Vox dispuesto a retrasar la investidura en Andalucía hasta marzo si no obtiene contrapartidas
- "No nos sentimos responsables de lo que hayan negociado otros partidos", afirman, para anunciar que negociarán "hasta el final".
- Los plazos legales prevén 15 días para que haya candidato a la investidura y dos meses para que ésta se logre antes de nuevas elecciones.
- Valls ve una "mala noticia" que Vox esté en la Mesa y pide abstenerse al PSOE para no "hacerle el juego".
A la salida del Parlamento andaluz, Javier Ortega Smith, secretario general de Vox, lo dejaba bien claro: "Negociaremos punto por punto". El partido de Santiago Abascal no sólo ha irrumpido en la Cámara autonómica con 12 escaños, en su primera representación parlamentaria en España, sino que advierte que lo ha hecho para marcar su territorio: "Por el bien de Andalucía y, por tanto, por el de España", insistió el número dos del partido.
"Nosotros no nos sentimos responsables de lo que hayan negociado otros partidos", dijo Ortega. Y es que fuentes internas de Vox han confirmado a este periódico que negociarán "hasta el final" y que defenderán "el compromiso adquirido con los 400.000 andaluces" que les han votado. "Lo que hemos dicho en nuestro programa es lo que vamos a defender en la negociación que nos planteen PP y Cs para que votemos al presidente de la Junta".
Juanma Moreno Bonilla amanecía en la mañana de este jueves dando por hecho que "el 16 de enero más o menos tendremos investidura". El líder del PP en Andalucía, con sus 26 escaños y los 21 de Ciudadanos no suma más que 47, muy lejos de los 55 que se precisan para salir elegido en primera votación.
Los plazos de la investidura
Si la nueva presidenta del Parlamento andaluz, la ciudadana Marta Bosquet, tiene que proponer un candidato en 15 días según el Reglamento de la Cámara autonómica (art. 138.1), lo previsto es que Vox no apoye al popular en esa ronda. En ese caso, empezaría a correr el reloj y quedarían dos meses para que, según determina el art. 118.3 del Estatuto de Autonomía, se disuelva automáticamente el Parlamento y se convoquen nuevas elecciones.
Así llegaríamos a mediados del mes de marzo. Y con todo este tiempo cuentan los de Santiago Abascal manejando la negociación y agarrando la sartén por el mango para forzar que "se escuche" la voz de sus 400.000 votantes. Y sus exigencias, según confirmaron las fuentes del partido, no han bajado ni un ápice.
El primer punto supondrá un durísimo escollo en la negociación. Hasta ahora, Ciudadanos ha defendido su pureza ante sus socios liberales europeos en que no ha pactado nada con el partido de Abascal y Ortega Smith. Pero si hay que abrir el acuerdo cerrado y sellado con el PP -como exige Vox-, deberá implicarse en una conversaciones que comenzarán por la "devolución de las competencias autonómicas de Educación, Sanidad, Justicia y Seguridad" al Gobierno central.
Dos de los puntos estrella de sus mítines también estarán sobre la mesa. Uno de ellos tiene que ver con la inmigración. Así, como informó EL ESPAÑOL, Vox reclama la "repatriación de los inmigrantes ilegales", en colaboración con la Policía y los jueces y "combatir a las mafias del comercio callejero ilegal". El otro punto, asumido casi como propio por el PP, será más fácil de abordar: un plan de apoyo a la tauromaquia y la caza.
Reformar el Estatuto y adelgazar Canal Sur
Vox exigirá, asimismo, una reforma del Estatuto para poder abordar la "supresión" de entidades que duplican a las estatales, como "agencias administrativas superfluas", como empresas públicas, sociedades mercantiles con participación mayoritaria de la Junta, "fundaciones y consorcios".
Pasadas tres semanas de la última rueda de prensa de Abascal, en la que exigió "el cierre de Canal Sur", ahora a Vox le basta con la "reducción al máximo del gasto público" en la televisión autonómica y, eso sí, la "eliminación inmediata de uno de los dos canales". Mantienen el "objetivo final" de suprimirla, pero dan por hecho que eso a día de hoy es imposible.
En el capítulo fiscal, Vox coincide con lo ya anunciado por PP y Cs en su acuerdo de Gobierno. Quieren reducir un 99% el Impuesto de Sucesiones y Donaciones y reclaman rebajar un 5% el tramo autonómico del IRPF.
Las leyes que prevén adoptar en asuntos sociales, más allá de su reclamo de la devolución de las competencias, plantean pruebas de nivel externas al término de cada ciclo educativo -como las reválidas de la LOMCE del exministro popular José Ignacio Wert-. Además, plantean una especie de "PIN parental" para garantizar la "expresa autorización de los padres" para que sus hijos reciban contenidos extracurriculares que tengan "implicaciones ideológicas o morales".
Finalmente, Vox reclama la derogación de la Ley Andaluza de Memoria Histórica, la sustitución de la de Violencia de Género por otra de Violencia Intrafamiliar, la eliminación de la Consejería de Igualdad renombrándola como "de Familia y Natalidad". Y el fin del PER, que sería reemplazado por un "Plan de Fomento del Emprendimiento en el ámbito rural", para combatir "el fraude en las subvenciones".
"El fin del chiringuito"
Las fuentes consultadas afirman que "no hay líneas rojas" y que todos sus postulados serán negociados uno por uno "sin renunciar a ninguno de los planes en los que nos hemos comprometido" y hasta conseguir que sean aceptados. Así, en todo caso, supeditarán todo inicio de negociación a que una exigencia para "cualquier futuro gobierno": que rechace el “cordón sanitario” que algunos pretenden aplicarles, que "condene las amenazas y agresiones" que dicen sufrir sus afiliados y diputados "alentadas por la extrema izquierda política y mediática".
Ortega Smith se veía orgulloso a la salida de la sesión en el Parlamento andaluz. Uno de sus diputados, Manuel Gavira, había sido elegido secretario de la Mesa, el primer cargo institucional de un representante de su partido, que acaba de cumplir cinco años de vida. Y Vox se ve con fuerzas para lograr que se atiendan sus reivindicaciones y "cambiar de verdad" Andalucía "por el bien de España".
Así, rodeado de más periodistas que quien se perfila como futuro presidente de la Junta, el popular Moreno Bonilla, el número dos de Vox se felicitaba porque "por fin se acaba el chiringuito que tenía montado desde hace 36 años el Gobierno del PSOE y la extrema izquierda que le apoya". Comprometió el trabajo "incansable, riguroso y combativo" de sus parlamentarios contra "quienes pretendan seguir recortando libertades y empobreciendo esta tierra".
Y advirtió a sus presumibles socios, el Partido Popular y Ciudadanos: "Las negociaciones comienzan hoy, después de constituirse la Mesa", y no se sabe cuándo acabarán, porque Vox apurará los plazos sabiendo que así saca ventaja. Afirmando que "el objetivo es rescatar Andalucía y que vuelva a ser una tierra de libertad y de progreso". Así, terminó desafiando a Cs y PP a que hagan como ellos: "Seguro que llegaremos a un entendimiento", dijo, "porque haremos lo que sea bueno para los andaluces y, por tanto, para los españoles, con independencia de que beneficie o no a nuestro partido". Tiempo tienen.