El Gobierno aprobó a finales de junio la normativa por la que se aprueban medidas en materia de energía y en otros ámbitos para la reactivación económica. Una medida por fuerza transitoria, pero que anticipa el esperado Real Decreto de Derecho de Acceso y Conexión que ya está en fase de información pública y tendrá mayor alcance. Su aprobación nos dará las reglas definitivas y completas que el sector espera desde hace meses, pendiente también de una nueva circular de la CNMC.

De momento contamos con una norma transitoria, y en un primer análisis del texto, sí creemos que contribuye a profesionalizar el sector y beneficia a los proyectos mejor planteados, más maduros, y a las compañías más serias.

Al imponer unos hitos técnicamente complejos, deja fuera de la gestión a los advenedizos que tanto daño han hecho a un sector necesario y de gran proyección. Y convierte los informes ambientales en pieza clave de toda la tramitación, lo cual en sí tampoco es malo y contribuirá a crear empleo de calidad y alta cualificación en zonas que hoy son la llamada “España vacía”.

Deja fuera de la gestión a los advenedizos que tanto daño han hecho a un sector necesario

Si bien es una medida que soluciona el 80% de los problemas que teníamos en el desarrollo de proyectos renovables, sí creemos que hay puntos de mejora.

En mi opinión, funcionará como medida antiespeculativa contra quienes han acaparado permisos, pero desplazará esa presión hacia la especulación del suelo, lo que, como sabemos, suele tener consecuencias muy negativas. Si esto no se ataja en una regulación posterior, vamos a ver cómo se agrava una situación en que ya se están pidiendo barbaridades por los terrenos.

La moratoria va a afectar también a proyectos reales y sólidos, no especulativos, como efecto colateral. Pagarán justos por pecadores como consecuencia de alguna regla nueva que obliga, por ejemplo, a empezar la tramitación desde cero cuando se decide desplazar ligeramente un proyecto.

Aunque todas las medidas recogidas en este texto persiguen y creemos que lograrán en cierta medida dar seguridad jurídica a los inversores, creemos que podría definir de forma más precisa algunos trámites, como el primer hito obligado para obtener permisos: la admisión a trámite del expediente administrativo.

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Este trámite no se define bien, no está aterrizado en lo concreto, y es algo que en cada caso puede volverse discrecional. Entonces volveríamos a tener problemas para pinchar la burbuja especulativa y podrían producirse desigualdades.

A todo esto, la moratoria afecta a la presentación de solicitudes de acceso, pero no prohíbe la presentación de avales, que se siguen poniendo en las cajas de depósito. Dado que hay empresas que siguen poniendo avales en depósito con la esperanza de así garantizarse un derecho de conexión y sortear la moratoria antiespeculativa, quizá habría que arbitrar un mecanismo que permitiera a las cajas negarse a admitir esos avales.

Por otra parte, y dado que no se ha cambiado el límite de 50MW que marca la actual legislación para determinar si un proyecto se tramita en la comunidad autónoma o en la subdelegación del gobierno correspondiente es positiva la prohibición de dividir proyectos grandes en otros más pequeños.

El problema de esto es que cada vez hay proyectos de mayor potencia y, por tanto, mayor volumen de proyectos gestionados a través de la Administración General del Estado, que no cuenta con efectivos suficientes para llevar a cabo un volumen cada vez más elevado de trámites.

En resumen, es un primer paso en la buena dirección, a la espera de la regulación de los derechos de acceso y conexión, y a pesar de que es un texto complejísimo, que toca tres o cuatro leyes anteriores y algún real decreto anterior, no simplifica ni digitaliza la tramitación, y deja sin resolver aspectos que esperamos se solucionen más adelante, como la aglutinación de proyectos y su impacto en la ordenación del territorio.

*** Yann Dumont es CEO de la consultora de renovables Reolum