Salir de esta situación pasa por escuchar en primer lugar a los epidemiólogos que nos están diciendo que esta crisis era predecible y, sobre todo, que es muy probable que se vuelva a repetir. Por tanto, a los dos paquetes de medidas que habitualmente se comentan para afrontar la crisis, amortiguación y recuperación de la demanda, hay que sumar otro más estructural, el de la prevención.

En esta primera fase de la crisis el Gobierno ha adoptado muchas medidas para la amortiguación. Un análisis más preciso se podrá hacer más adelante, provisionalmente se puede aventurar que las medidas van en la dirección correctas aunque el gasto movilizado va a estar por debajo de economías como Italia, Francia y Alemania. Esto es una mala noticia pues supondrá una mayor destrucción de empresas y empleo, y una recuperación menos vigorosa y más lenta.

La carga de las medidas de austeridad y la baja contribución fiscal han impedido que podamos afrontar esta crisis con capacidades equivalentes a las de países europeos que no han sufrido la austeridad y que tienen una mayor suficiencia fiscal.

La carga de las medidas de austeridad y la baja contribución fiscal han impedido que podamos afrontar esta crisis con capacidades equivalentes a otros países

El Gobierno, junto con los agentes sociales, puede apuntarse en el haber el importante acierto de haber gestionado una parte importante de la crisis a través de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE). Una manera muy diferente y exitosa de enfrentarla en comparación con crisis anteriores.

Los ERTE han conseguido que la cifra de destrucción de empleo registrada durante la segunda mitad de marzo, en torno a 900.000 empleos, no se multiplicara por tres y habría quedado incluso por debajo si la limitación de despedir hubiera llegado antes.

Un análisis posterior permitirá evaluar si el apoyo suministrado por los ERTE ha estado bien administrado. No hay que olvidar que estos son una socialización de pérdidas empresariales que pagan contribuyentes y trabajadores. No se entendería que empresas con grandes beneficios e importantes reservas acumuladas hubieran compensado el impacto de un mal trimestre en su cuenta de resultados gracias a los ERTE.

Los ERTE son una socialización de pérdidas empresariales que pagan contribuyentes y trabajadores

No tenemos aún información sobre la eficacia de las medidas de liquidez. De los 100.000 millones avalados por el Estado se han puesto de momento a disposición 20.000 millones.

Hay un dato preocupante: la desaparición de 86.000 empresas en marzo, sin que se sepa si han desparecido por falta del solvencia o por dificultades para acceder al crédito. Preocupa cómo pueda estar la banca gestionando estas líneas de liquidez propias y del ICO, dados sus malos antecedentes reputacionales.

Que algunas entidades se estén deshaciendo en gestos no tranquiliza y, por el contrario, alimenta la sospechas de que la banca está haciendo su pequeño agosto con la crisis sanitaria gracias al aumento de la deuda pública que revende más cara al BCE, disparando al 15% los créditos personales para financiar el retraso de la prestaciones públicas o su inexistencia, o aprovechando los avales públicos para colocar de rondón otros productos financieros, cuestión que está siendo investigada por la CNMC y el Banco de España.

En el debe de las medidas del Gobierno está que la carga del endeudamiento se haya puesto sobre los hombros de los hogares vulnerables que viven de alquiler, cuando su arrendador tenga menos de 10 pisos, lo cual es desequilibrado.

Felizmente en mayo se aprobará una prestación de ingresos mínimos (PIM) que completará el escudo social de protección a las personas y se sumará a la ampliación de prestaciones para autónomos y asalariados sin suficientes cotizaciones, así como a la extensión de la prestaciones que iban a agotarse.

La patronal anda muy preocupada por si su diseño termina con gran parte de la precariedad laboral sin cambiar una coma de la regulación, pues con ella las personas no tendrían que elegir entre pasar hambre o aceptar un mal empleo. Por el contrario, si la PIM se hace compatible de manera permanente con el empleo y se configura como un "complemento salarial naranja" (que ya intentó Ciudadanos con los jóvenes) se convertiría en otro factor institucional más de fomento de la precariedad.

Si la prestación de ingresos mínimos se hace compatible con el empleo se convertiría en otro factor más de fomento de la precariedad

El segundo paquete de medidas para la reconstrucción posiblemente se configure en torno a un pacto de Estado que, desde mi punto de vista, debe orientarse no solo a recuperar la demanda sino también a la prevención, como nos advierten los epidemiólogos.

De manera telegráfica por cuestiones de espacio, la primera medida del pacto debería ser la construcción de un complejo industrial sanitario y de atención a las personas dependientes en residencias, que evite en el futuro lo que nos ha pasado.

Para ello hay que crear una industria propia sin dependencias exteriores, estabilizar la mano de obra y elevar su remuneración y condiciones de empleo en las actividades esenciales, y ampliar el ámbito de actuación de la iniciativa pública en ellas.

El pacto de Estado debe orientarse no solo a recuperar la demanda sino también a la prevención, como nos advierten los epidemiólogos

Asimismo debería formar parte del pacto un plan de choque para el sector turístico, generar un gran parque de viviendas públicas en alquiler no descalificables, acelerar la transición hacia una economía verde, impulsar la creación y comercialización digital, reindustrializar el país, elevar el gasto en I+D, rebajar el riesgo bancario sistémico y disminuir su concentración.

También es preciso homologar nuestra contribución fiscal con Europa y contar con un sistema tributario más progresivo, mejorar la gestión del gasto público y acordar una estrategia común por los signatarios del pacto para avanzar hacia la Unión Fiscal en Europa.

*** Carlos Martín Urriza es doctor en Economía y director del Gabinete Económico de CCOO.