidad de otras tres lenguas", indicó Sánchez, "y en la Ley de Extranjería se dice que se necesita también un conocimiento de las lenguas que se hablan en cada uno de sus territorios", añadió.
Sin embargo, lo cierto es que en la Ley de Extranjería del año 2000 no figura de ningún modo esa obligación: sólo se insta a las Administraciones a "procurar el aprendizaje del conjunto de lenguas oficiales". Pero en ningún caso, como un requisito de obligado cumplimiento para obtener el permiso de residencia.
Tras cerrar el acuerdo con el PSOE, el líder de Junts, Carles Puigdemont, presumió el lunes de haber logrado "unas competencias propias de un Estado". El acuerdo firmado por ambos partidos presenta la inmigración ilegal como una amenaza para la "identidad nacional" de Cataluña.
Con este acuerdo, Sánchez logró que Junts retirara en el último minuto la iniciativa que había registrado en el Congreso, en la que le instaba a someterse a una moción de confianza.
Pero todavía está por ver si el Gobierno podrá sacar adelante la proposición de ley para la cesión de las competencias de inmigración a la Generalitat: Podemos ya ha adelantado que votará en contra, y los tintes xenófobos del texto también han provocado reticencias en algunos sectores de Sumar.
