Los 11.000 millones del impuesto a los 'ricos'

En una situación complicada, e incluso crítica, para la Hacienda Pública crecen los partidarios de que los "ricos" paguen más impuestos. Los problemas vienen cuando se define el concepto de "ricos". Si consideramos que es "rico" el que gana o tiene mucho más dinero que uno, entonces el número de partidarios de establecer un impuesto al patrimonio crece exponencialmente.

Sin embargo, obtener una cuantía significativa de este tipo de impuestos no es sencillo. Curiosamente, es ésta la primera propuesta fiscal que un partido, en este caso Unidas Podemos, aporta la Comisión de Reconstrucción del Congreso de los Diputados.

Según Unidas Podemos se pueden obtener 11.000 millones de recaudación con este nuevo impuesto. Esta cuantía es exactamente la misma, 11.097 millones de euros, que la de la subida de impuestos estatales realizada en 2012 según datos de la Agencia Tributaria.

En 2017, las comunidades autónomas recaudaron unos 1.100 millones de euros a través del impuesto de patrimonio. ¿Se puede recaudar más dinero? ¿Incluso teniendo en cuenta que ha disminuido la riqueza tras la epidemia del Covid-19? La respuesta es: seguramente sí. ¿Se puede multiplicar por diez la recaudación? La respuesta es que nadie lo ha conseguido nunca.

El ejemplo paradigmático es el caso francés. Francia tuvo en vigor un "impuesto de solidaridad a las grandes fortunas" hasta 2017. En un país con una Administración Tributaria mucho más grande que España, con una economía, PIB, superior en un 80%, más renta per cápita y que consigue recaudar muchos más  que España en todos los impuestos, nunca llegó a recaudar la mitad de esos 11.000 millones en su años de mayor recaudación. No conozco ningún caso de un país avanzado que logre recaudar el 1% del PIB en un impuesto de este tipo.

¿Se puede multiplicar por diez la recaudación? La respuesta es que nadie lo ha conseguido nunca

La primera lección, en cualquier caso, es que no deberíamos contar con una recaudación sumamente incierta en una situación como ésta. Hay una segunda cuestión y es la distribución de competencias. En principio, y con la legislación vigente a día de hoy, son las CCAA las que toman las decisiones normativas fundamentales sobre este impuesto cuya recaudación está cedida al 100%.

Esto se puede cambiar modificando la ley que regula los tributos cedidos en el sistema de financiación. Esto no se puede realizar por Decreto-Ley pero basta una ley ordinaria. Ahora bien, este sistema no vale ni para el País Vasco y Navarra. Y esto ya puede generar un problema de proporciones considerables si Navarra y las tres diputaciones forales vascas no establecen un impuesto parecido.

Ahora mismo en la UE no hay ningún país que tenga establecido un impuesto al patrimonio como tal. Y estamos hablando de un factor como es el capital con una gran movilidad. Por ser más preciso, el capital mobiliario, como títulos de deuda, acciones… tiene una enorme movilidad, y eso hace mucho más complicado someterlo a imposición, por razones obvias.

Es cierto que la propiedad inmobiliaria no se puede mover, y ahí es más fácil cobrar impuestos. De hecho, el impuesto de bienes inmuebles, el IBI, no deja de ser un impuesto a la riqueza inmobiliaria. Y sí, a lo largo de la anterior crisis, el único impuesto cuya recaudación se incrementó fue precisamente el IBI, responsable fundamental de que las Haciendas de los ayuntamiento estén saneadas.

En la UE no hay ningún país que tenga establecido un impuesto al patrimonio como tal. Y estamos hablando de un factor como es el capital con una gran movilidad

Un inciso, este año 2020 tanto el Estado como las CCAA y la Seguridad Social van a incrementar su déficit público, y van a quedar muchas situaciones sociales y productivas sin atender. En estas condiciones, que los ayuntamientos vayan a terminar el año con superávit, amortizando deuda pública, no tiene mucho sentido.

En el caso de los ayuntamientos que ya no tienen deuda o no la pueden amortizar anticipadamente, y depositan el dinero en el banco, esta situación es simplemente surrealista. Urge una reforma de la regla de gasto, que ya se flexibilizó en los últimos años, pero que no se adapta a una situación fiscal de emergencia, para que los ayuntamientos puedan rebajar temporalmente impuestos o gastar más para facilitar el regreso a la actividad económica y aliviar situaciones sociales insostenibles.

Francia eliminó su impuesto a las grandes fortunas y lo sustituyó en 2018 por un impuesto a la gran fortuna inmobiliaria: el resultado es que su recaudación se redujo en 3.000 millones de euros, recaudando una cuantía similar al impuesto de patrimonio en España. Esto nos da una idea de dónde está materializada la gran riqueza en un estado moderno. 

Ahora en España hay que tener en cuenta que la riqueza materializada en acciones y empresas vale menos. Aun así, es una opción política legítima el querer insistir en incrementar la fiscalidad a la riqueza en España. Por supuesto, por popular que pueda ser la idea, cualquier subida de impuestos puede dar recaudación pero suele generar ineficiencias y problemas con los incentivos económicos. Pero, por encima de todo, resulta fundamental hacer unas cuentas realistas y tener en cuenta que, todos, incluyendo "los ricos", somos más pobres.

*** Francisco de la Torre Díaz es economista e inspector de Hacienda.