PSOE y Sumar cierran un acuerdo de Gobierno que incluye la reducción de la jornada laboral a 37,5 h

Hizo falta una negociación con versiones enfrentadas, una larga noche de papeleos y cafés y la intervención personal de los dos líderes para terminar la letra pequeña. Según las fuentes consultadas, Sánchez y Díaz se reunieron personalmente en La Moncloa la madrugada del lunes para limar las últimas asperezas, entre las que destaca la rebaja de las horas semanales trabajadas: hasta 38,5 horas semanales en 2024 y hasta las 37,5 más tarde si se cuenta con el visto bueno de la patronal y los sindicatos.

Fue precisamente la falta de acuerdo sobre este punto la que dio al traste con los planes de Sánchez, que pretendía anunciar el pacto este lunes y publicar su contenido el martes, tras el Consejo de Ministros. La insistencia de Yolanda Díaz, quien supeditó sus votos a reducir el tiempo trabajado, y la negociación del secretario de Estado Nacho Álvarez fueron claves para arrancar el sí de los socialistas, impulsado en último término por el visto bueno de la vicepresidenta Nadia Calviño ayer por la mañana, condicionando la medida a los agentes sociales.

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Este último detalle es la clave del conflicto y, a fin de cuentas, la razón de que Sánchez y Díaz tuvieran que intervenir personalmente. En la forma en la que se redacte la propuesta (y, por tanto, la ley) está todo, desde el posible veto de la patronal hasta los tipos de trabajos a los que afectará. También en la regulación del despido, la subida del SMI y el impuesto a la banca y las eléctricas, otros dos puntos de fricción entre Calviño y Díaz que, esta vez, contaba con el apoyo de la principal negociadora del PSOE, María Jesús Montero.

PSOE y Sumar llevan desde la primera semana de agosto enfrascados en una negociación que, si se les preguntaba nada más terminar las elecciones, estaba atada y bien atada. La idea inicial era redactar un documento escueto, no tan específico como el que se hizo con Pablo Iglesias en 2019 y que recogiera la voluntad de un Gobierno que llevaba ya cuatro años trabajando en equipo. Al final, los pequeños roces entre las partes acabaron convirtiendo el contrato en todo lo contrario. 

De hecho, fuentes cercanas a la vicepresidenta repetían desde el mes de agosto que "si quieren, el acuerdo se cierra en dos días", dando a entender que el problema era uno pero muy incómodo; últimamente, afeaban que se les devolvieran todas sus propuestas "tachadas en rojo". Desde Ferraz, sobre todo, se le quitaba hierro al asunto asegurando que el pacto estaba "casi hecho", como afirmaban en privado el mediodía del lunes, antes de aflojar el pulso sobre Sumar. 

En el Gobierno nadie oculta que el acuerdo, "cuanto antes, mejor", como reconoce un ministro socialista. La idea que subyace en estos tiempos era, a fin de cuentas, quitarse de encima la presión de la amnistía y centrar el foco en los avances sociales, que era una de las banderas del anterior Ejecutivo y que, reconocen en privado, "luce bastante más" que perdonar los delitos de los independentistas. No obstante, nadie espera una legislatura con una importante carga legislativa, como fue la pasada.

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"Más ambicioso"

Este nueva mayoría parlamentaria, en cambio, estará marcada por los pactos con Junts, algo que en los primeros momentos habría servido de "excusa" al PSOE para justificar "un programa menos social", a ojos de Sumar. A pesar de las reticencias iniciales, en la negociación llegó a salir de todo hasta arrancar "un programa mucho más ambicioso" al socio mayoritario, incluyendo la reforma de la financiación territorial y la derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como ley mordaza.

De esta forma, en el nuevo acuerdo que se hará público este martes aparecerá también la regulación del refuerzo del sistema público de salud para reducir las listas de espera, ampliar los permisos retribuidos por nacimiento, la revisión al alza de la Ley de Cambio Climático o la ampliación de los permisos retribuidos por nacimiento. Estos últimos vendrían heredados del antiguo proyecto de Ley de Familias de Ione Belarra, medida estrella de Podemos, que no llegó a ver la luz debido al adelanto electoral de julio.

Otro de los ejes sobre los que girará el nuevo pacto de Gobierno será sobre la vivienda, que fue uno de los temas más conflictivos a final de legislatura entre los socios. La intención de ambas partes es, de momento, garantizar un Gobierno largo "avance en derechos" y cierre capítulos que quedaron abiertos en la pasada, principalmente debido al descalabro de la izquierda en las elecciones de mayo.

Así, el nuevo texto de coalición dará cuenta también de un capítulo específico para la vivienda; en concreto, uno que consiga desplegar la ley nacional en 2024. Uno de los asuntos pendientes en la XIV legislatura fue fijar un índice de precios nacional para la Ley de Vivienda; sin él, las comunidades no puedes desplegar los suyos propios ni aplicar los topes al alquiler.

Fuentes cercanas a la negociación repetían a última hora de este lunes que el resultado de las urnas de julio "es el que es" y que la legislatura "llegará hasta donde se pueda", que es una forma de decir hasta donde deje Junts. No será un Gobierno que apruebe cientos de leyes ni que ponga del revés el tablero político, como fue el anterior, "pero tampoco será uno corto y de gestión".

"Con o sin dificultades, queremos seguir ampliando derechos", transmitían al cierre de esta edición.