Anticorrupción advierte a García-Castellón de que no puede investigar a Corinna sin querella del fiscal

La Fiscalía Anticorrupción ha advertido al juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón de los obstáculos jurídicos con los que se topa su pretensión de investigar a la examante del rey Juan Carlos I, Corinna Larsen, por un presunto encargo que habría hecho al excomisario Villarejo en 2016 para que averiguara si su asistente personal estaba filtrando a los servicios secretos españoles información sobre ella.

En un escrito al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, los fiscales subrayan que, conforme a la ley española, la apertura de un procedimiento contra la empresaria alemana requeriría que la propia Fiscalía interpusiera una querella, lo que no ha hecho.

Pero, además, los fiscales dejan entrever que García-Castellón, al socaire de las pesquisas sobre Larsen y su asistenta, pretende investigar hechos relacionados con el rey emérito Juan Carlos I, del que la empresaria habría sido testaferro. "El Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencía Nacional carece de competencia para la instrucción de las acciones penales dirigidas contra el Rey que hubiera abdicado", advierten de forma tajante.

El escrito de la Fiscalía no sólo respalda la tesis del defensor de Larsen, José Antonio Choclán, sobre la imposibilidad procesal de que García-Castellón actúe contra su clienta cuando no cuenta con la previa querella de la Fiscalía. También recuerda al instructor que ni el ejecutivo Juan Villalonga ni el número dos de Villarejo, Rafael Redondo, estaban presentes en la reunión entre la empresaria y el expolicía en la que se habló del presunto encargo.

"No constan referencias a tal encargo en su presencia [de Villalonga y Redondo] ni otros datos de los que se desprenda que tuvieran conocimiento del mismo", afirman los fiscales. Todos ellos -Larsen, Villarejo, Villalonga y Redondo- están citados por García-Castellón para comparecer como investigados los días 28 y 29 de septiembre.

El escrito es la respuesta a una petición del juez para que la Fiscalía diera su opinión sobre las "cuestiones que condicionarían la reapertura" de la pieza Carol, informe que García-Castellón solicitó a posteriori, es decir, cuando ya la había reabierto.

A posteriori

El 27 de julio último, el instructor aprovechó dos audios que se encontraban en el caso Tándem desde enero de 2019 para reabrir la pieza Carol. Esta parte del sumario contra Villarejo se abrió y se cerró en 2018 después de que -con la información de la que entonces se disponía- no se encontraran datos concluyentes de que Corinna Larsen actuó como testaferro de Juan Carlos I, que habría puesto a su nombre parte del patrimonio que el actual rey emérito tendría oculto en en el extranjero.

Los audios en los que se apoyó el juez para reiniciar la pieza Carol fueron encontrados por la Policía en los ordenadores de Villarejo, que grabó subrepticiamente un encuentro con Larsen celebrado en Londres el 7 de octubre de 2016. La empresaria le trasladó su inquietud sobre la posibilidad de que una asistente suya estuviera dando información sobre ella al entorno del rey emérito. El excomisario se ofreció a "chequear" el teléfono español de la asistente.

"El encargo que Corinna Larsen hubiera efectuado a Villarejo sobre su asistenta personal y que constituye 'en principio y sin perjuicio de que ello nos pueda llevar a otro tipo de infracciones' [decía el auto de 27 de julio] el 'hecho nuevo' que motiva la reapertura de la presente pieza ya era conocido por el instructor desde el 1 de febrero de 2019", cuando informó de él la Policía, señala el escrito.

"El conocimiento de este nuevo encargo", añade, "no dio lugar entonces a la reapertura de la pieza Carol, sobreseída provisionalmente ante la ausencia de indicios de criminalidad y del requisito de procedibilidad de la querella del Ministerio Fiscal".

Los fiscales afirman que, salvo la referencia que se hace a la asistenta en los audios grabados por Villarejo, no se ha encontrado "ningún otro dato vinculado al encargo que corrobore objetiva y mínimamente que éste llegara a ejecutarse".

Se trataría, además, de un presunto delito de corrupción entre particulares acordado en el extranjero, por la previa querella del fiscal sigue siendo un requisito exigible.

Anticorrupción indica también al instructor que, en contra de lo que afirma en el auto del 27 de julio, Villarejo no era funcionario de Policía en octubre de 2016, lo que afecta a la tipificación del presunto delito de cohecho.

"Los indicios apuntan a que la grabación de dicha reunión habría tenido lugar después de que Villarejo dejara de ser funcionario en activo, sin que éste le explique a Corinna el acceso a medios ilícitos para la ejecución de dicho encargo", afirma Anticorrupción.

Necesidad de querella

La Fiscalía aprecia conexidad entre el supuesto encargo de Larsen a Villarejo y el caso Tándem, por lo que el Juzgado de García-Castellón sería competente para investigarlo.

Pero, a su juicio, esa investigación no puede hacerse en la pieza Carol, porque "no existe conexidad" entre los hechos que se investigaron en ella y el presunto encargo sobre la asistenta de la examiga del rey emérito.

Afirma, además, que la Audiencia Nacional resultaría competente para investigar el encargo "previa la interposición de querella" del fiscal, que no existe.

Respecto a la referencia del auto a "las demás infracciones que pudieran inferirse de las demás manifestaciones de Corinna", los fiscales interpretan que el juez alude a "las vinculados a Juan Carlos I de Borbón que son objeto de investigación por la Fiscalía suiza y por la Fiscalía del Tribunal Supremo de España".

"No existe conexidad delictiva alguna entre los supuestos encargos de Corinna a Villarejo y los hechos que afectasen al rey emérito", subrayan los fiscales, para quienes el Juzgado de García-Castellón "carece de competencia" para acordar ningún hecho referido a Juan Carlos I.