El futuro del sector bancario es un tema recurrente para la prensa. A diario se publican artículos que señalan los retos y dificultades a los que se enfrentan las entidades, como la necesidad de afrontar el desafío tecnológico y de reducir costes, la importancia de actualizar el modelo de negocio bancario en el contexto de reducción de márgenes y de irrupción de nuevos actores, o la posibilidad de que se produzca alguna fusión.

A este conjunto de aspectos, ya clásicos, se ha incorporado recientemente un elemento novedoso: el papel que debe jugar el sector financiero en relación con el cambio climático.

El interés y la movilización social que deparó la reciente COP25, celebrada en Madrid, es prueba del creciente grado de concienciación en la sociedad respecto al problema del cambio climático. Muchos de los esfuerzos normativos en este campo se están desarrollando codo con codo entre los sectores público y privado, lo que no es habitual.

Otro elemento nuevo es la demanda creciente para que las compañías publiquen información relativa al efecto que su actividad económica tiene sobre el clima. Inversores, prestamistas, compañías de seguros y otras partes interesadas exigen esta información para tomar decisiones de inversión o colaboración institucional. Cada vez más las empresas aplican los estándares de información producidos por la Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD), creada a iniciativa del Consejo de Estabilidad Financiera (FSB) y formada enteramente por miembros provenientes del sector privado.

Muchas compañías han pasado de tener una actitud defensiva, de cumplimiento mínimo de los estándares medioambientales, a hacer bandera de esta causa, analizando cómo transformar su modelo de negocio para adaptarse a las nuevas demandas.

Existen también iniciativas que se han desarrollado totalmente al margen de intervención oficial. Este es el caso de los denominados «bonos verdes», creados en respuesta a la demanda de inversores privados dispuestos a invertir de modo ético y responsable. De hecho, el mercado se apoya íntegramente en estándares privados, como los Green Bond Principles (GBP) publicados en 2014 por la ICMA (International Capital Market Association).

Como conclusión, está claro que la lucha contra el cambio climático no es impulsada únicamente desde el sector público. El compromiso de todos, sector público, inversores, compañías y ciudadanos, con estos objetivos es claro. El potencial en términos de crecimiento y de creación de empleo de esta transformación es grande, aunque será inevitable que se produzcan ajustes en algunos sectores, por lo que debemos tratar de garantizar que la transición sea ´justa´.

Ciertamente, cada actor tiene un papel que jugar en esta lucha global y la contribución del sector financiero, que ha manifestado su compromiso con estos objetivos, es también clave. Por ejemplo, durante la COP25 de diciembre en Madrid, más de 20 instituciones que representan más del 95% del sistema financiero firmaron un acuerdo para reducir la huella de carbono en sus balances en línea con el Acuerdo de París.

La transición a un modelo económico más sostenible implica desafíos, pero también oportunidades para el sector.

En términos de oportunidades, existe una evidente necesidad de financiación que cubrir para acometer las inversiones que permitirán la transformación de nuestra economía. Un ejemplo reciente paradigmático sería el Acuerdo Verde Europeo, publicado por la Comisión Europea en diciembre del año pasado, cuyo objetivo es alcanzar una economía 'climáticamente neutra' en 2050, lo que implicará movilizar al menos un billón de euros en inversiones sostenibles a lo largo de la próxima década.

En términos de retos, la banca debe evaluar y medir el efecto de estos riesgos sobre sus acreditados, tanto los directos ("riesgos físicos") como los resultantes de las acciones tomadas para fomentar la transformación de nuestra economía ("riesgos de transición"), e integrarlos en su gestión. Existe un evidente problema de falta de datos para medir adecuadamente estos riesgos, por lo que los bancos deben comenzar a clasificar a sus clientes en función de su efecto medioambiental, siguiendo la taxonomía de la UE que acaba de aprobarse.

No olvidemos que también existen desafíos para los supervisores. En los próximos años, será importante que las autoridades desarrollen las herramientas, incluyendo las pruebas de estrés, para evaluar adecuadamente estos riesgos desde una perspectiva macro y micro. En este sentido, el Network for Greening the Financial Sector (NGFS), que aglutina más de 60 bancos centrales y autoridades supervisoras y en el que el Banco de España participa activamente, está a punto de publicar un manual que reúne las diferentes herramientas que deben aplicar los bancos y supervisores para abordar este riesgo.

En conclusión, tanto los bancos como los supervisores tenemos un papel relevante que jugar en este desafío, ante el que debemos responder con realismo, pero también con ambición. Sin duda, la sostenibilidad del negocio bancario descansa sobre la sostenibilidad global de nuestro planeta. Esperemos, por el bien de todos, que sepamos estar a la altura de este reto colectivo.

***Margarita Delgado es subgobernadora del Banco de España.