La Justicia declara procedente el despido del exministro Bernat Soria: cobraba 180.000 € al año

Tenía el sueldo de alto cargo más cuantioso de toda la Junta de Andalucía: 180.000 euros brutos, más un plus anual de 5.000 euros por cumplir una exclusividad que, finalmente, Bernat Soria vulneró, lo que le costó ser despedido de manera fulminante. Así lo indica la sentencia del juzgado de lo Social número 3 de Sevilla, que desestima la demanda presentada por el exministro y científico, y que dictamina que su despido, en mayo de 2019, fue procedente. 

Bernat Soria, exministro de Sanidad con José Luis Rodríguez Zapatero entre 2007 y 2009, es licenciado y doctor en Medicina y catedrático de Universidad, y ha compaginado sus tareas académicas con la de investigador en el campo de la fisiología, la biología molecular, la terapia celular y la medicina regenerativa.

Pero también trabajó desde 2005 a 2007 en la Fundación Progreso y Salud, un ente instrumental de la Junta de Andalucía dedicado a la investigación científica. La relación laboral entre Soria y la Junta de Andalucía se interrumpió los dos años que fue ministro de Sanidad, y al dejar el cargo, en mayo de 2009, firmó un nuevo contrato con el Centro Andaluz de Biología Molecular y Medicina Regenerativa (Cabimer), dependiente de la Fundación Progreso y Salud, y de la Consejería de Sanidad. Estuvo trabajando 10 años, hasta 2019.

La demanda presentada por Soria, que ha perdido en primera instancia, solicitaba una indemnización de 2,7 millones de euros por daño moral ocasionado por el despido y vulneración de derechos fundamentales.

También alegaba que, a lo largo de "los últimos años" ha sido objeto de una "campaña de acoso" y desprestigio en forma de amenazas, negativa a publicitar sus méritos y logros profesionales, negativa a reconocer su condición de director de proyectos, exclusión de reuniones, privación de personal y encargo de funciones a sus subordinados u otros trabajadores sin su conocimiento ni autorización.

El contrato

En su último contrato de alta dirección, firmado en 2009, Soria cobraba 180.000 euros brutos anuales y, según la sentencia, se le reconoció como fecha de antigüedad "a todos los efectos", la de agosto de 2005; es decir, se le reconocían los dos años anteriores a ser ministro y los dos que formó parte del Gobierno de Zapatero. 

El contrato también estipulaba un plus de 5.000 euros que le comprometía a no desarrollar actividades "comerciales, profesionales o laborales de cualquier índole, por cuenta propia o ajena con otra empresa, competidora o no de la Fundación, salvo aquellas que realice por su condición de catedrático de la Universidad Pablo de Olavide y/o la administración de su propio patrimonio o aquellas otras actividades por las que sea autorizado de forma expresa por la Fundación". Soria, según las pruebas presentadas, venía cobrando ese plus hasta su despido.

Fue en mayo de 2019 cuando la auditoría efectuada por PricewaterhouseCoopers, encargada por el actual Ejecutivo a los entes paralelos de la Junta, destapó que estaba incumpliendo desde hacía tiempo la cláusula acordada. En el registro mercantil figuraba que Soria había sido socio de Andalucell, una empresa dedicada al asesoramiento en terapia celular, diseño, construcción y acreditación ante organismos oficiales y privados de salas destinadas al proceso productivo de viales. Desde julio de 2015 era, además, el socio único y administrador.

También se descubrió que era administrador de la empresa Newbiotechnic y, que había creado otra empresa, Alirober Consulting, que era propietaria de la anterior en un 35%. Ésta tenía el mismo objeto que el centro público andaluz en el que desempeñaba su labor. En esta última empresa figuraba como administradora única, la hija de Soria, mientras que él mismo era el apoderado.

La sentencia, a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, refleja que únicamente la mercantil Andalucell declaró más de un millón de euros de ingreso neto en los ejercicios 2015 y 2016 y más de 800.000 euros en 2017. También contó "con más de 20 empleados" hasta su liquidación en 2020, tras el concurso declarado en 2017. 

El fallo judicial refleja las dudas de que Soria pudiera haber utilizado los resultados de las investigaciones científicas públicas en esas empresas, al detallar sus reticencias a firmar la confidencialidad de un proyecto. El exministro participó en una investigación desarrollada en la Fundación Progreso y Salud que derivó en un contrato de adquisición de una posible patente.

En diciembre de 2018 apareció en internet información "relativa al ensayo clínico en isquemia crítica del miembro inferior" denominado NOMA (no more amputations). El estudio estaba financiado por el Instituto de Salud Carlos III "y en él colabora el Sr. Soria, y podía entrar en conflicto" con un contrato de licencia suscrito entre la Fundación Progreso y Salud y la entidad Rexgenero. A raíz de la aparición del estudio en internet, al exministro se le abrió un expediente informativo.