Durante los próximos meses, nos enfrentaremos a una caida sin precedentes del PIB de los países de la Unión Europea, y posiblemente a una crisis financiera de al menos la misma envergadura que la que sufrimos en 2008, si no se toman medidas adecuadas.

No es posible predecir la duración de la pandemia, y por ello tampoco es posible estimar cuál será la caída del PIB, que será tanto menor cuanto antes seamos capaces de combatir este virus.

Las estimaciones más optimistas pronostican una caída del PIB español de al menos 2 puntos para este año 2020, pero si esta crisis sanitaria se prolonga al verano y afecta a un sector tan estacional como el turismo, la recesión económica durará más de un año.

El shock pandémico está siendo más fuerte y duradero de lo inicialmente previsto y está teniendo graves consecuencias en muchas empresas. Si se quiere que el impacto sea el menor posible en la actividad económica y en el empleo, es fundamental la acción pública implementando planes de dinamización de la economía como los que vienen aprobando los distintos gobiernos a nivel global.

Para frenar los contagios se ha tenido que paralizar la economía real. Y mientras que la economía real esté parada, las empresas van a sufrir problemas de liquidez, ante su falta de ingresos y al mismo tiempo su obligación de realizar pagos a proveedores, alquileres, gastos generales, préstamos, nóminas de trabajadores…

La caída del PIB será tanto menor cuanto antes seamos capaces de combatir este virus

Este frenazo de la actividad económica será temporal y generalizado, y la acción pública debe ir encaminada a evitar que esos problemas temporales de liquidez de las empresas no deriven en quiebras empresariales; que pueden además acentuarse en un contexto de alta volatilidad de los mercados financieros.

En esto el papel de la banca es fundamental. Es un sector de interés general necesario para que la economía real funcione. Bienvenidas sean, por tanto, las líneas propias de crédito que muchos bancos están poniendo en marcha en favor de autónomos y pymes para que puedan hacer frente a sus tensiones de liquidez y no despidan a sus trabajadores.

En este sentido, resultan muy oportunas todas las medidas del Gobierno de España encaminadas a facilitar liquidez a las empresas y autónomos. Como el inicial Decreto-ley del pasado 12 de marzo que movilizó recursos por importe de más de 18.000 millones de euros, que incluían medidas de liquidez y reducción de costes de las empresas, especialmente pequeñas y medianas empresas y autónomos y en el sector turístico.

Pero sobre todo, el más reciente Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, que incorpora medidas que proporcionan liquidez y apoyo a las empresas, con una estimación de movilizar hasta 200.000 millones de euros (de los cuales 117.000 millones son públicos y 83.000 millones serán facilitados por las entidades financieras), para que puedan sostener la actividad económica ante las dificultades transitorias consecuencia de la situación generada por el COVID-19.

De estas ayudas, la más efectiva es sin duda la línea de avales por cuenta del Estado para empresas y autónomos de hasta 100.000 millones de euros, que cubre tanto la renovación de préstamos como la nueva financiación por entidades financieras, para atender sus necesidades de financiación derivadas de la gestión de facturas, necesidad de circulante u otras necesidades de liquidez, incluyendo las derivadas de vencimientos de obligaciones financieras o tributarias, para facilitar el mantenimiento del empleo y paliar los efectos económicos de COVID-19.

Los detalles de esta línea de avales se aprobarán en breve por el Gobierno, esperemos que las condiciones sean lo suficientemente atractivas para que esta medida sea un éxito de ejecución.

Esta línea de avales estatales se va a canalizar a través de las entidades financieras cuya función en esta crisis es clave. Son quienes conocen a su clientela y pueden instrumentalizar esos avales. De este modo, la banca cumplirá su función de proporcionar financiación para permitir que la economía real sufra las menores consecuencias posibles del frenazo temporal de oferta y demanda de la economía derivado de la actual pandemia. De hecho, está previsto que las entidades financieras lleguen a otorgar hasta 83.000 millones de euros en créditos a las empresas y autónomos que estén sufriendo las consecuencias del parón de su actividad por la crisis sanitaria.

Asimismo, la ampliación del límite de endeudamiento neto del Instituto de Crédito Oficial en 10.000 millones de euros, para aumentar los importes de las Líneas ICO de financiación a empresas y autónomos, va a facilitar liquidez adicional a las mismas. Y de nuevo, en la implementación de estas Líneas de ICO de financiación resulta fundamental la intermediación de las entidades financieras que actúan de agentes del ICO y tienen la estructura y capacidad necesarias para estudiar la solvencia de las empresas y conceder tales créditos.

La banca cumplirá su función de proporcionar financiación para permitir que la economía real sufra las menores consecuencias del frenazo 

Estas medidas van a suponer un mayor gasto público. Según algunas estimaciones hará que éste alcance el 106% del PIB español. La UE ya ha anunciado que va a dar una moratoria para cumplir la regla del déficit. Resulta fundamental, sin embargo, para que no se produzca una crisis de deuda y financiera, que el Banco Central Europeo facilite la liquidez necesaria para comprar la deuda pública que los Gobiernos de cada país tengan que emitir para financiar las medidas dirigidas a los sectores productivos más perjudicados por la crisis.

La intervención más reciente en el mercado de deuda del BCE con su reciente plan de emergencia de 750.000 millones contra el coronavirus, que se suma a los 120.000 millones movilizados hace una semana, garantiza la fluidez del mercado secundario y proporcionará la estabilización del mercado en el primario, por lo que la colocación de los excedentes a emitir no planteará problemas especiales.

Precisamente, a raíz de la aprobación de este plan por el Eurogrupo, las primas de riesgo de Italia y de España han empezado a reducirse. Y esta liquidez no sólo es para la adquisición de activos públicos sino también privados, y estará en vigor hasta finales de 2020. Así, los bancos podrán acudir también al BCE si tienen tensiones de liquidez, para poder financiar los créditos a empresas, pymes y autónomos.

Porque si falla el sistema financiero, que es un sector de interés general, tardaremos mucho en recuperarnos. Eso ya lo sufrimos en la recesión de 2008 y espero hayamos aprendido la lección.

Si falla el sistema financiero, que es de interés general, tardaremos mucho en recuperarnos. 

Sin embargo, esta actuación del BCE no es suficiente. España, Italia, e incluso algunos otros países europeos que de momento mantienen deudas públicas aceptables, pueden llegar a unas cifras de endeudamiento final que pongan en dificultades la financiación futura de tales países.

Por ello es muy necesario activar el mecanismo europeo de estabilidad (MEDE) y que ayude a financiar la emisión de eurobonos. Ello garantizaría la financiación de las medidas adoptadas por los Gobiernos, mutualizando, parcial y temporalmente, por ejemplo toda la deuda de los estados miembros del área euro que supere el 60% de su PIB, depositándola en un fondo que emitiese “euroletras” para poder refinanciarse. Con el respaldo y la diversificación de diecinueve estados miembros del área euro, competirían favorablemente con la Letras del Tesoro de EE.UU., logrando refinanciar dicho fondo a tipos muy bajos.

Para combatir las consecuencias económicas de esa crisis sanitaria es el momento de la banca. Los servicios bancarios son ahora, en mayor medida, un servicio público fundamental. Mantener sus oficinas abiertas y su servicio online a pleno rendimiento es clave para poner en marcha todas las medidas implementadas y paliar la crisis económica, reduciendo lo más posible las cifras de desempleo que desafortunadamente viviremos durante los próximos meses. Ahora le toca actuar a la banca.