Comunidades energéticas: ¿son una buena idea?

Las empresas que buscan emplazamientos para instalarse deben enfrentarse a un nuevo factor en su toma de decisiones; porque cada vez es más importante ubicarse en un entorno que esté preparado para impactar de la menor manera posible en el medioambiente. Es por esto por lo que los gestores de los parques tecnológicos hemos incorporado en nuestras estrategias la mitigación del impacto de nuestras actividades y servicios, actuando sobre las de mayor impacto, como el consumo eléctrico.

Las comunidades energéticas empresariales en entornos como los parques tecnológicos, que permiten generar energía verde para su consumo por las empresas residentes, son una excelente solución, ya que no sólo nos permitirá reducir significativamente la factura eléctrica, también de manera notable la huella de carbono de su actividad. Para su implementación es posible acudir a ayudas públicas que hacen que la recuperación de la inversión sea un promedio de siete años.

Pero hay un factor adicional a tener en cuenta, y es la clara intención de Europa de controlar las emisiones vía tasas directas como medida para que las empresas afronten un proceso de mitigación de su huella.

Me explico: La aceleración del cambio climático ha llevado a la Unión Europea a implementar una serie de medidas que fiscalicen las aportaciones de dióxido de carbono dentro de la estrategia para reducir la contaminación. Recientemente, se aprobó un mecanismo que permite a la UE tasar impositivamente las importaciones de acuerdo con la aportación de CO2 que la producción de ese bien ha generado. Por el momento, esta acción tiene un carácter informativo y, a partir de 2026, se empezará a aplicar el impuesto de manera gradual.

De igual manera, las aportaciones de CO2 de los procesos productivos que se realizan dentro de Europa se han ido regulando gracias al régimen de comercio de derechos de emisión, que desde 2003 se ha ido implantando y que actualmente se encuentra en fase 4. El sistema está creado a partir de cuotas y se centra en los grandes productores de CO2, óxido nitroso (N2O) y perfluorocarbonos. En España afecta a 900 instalaciones y 30 operadores aéreos. Este régimen establece dos tipos de derechos de emisión: de asignación gratuita y de subasta.

Los derechos de asignación gratuita han ido descendiendo según han transitado las distintas fases, desde un 95 % de los derechos hasta la fase actual que representan poco más del 40 %. Esta asignación permite mantener competitivas a empresas frente a productores de terceros países, llegando a cubrir 100 % de su generación y hasta un 30 % para el resto de las empresas.

Esta protección a la deslocalización industrial cubre a fabricantes de sectores como la industria transformadora (aluminio, acero, papel y abonos, entre otros), y lo seguirá haciendo hasta que el impuesto al CO2 de las importaciones elimine las desigualdades de esos productores locales contra la producción de los mismos productos en regiones donde no exista un control sobre las emisiones.

Los derechos otorgados por subasta representan el 60 % del total y los principales compradores son las empresas eléctricas, que deben compensar gran cantidad de emisiones (generados por las centrales de carbón y ciclos combinados). El precio por tonelada de CO2 emitida estaba en niveles de 24 € en 2020, mientras que en lo que va de 2023 el precio promedio se sitúa en 86 €. La necesidad de acudir a estas subastas ha causado un replanteamiento empresarial para reducir sus emisiones y minorar el impacto que la compra de derechos tiene en sus cuentas de resultados.

Dentro de los procesos de control a las emisiones, las empresas con más de 250 trabajadores o 40 millones de ingresos durante dos años consecutivos están obligadas a realizar el Estado de Información no Financiera (EINF), donde en el capítulo medioambiental han de declararse las emisiones anuales. Deben, a su vez, establecer políticas de mitigación de esas emisiones.

La estrategia europea para la reducción de emisiones terminará en un sistema que tase todas las actividades por su aportación, ya que el efecto impositivo se considera la mejor forma de cumplir los niveles comprometidos en la Agenda 2030, es decir, una reducción del 55 % de los gases emitidos comparados con 1990.

Si consideramos este factor adicional –la futura tasa a las emisiones–, la recuperación de la inversión para la comunidad energética se reducirá significativamente a menos de esos 7 años, en función de las actividades que realice la empresa miembro.

Anualmente, las comunidades energéticas resultan ser un excelente vehículo de comunicación entre las compañías que conforman el ecosistema, favoreciendo otras sinergias empresariales y, por qué no, en un futuro poder conformar un entorno de economía circular.

*** Javier Taibo Gallego, director gerente del Parque Tecnolóxico de Galicia - Tecnópole.