Andalucía regula las tarifas para concertar con la sanidad privada en "situaciones de catástrofe"

Un nuevo lío en la sanidad andaluza. Ahora a cuenta de la regulación de las tarifas para todos los procedimientos que se pudieran concertar con la sanidad privada en la comunidad en momentos puntuales o de catástrofe.

Desde la Consejería de Salud insisten en que se trata de la modificación de una orden que ya existía con los gobiernos andaluces del PSOE, en concreto la de tarifación para concertación derogado de 1998.

El objetivo es establecer un marco económico máximo fijo para todos los procedimientos que se pudieran concertar y así evitar que se establezcan precios distintos como sí ha ocurrido en otras comunidades, como Extremadura, Castilla la Mancha o Valencia.

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Desde la izquierda creen que la Junta utilizará esta normativa para privatizar la atención primaria en la comunidad al permitir que empresas privadas "utilicen" hospitales del Servicio Andaluz de Salud (SAS) para realizar pruebas u operaciones "concertadas" con la sanidad pública.

La consejera de Salud de la Junta de Andalucía, Catalina García, ha asegurado que su departamento y el Gobierno de Juanma Moreno "no va a privatizar la sanidad pública andaluza, no lo va a hacer" ni en los centros, ni en atención primaria ni hospitalaria.

A su juicio, "en campaña no todo vale y lanzar mensajes que puedan incurrir en error a la población es peligroso". En declaraciones a los periodistas en Antequera, ha asegurado que "lo que está sucediendo es lo contrario".

Como ejemplo ha puesto que Andalucía no tenía pet tac en tres provincias, Almería, Jaén y Huelva, y va a tenerlo, lo que supone que pet tac que se externalizaban se van a hacer por el SAS.

Desde la Consejería aseguran en un comunicado que este nuevo proyecto aportará beneficios. Insisten en que el mismo contempla todas las posibilidades de asistencia sanitaria que pudieran llegar a ser concertadas si en algún momento crítico puntual fuera necesario.

Además, consideran que tener previsto en una norma es obligación de toda administración porque es una señal inequívoca de previsión para cualquier tipo de contingencia, por ejemplo pandemias, situaciones de catástrofe, etcétera.

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La consejera ha pedido "compromiso y sensatez". Considera que se pretende "desviar la atención" cuando, ha defendido, el Gobierno andaluz lo que ha dado es señas de todo lo contrario: "el mayor presupuesto de la historia en sanidad, 4.000 millones más que 2018, 30.000 profesionales más, más centros hospitalarios y más centros de salud".

Cuestionada por el hecho de que un médico de la sanidad privada pueda utilizar una instalación del SAS, García ha dicho que "ya se está haciendo en otras regiones, gobernadas por el PSOE, por ejemplo Extremadura o Valencia".

Al respecto, ha asegurado que supone que profesionales privados, por ejemplo, anestesistas, que es lo que está pasando en esas comunidades, puedan trabajar dentro de un quirófano público.

"Por primera vez"

Por su parte, la portavoz parlamentaria de Por Andalucía, Inmaculada Nieto, ha lamentado que si esta normativa se aprueba en los términos previstos se permitirá "por primera vez en la historia" concertar con clínicas privadas la atención primaria, estableciendo los precios que pagará el SAS por estos servicios.

En concreto, el anexo de tarifas de dicha orden establece un pago de 150 euros por la primera consulta médica de atención primaria y de 90 euros para las sucesivas que serían aplicables en el caso de llevarse a cabo en instalaciones de clínicas privadas.

Nieto ha calificado como un "completo escándalo" las intenciones del Gobierno de Juanma Moreno y advierte de que "aprobar esta norma supondría un golpe durísimo al SAS y sus profesionales y a toda la ciudadanía".

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Por ello, este grupo ha solicitado la comparecencia de la consejera de Salud y Consumo, Catalina García, en el Parlamento.

Por su parte, el secretario general del PSOE, Juan Espadas, ha exigido este lunes una explicación pública tanto al presidente de la Junta, Juanma Moreno, como a la propia consejera, para que aclaren si dicho departamento plantea un cambio de modelo y una privatización clara de la atención primaria de la sanidad pública andaluza.