Pedro Sánchez saluda al primer ministro polaco, Donald Tusk, en un reciente encuentro. Efe
El Gobierno, convencido de que el uso del catalán en la UE se aprobará este semestre bajo la presidencia polaca
El ministro José Manuel Albares ha logrado que Polonia incluya en la agenda del semestre la exigencia de Puigdemont. Ningún estado se ha negado.
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El Gobierno está convencido de que puede lograr que este semestre, durante la presidencia polaca de la Unión Europea, se dé el visto bueno al acuerdo para incorporar el catalán entre las lenguas oficiales de las instituciones europeas. Fuentes del Gobierno aseguran que hay un compromiso del primer ministro polaco, Donald Tusk, para incluir en la agenda del semestre europeo la petición de España.
Este paso político es fundamental para Pedro Sánchez, porque es una de las exigencias de Carles Puigdemont para mantener el apoyo al Gobierno en el Congreso de los Diputados. Es uno de los asuntos pactados en la investidura de 2023 y que Junts reclama como uno de los pendientes de resolución.
La decisión para incorporar en las instituciones de la UE el uso de las lenguas cooficiales españolas, empezando por el catalán, requiere la unanimidad de los 27 Estados miembros. Pero el Gobierno asegura que en los contactos preliminares ninguno ha mostrado rechazo a la posición española y, por eso, considera posible que se apruebe antes de julio, cuando acabe la presidencia polaca.
Eso no quiere decir que se vaya a aplicar inmediatamente, sería en todo caso el acuerdo político para poner en marcha la logística necesaria, incluyendo concursos previos para las contrataciones y la infraestructura precisa que aún tardaría unos meses, siempre según la versión del Gobierno español.
Todos los gastos de esa aplicación del acuerdo entre los Estados correrán a cargo de España, según el compromiso asumido por el Gobierno.
El Ejecutivo asegura que su reivindicación ante Europa se basa en principios de la UE, como la protección de las lenguas. La idea, dicen, es aplicar requisitos o prevenciones para que no se utilice como precedente para que otros Estados intenten incluir lenguas muy minoritarias en sus territorios; en el caso de Cataluña, con más de ocho millones de potenciales hablantes, a los que habría que sumar los de País Vasco y Galicia.
Al margen de esas gestiones ante la UE, se tramita la posibilidad de que se use el catalán como lengua oficial en el Parlamento Europeo. Esta será, en todo caso, una decisión de la mesa del Parlamento, donde operan los partidos, al margen de la decisión de los Estados.
El Gobierno puso en marcha este asunto nada más pactar con Junts la investidura, pero ha chocado con la burocracia de la UE que ralentiza este tipo de decisiones. Puigdemont siempre ha valorado los intentos del Gobierno, pero apremia para que se ponga en marcha de forma real.
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha hecho de este asunto una de sus principales prioridades. Este mismo viernes el ministro mantuvo un encuentro con los embajadores de los países de la Unión Europea acreditados en España en el que ha hablado del "impulso a la oficialidad de las lenguas cooficiales españolas en la Unión Europea, una prioridad del Gobierno de España en el ámbito comunitario".
Y hace unos días se reunió con su homólogo polaco, Radoslaw Sikorski, para acordar incluir el asunto en la agenda del semestre europeo. Los otros dos compromisos de Sánchez no cumplidos aún son el de la cesión a Cataluña de la competencia de inmigración y el de la aplicación real de la amnistía.
Sobre la inmigración, se trabaja en la ley orgánica que se precisa, en aplicación del artículo 150.2 de la Constitución, que permite ceder a las comunidades autónomas competencias exclusivas del Estado.
Pero sigue habiendo atasco en puntos concreto como el control de las fronteras, la expedición del NIE y la posibilidad de decidir expulsiones. El Gobierno ofrece alternativas como la presencia de efectivos de los mossos en la frontera, pero siempre con participación de la Policía Nacional o la Guardia Civil.
Respecto a la amnistía, el Gobierno argumenta que su aplicación no está en su mano, sino en la de los jueces. Este viernes EL ESPAÑOL informaba del intento del presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, para acelerar la resolución del recurso contra la ley de amnistía. Aun así, no es fácil que se pueda aplicar antes de verano.
La línea temporal del cumplimiento de esos acuerdos es a finales de febrero o principios de marzo, cuando está previsto que se debata y vote la proposición no de ley de Junts para instar al presidente del Gobierno a someterse a una cuestión de confianza ante el Congreso.
