Empresarios aragoneses sobornaron a funcionarios de Bogotá para lograr un contrato de 42 M de euros

Dos empresarios aragoneses han sido condenados tras reconocer que sobornaron a funcionarios colombianos para conseguir un contrato público con el Ayuntamiento de Bogotá.

Así consta en una sentencia de la Audiencia Nacional, a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL. Los dos acusados fueron, respectivamente, el director financiero y el representante legal de Distromel Andina Ltda., filial de la compañía Distromel SA, con sede en San Esteban de la Litera (Huesca). Los acusados son, de hecho, zaragozano y oscense.

Ambos han sido condenados por un delito de corrupción en las transacciones comerciales internacionales. Uno, como autor y el otro, como cómplice. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional le impone al primero la pena de un año y tres meses de prisión y al segundo, la de ocho meses de prisión. Pero ambos deberán pagar multas de 12.000 euros y de 6.000.

El tribunal, además, rebaja sus penas al aplicarles las atenuantes de "confesión tardía" —ambos reconocieron los hechos que les atribuía la Fiscalía Anticorrupción— y de "cuasiprescripción", porque los hechos sucedieron hace ya años.

Concretamente, a partir de 2011, año en el que Distromel Andina Ltda. recibió un contrato concedido por la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) de la Alcaldía Mayor de Bogotá, la capital de Colombia y la segunda ciudad más poblada de América Latina. El objetivo de la adjudicación era el establecimiento del programa informático para la gestión de la recogida de basuras, ya que Distromel se dedica desde 1989 a la ingeniería de sistemas y al software.

El valor del contrato eran 106.117.708.424 pesos colombianos, lo que, al cambio de la época, equivalía a 42 millones de euros. Sin embargo, sólo 28,47 fueron realmente recibidos por la empresa adjudicataria, ya que los dos condenados, a cambio de la obtención del encargo, efectuaron pagos a funcionarios colombianos.

En concreto, al que por entonces era director general de la UAESP, quien recibió 6.000 millones de pesos; una cuenta de Distromel Andina transfirió esa cantidad a una sociedad panameña. Para justificar el pago, el representante de Distromel SA firmó un contrato en 2011 con un ciudadano cubano, quien se comprometía a prestar servicios de consultoría y asesoría para sus proyectos en Colombia a cambio de un porcentaje.

"En realidad, dicho contrato era una mera cobertura para amparar el pago a funcionarios de la UAESP con el objeto de asegurar la adjudicación del contrato", concluye la sentencia. Los servicios de asesoría pactados, en efecto, nunca existieron.

Otras dos trabajadoras de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos también disfrutaron de estos fondos.

Dinero en bolsas

Por otro lado, uno de los acusados hizo llegar, en bolsas de plástico, dinero a un evaluador jurídico de la UAESP y a su evaluador financiero. En esta ocasión, los pagos fueron de 100.000.000 de pesos colombianos y de 90 millones. Ambos empleados eran miembros del comité evaluador que otorgó la licitación pública.

Asimismo, a finales de 2011, se celebró una cena de Navidad para 28 trabajadores de Distromel Andina en el restaurante Mi Terruño Campestre, cuyo propietario era el director de estrategia de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Bogotá. El precio de la cena fue de 700 euros por comensal, todos a cargo de la empresa.

El contrato citado, además, fue anulado por la UAESP en 2014 y comunicó los hechos ante el Juzgado 52 Civil Municipal de Bogotá.

Debido a la antigüedad de los hechos enjuiciados, que se produjeron en 2011, EL ESPAÑOL ha tratado de ponerse en contacto, a través de correo electrónico, con los actuales responsables de Distromel SA, matriz del grupo al que pertenece la compañía que recibió la adjudicación hace 13 años. Al cierre de esta edición no había obtenido respuesta.