Desde que apareció el pasado diciembre el Covid-19 en China, estamos viviendo probablemente una situación que nadie haya conocido nunca. Las epidemias que se recuerdan afectaban a zonas concretas, pero esta pandemia se ha extendido con una rapidez inusitada por casi todos los continentes y amenaza con contagiar a ciudadanos de todo el mundo. Y esa velocidad con la que se contagia hace pensar que aún falta por conocer su verdadero alcance y virulencia.

Creo que nadie puede recordar –quizá en pasadas guerras- haber visto las imágenes de las ciudades españolas con calles vacías, con los parques, los cines, los teatros, las oficinas, los restaurantes, los bares, las tiendas cerradas. Con los hospitales llenos y los profesionales sanitarios desbordados. Desde aquí quisiera manifestar mi admiración y reconocimiento por la enorme labor que están realizando.

Entendemos y apoyamos la clausura de todos estos establecimientos, el sacrificio que se nos pide a la ciudadanía y a miles de autónomos de no salir de nuestras casas. Es una simple cuestión de responsabilidad que la gran mayoría ha aceptado ejemplarmente porque puede que nosotros no temamos el contagio, pero debemos pensar en que podemos contagiar a otros más débiles e, incluso, ser la causa de su muerte.

Por tanto, estamos completamente de acuerdo con la declaración de estado de alarma que ha decretado el Gobierno y las medidas que conlleva. Hay que parar los contagios, la expansión del coronavirus, porque la característica más clara de esta enfermedad es que se transmite con muchísima facilidad y el único método que se ha visto efectivo para luchar contra su expansión es evitar el contacto entre las personas. Y eso pasa por cerrar los lugares de posible contagio y evitar el movimiento de las personas salvo para lo más imprescindible.

Pero estas medidas extremas, aunque necesarias y acuciantes desde el punto de vista sanitario, tienen enormes consecuencias económicas que se vuelven dramáticas en el caso de los trabajadores autónomos. Precisamente, a quienes afecta más directamente las medidas del decreto de estado de alarma es a los pequeños negocios.

Estas medidas extremas tienen enormes consecuencias económicas que se vuelven dramáticas en el caso de los trabajadores autónomos

A los catering que han perdido contratos ante la cancelación de eventos y los cierres de los comedores de los colegios; a los restaurantes y bares que han echado la persiana; a las empresas de autobuses escolares que ya no hacen la ruta; a los pequeños alojamientos a los que se les anulado las reservas; a las agencias de viaje que han tenido que paralizar su actividad; a los profesionales a los que se les han cancelado las citas de sus clientes; a los comercios que no venden artículos de primera necesidad; a los proveedores de grandes empresas que han visto cómo se les congelaba sus pedidos; a los transportistas y 'furgoneteros' que no están haciendo portes y otros miles de negocios que están viendo asustados la posibilidad de tener que abandonar su actividad si la situación se alarga en el tiempo.

La prueba es que ATA ha tenido que reforzar su centralita porque son cientos los autónomos que nos llaman a diario al teléfono gratuito que hemos puesto a su disposición para resolver sus dudas.

A ATA le parece muy bien que el Gobierno se preocupe por las grandes y medianas empresas y por los asalariados de este país, son parte esencial del tejido productivo. Pero no ha escuchado aún el SOS que hemos enviado los autónomos que somos también, y diría que aún más, la columna vertebral de esta sociedad. No se ha ocupado de este colectivo de más de tres millones de negocios  que, como siempre, les toca la peor parte de todas las crisis porque tienen menos músculo para aguantar un parón económico.

Está muy bien que las empresas puedan realizar un ERTE para despedir temporalmente los trabajadores que no van a ser necesarios hasta que todo vuelva a la normalidad. Algunos autónomos con empleados podrán acogerse también a esta medida. Pero si estos asalariados van a gozar de su prestación por desempleo, no es lógico que los autónomos que se vean obligados a cerrar sus negocios porque no puedan aguantar estar sin ingresos durante semanas, porque están enfermos, porque tengan que cuidar a sus familiares o porque estén en cuarentena no puedan acceder de manera automática de su prestación por cese de actividad –por la que también han cotizado- pudiendo alegar fuerza mayor. Todos sabemos que esta prestación está mal regulada y al 60% de los autónomos se la deniegan.  No vaya a pasar ahora lo mismo.

No es lógico que los autónomos que se vean obligados a cerrar sus negocio no puedan acceder de manera automática de su prestación por cede de actividad

Y tampoco es lógico que si los autónomos, durante el tiempo en que superamos esta epidemia, no pueden ingresar porque tienen cerrados sus negocios o porque sus ventas han caído drásticamente, sigan pagando sus cuotas a la Seguridad Social. A ingresos cero, cotizaciones cero. Al menos, se les debería eximir dos meses del pago de sus cotizaciones.

Porque las medidas que ha implementado hasta ahora el Gobierno para paliar los efectos del coronavirus entre los autónomos son francamente escasas. El aplazamiento de deudas tributarias ya existía desde la pasada crisis y, aunque se ha mejorado, este no es el único problema que padecemos.

Hemos enviado una batería de medidas a la vicepresidenta económica del Gobierno, Nadia Calviño. Ha sido una decepción comprobar que en los últimos consejos de ministros se han ignorado. Sólo puedo confiar en que, el próximo martes, el Gobierno escuche la llamada de auxilio de los autónomos y nos haga caso. Sino, la recuperación económica, cuando pase la pandemia, será más lenta y nos habremos dejado por el camino a miles de autónomos, con sus familias, que son el núcleo de la sociedad y los verdaderos generadores de empleo. De esta crisis sanitaria vamos a salir, pero que no sea a costa de los autónomos.

*** Lorenzo Amor Acedo es presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos-ATA.